Terror en Guanajuato, por Azul Etcheverry Aranda
- La Noticia al Punto

- 3 oct 2021
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El pasado 19 de septiembre se registró un atentado en un establecimiento de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, cuando dos personas entregaron un paquete, que al ser abierto por empleados del lugar, detonó una carga explosiva dejando dos personas sin vida y otras tantas heridas. Desafortunadamente, el incremento en el uso de explosivos, así como los mecanismos utilizados corresponderían a los de un acto terrorista con el que grupos criminales en la región buscan atemorizar a quienes pretendan interferir en su círculo de influencia.
Desde hace varios años Guanajuato se encuentra asediado por la disputa entre grupos relacionados al narcotráfico, quienes pelean los lucrativos negocios del robo de combustibles, derecho de tránsito de droga y extorsión a comerciantes. Lo anterior ha convertido a la entidad en una con los índices delictivos y de violencia más elevados a nivel nacional.
No obstante, el atentado ocurrido esta semana desata preocupaciones mayores entorno a la estrategia de seguridad y procuración de justicia a nivel local y federal. Incluso, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha caracterizado por minimizar el impacto del crimen organizado en el país, condenó el ataque catalogando el uso de explosivos como una práctica utilizada como un método para infligir terror en todos los sectores de la población.
De igual forma, se sigue cuestionando la labor de las autoridades locales, municipales y estatales, en particular las de procuración de justicia, las cuales no han encontrado la fórmula para frenar el avance las operaciones delictivas. En particular, la de la Fiscalía de Justicia del estado, haciendo que desde 2009 las tazas de homicidio se incrementaran de 4.2 homicidios por cada cien mil habitantes a 55.9 al día de hoy. Esto se traduce en alrededor de siente a nueve homicidios diarios.
En el caso particular del estado de Guanajuato, bastión panista a nivel federal, ha servido al presidente para responsabilizar a los gobiernos estatales respecto a su responsabilidad por la desatención de la violencia, en particular los homicidios y los pocos avances que se han obtenido en la materia. Por ello, es que indicó que es probable que se atraiga a nivel federal la investigación de este caso en particular por las agravantes que conllevan.
La situación de seguridad del estado es crítica, no sólo por la inoperancia de las autoridades bajo las cuales se desarrolló un nuevo cartel del narcotráfico sino que se estancaron las instituciones relacionadas a la atención y seguimiento de las víctimas como la Procuraduría de los Derechos Humanos, la cual virtualmente quedó relegada a una función anecdótica.
Por otra parte, me parece un acierto que en este caso en específico haya un consenso en todos los niveles de gobierno respecto a la definición de “terrorismo” y todas las implicaciones que eso conlleva, así como la voluntad por atender conjuntamente las aristas que esto representa. Con ello en mente, tendrían que involucrarse también órganos del Estado como la UIF para dar seguimiento a las rutas de los recursos que operan de manera local generados por el crimen organizado.
Las estrategias de seguridad no sólo deben centrarse en la lucha frontal en contra de estos grupos delictivos, sino que se que deben comprender forzosamente investigaciones de colusión de funcionarios públicos en todos los niveles más allá de la incompetencia demostrada que se traduce en que Guanajuato tiene 4 de los 10 municipios más violentos del país. Sin duda es un tema que indigna y duele a las familias de quienes amamos nuestro estado, hoy secuestrado por la corrupción, el desdén y la inoperancia.







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