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Sheinbaum niega congelamiento de cuentas a diputada Hilda Brown tras sanción de EU por vínculos con ‘Los Mayos’

  • Foto del escritor: La Noticia al Punto
    La Noticia al Punto
  • 19 sept
  • 2 Min. de lectura

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este viernes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) haya congelado las cuentas de la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la sancionara por presuntos nexos con líderes del Cártel de Sinaloa en Baja California.

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Un día antes, la UIF informó que aplicó un “bloqueo administrativo” a las cuentas de siete personas y 15 empresas señaladas por las autoridades estadounidenses para investigar posibles operaciones ilícitas. Sin embargo, Sheinbaum aclaró que ese procedimiento no incluyó a Brown.


“De nuestro lado, no hay pruebas suficientes para establecer el lavado de dinero que ellos plantean. Tendrían que presentar (Estados Unidos) todas las pruebas. Aquí, en todo caso, se abre una investigación en la Fiscalía, pero no presentaron las pruebas suficientes para que la UIF pudiera congelar las cuentas”, aseguró la mandataria en su conferencia de prensa matutina del 19 de septiembre.


¿Qué es un bloqueo administrativo de la UIF?

De acuerdo con el Colegio de Contadores Públicos de México, el bloqueo administrativo de cuentas es una medida de la UIF que impide a los titulares disponer de su dinero o utilizar servicios bancarios relacionados.


Aunque no constituye una acción directa de prevención del lavado de dinero, se aplica cuando existen indicios de que los recursos podrían estar vinculados con la delincuencia organizada. Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), conforme al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, enfrentan un proceso complejo para ser removidas de ella.


Los señalamientos contra Hilda Brown

La OFAC acusó a Brown Figueredo de haber facilitado, durante su gestión como alcaldesa de Playas de Rosarito (2021-2024), el fortalecimiento del poder de los hermanos Alfonso y René Arzate García, jefes de plaza de ‘Los Mayos’.

Según la dependencia estadounidense, estos líderes criminales usaron a Jesús González Lomelí, empresario local, y a su operador político, Candelario Arcega Aguirre, para infiltrarse en el gobierno municipal.


El comunicado detalla que los operadores del cártel habrían colocado a aliados en puestos estratégicos de la administración de Brown, con el objetivo de garantizar protección y facilitar operaciones ilícitas. Además, la exalcaldesa, junto con González y Arcega, habría participado en la recaudación de pagos de extorsión para los Arzate y en la protección de sus actividades por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito.

Por Diana Ochoa


 
 
 

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