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SCJN redefine discapacidad en Guerrero

  • Foto del escritor: La Noticia al Punto
    La Noticia al Punto
  • 22 sept
  • 2 Min. de lectura

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en la Acción de Inconstitucionalidad 147/2024 contra un fragmento de la Ley para las Personas con Discapacidad de Guerrero. Bajo la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, los ministros invalidaron la definición de “persona con discapacidad” presente en el artículo 3, párrafo primero de la norma estatal.


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Justificaron la sentencia al considerar que esa definición contradice el modelo social de la discapacidad que contempla la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.


Esquivel explicó que la discapacidad no se debe entender solo como una limitación individual, sino como el producto de la relación entre una persona con ciertas deficiencias y las barreras sociales que le impiden participar de forma plena y igualitaria. Según la ministra, el enfoque vigente invisibilizaba la responsabilidad colectiva y las adaptaciones necesarias del entorno.


¿Qué efectos genera esta resolución?

Como medida interina, la Corte ordenó que aplicar temporalmente la definición establecida en el artículo 2, fracción XXVII, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la normativa federal, hasta que el congreso local reforme su ley estatal. De esta forma se busca evitar lagunas legales y garantizar que las personas con discapacidad cuenten con protección conforme al modelo adoptado internacionalmente.


Este fallo obliga al estado de Guerrero a revisar sus políticas públicas, regulaciones y prácticas institucionales para ajustarlas a un enfoque basado en derechos humanos. También sienta precedente para que otras entidades federativas revisen sus propias leyes en busca de coherencia con la convención internacional ratificada por México.


¿Qué sigue para la inclusión en Guerrero?

El Congreso estatal debe ahora reformar su legislación local para reemplazar la definición impugnada. Mientras tanto, autoridades deben alinearse con la definición federal para asegurar que ninguna persona con discapacidad quede excluida de los derechos que ampara la norma nacional.


Organizaciones sociales y especialistas en derechos humanos acogieron favorablemente el fallo. Señalan que éste representa una oportunidad para fortalecer la inclusión, exigir servicios accesibles y construir entornos que permitan la participación igualitaria.

Este caso reafirma que la discapacidad no corresponde únicamente al individuo, sino que involucra al entorno social. Guerrero tiene ahora la responsabilidad de adaptar su marco legal para reflejar este principio, y con ello, acercarse a un modelo más justo, respetuoso y en sintonía con las obligaciones internacionales de México.

Por Caden Política


 
 
 

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