Aparición tardía del Congreso Local de mayoría panista en la Universidad de Guanajuato
Los diputados del Congreso Local de Guanajuato, aunque tímidamente y un poco tardío, tratarán de llamar la atención de las autoridades de la Universidad de Guanajuato, con un “exhorto” aprobado en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, para requerir al Consejo General Universitario de la UG como a la Junta Directiva (gran elector), información respecto del proceso de elección del nuevo Rector General y forma en que se cumplirán los principios de oportunidad y transparencia.
La Comisión, presidida por María de la Luz Hernández Martínez, de la bancada del PAN, mayoría, en un Congreso Local que está “ensayando” cómo hacer sentir su presencia en el organismo autónomo, máxima casa de estudios, también requirió a las instancias de gobierno universitario se le entere sobre la forma que evaluarán los perfiles y, si se cumplirá con el enfoque de perspectiva de género (la alternancia exigida constitucionalmente, pero no reglamentada) y si se escuchará a la Comunidad Estudiantil durante la renovación del Rector General.
Si se admite, es la primera ocasión en que la agenda del Congreso del Estado incluye el tema Universidad de Guanajuato, sin buscarle más, producto de la presión ejercida por parte de la comunidad universitaria que exige participar en un proceso de renovación “reservado” sólo a las autoridades por medio de una Comisión Especial y una Junta Directiva de notables bautizada en Gran Elector. Los estudiantes básicamente se manifestaron por proceso democrático, transparente con máxima publicitación, como lo mandata la Ley Orgánica de la UG.
Y tiene sentido el interés de la comunidad universitaria de La Colmena pues el Rector General en turno, Luis Felipe Guerrero Agripino, durante sus ocho años en la administración logró con su grupo posicionarse a fin de controlar el proceso de renovación 2023 e imponer a su sucesora, que, se reveló, resultaría ser Claudia Susana Gómez López, directora de la División de Ciencias Económicas Administrativas en el Campus Guanajuato, quien se espera que solicite su registro de participación como candidata a la Rectoría General, entre los días 13 y 14 de junio. Secreto a voces.
Pero tampoco se debe soslayar que la mayoría del grupo albiazul está ingresando al enjambre de conflictos, La Colmena legendaria, porque la bancada de Morena, primera minoría en el Congreso de Guanajuato, se había interesado en la cuestión universitaria, exigiendo desde tribuna la democratización del proceso de renovación de Rectoría General en la Universidad de Guanajuato, incluso con su intento de reformar la Ley Orgánica de la Casa de Estudios. El PAN responde con el exhorto a las autoridades porque la comunidad universitaria está exigiendo participar.
Luis Felipe Guerrero, quien será relevado del cargo en septiembre, es presidente del Consejo General Universitario; también presidente de la Comisión Especial, encargada del proceso de renovación del rector general; además controla a los integrantes de la Junta Directiva que mantuvo en sus posiciones. Los conocedores de este asunto sostienen, diputados, que el proceso podría tener vicio de origen.
Y es que Claudia Susana Gómez de la DCEA, quien, de acuerdo con la última sesión del Consejo General Universitario, se presentaría para la búsqueda de rectoría para sustituir a su amigo Guerrero Agripino, teniendo injerencia sobre dos de los integrantes de la Junta Directiva, pues como directora de esa unidad tiene la capacidad de influencia sobre ellos de manera directa a través de los órganos colegiados de la División. Por cierto, hay otras linduras que deben airearse para poder oxigenar el proceso.
Al calce. Durante los últimos tres meses, en la UG ha venido emergiendo una serie de asuntos que están afectando la vida universitaria, desde lo relacionado con lo académico y las percepciones salariales del primer círculo que está rodeando al Rector General, Guerrero Agripino; amén de los dos sindicatos de trabajadores, académicos y administrativos de la UG, la clave en la relación de la casa de estudios con el Gobierno del Estado, pues tienen bancas en el Consejo del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), donde sirven a la autoridad y no a sus representados. Existen las pruebas contundentes del asunto.
Topografía.
Altimetría. Sobre la presa
La diputada morenista, Hades Berenice Aguilar Castillo, ha encontrado una veta más para lastimar al panismo gobernante en Guanajuato. En mayo pasado, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ello, en aras de establecer control del Congreso del Estado a los fideicomisos estatales y desaparecer varios de ellos para pasar los recursos a políticas de desarrollo social, similar a lo hecho por el gobierno de la Cuarta Transformación cuando eliminó muchos fideicomisos señalando prácticas de corrupción en su manejo.
Sólo que cuando presentó su iniciativa, Hades Berenice Aguilar Castillo, hábilmente, tras un acucioso estudio de los informes de la Secretaría de Finanzas estatal, a cargo de Héctor Salgado Banda, y de las revisiones a la cuenta pública estatal, a cargo de Javier Pérez Salazar, entregó dentro del cuerpo de la exposición de motivos de su iniciativa la evidencia del uso de recursos públicos, por medio de fideicomisos, para favorecer proyectos con etiqueta de la sociedad civil, pero en realidad ejecutados por prominentes panistas y sus familiares.
Entre los mencionados en la iniciativa como parte de los beneficiarios de organizaciones apoyadas con millones de pesos del erario estatal vía fideicomisos, como el de FIDISSEG sin tener transparencia en su uso, están: el expresidente Vicente Fox y Marta Sahagún, su esposa; Enrique Oviedo Herrera, hermano del secretario de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera; José Antonio Morfín Villalpando, presidente de SAPAL; Carmen López Santillana, hermana del exgobernador y exalcalde de León, Héctor López Santillana; Alejandro Arena Barroso; Dulce María Gallego Hinojosa, prima del expresidente Felipe Calderón, familiares de Vicente Fox; y otras personas.
Ahora, ha dado un segundo paso al lado de su bancada, pues, con base en los datos descubiertos sobre las asignaciones y una fiscalización sobre el uso de los recursos, han encontrado que no hay evidencia firme de que más de 160 millones de pesos se hayan aplicado cabalmente en lo que las “organizaciones civiles” adujeron, ni que el Gobierno del Estado haya fiscalizado eso y solicitado el reintegro del dinero ante la no aplicación del recurso para lo que se etiquetó.
Ayer, Hades Aguilar, acompañada por David Martínez Mendizábal, su coordinador parlamentario, acudió ante el Ministerio Público a presentar una denuncia por peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades contra autoridades estatales y contra quien resulte responsable, por presunto desfalco de 164.9 millones de pesos.
En la denuncia, se precisa el caso de la organización Vamos México, a cargo de Marta Sahagún y Vicente Fox, que recibieron recursos para un proyecto sin que presuntamente fuera ese el propósito real y único de los recursos asignados por el gobierno estatal a través del FIDISSEG. Relatan los morenistas que el uso del dinero sería para ampliar instalaciones de la asociación, pero el recurso se ejerció y la obra no se ejecutó en su totalidad.
Antes, la diputada Alma Alcaraz, puso luz sobre el préstamo al vapor entregado por la misma Secretaría de Finanzas a una empresa del Grupo Pachuca para la compra del estadio León, en una operación que burló los mecanismos “normales” para financiamiento de proyectos privados.
Ambos temas, ofrecen una perspectiva no sólo de prácticas irregulares a la hora de asignación de recursos públicos a personajes del sector privado o ligados al partido conservador, sino fallos claros en el sistema de fiscalización del Congreso del Estado. Morena sacará raja de esto y ha entendido que lo hará haciendo el uso de la política como espectáculo desde tres pistas: la política, la mediática y ahora la legal.
Y tal como hicieron en el Estado de México, comenzará el jaqueo desde la presunción de la corrupción, con el apoyo de la 4T desde Palacio Nacional, como advierten los morenistas, aprovechando estas fisuras en la gestión del Gobierno del Estado de Guanajuato.