José Antonio Yépez “El Marro” sentenciado, pendiente de procesos de orden federal. Gobierno de Guanajuato “adelantó una mano”
Gracias a un operativo vinculado entre la Federación y el Gobierno del Estado de Guanajuato, se logró, durante la madrugada del 2 de agosto del 2020, la captura de José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, cabecilla del Cártel Santa Rosa de Lima, el cual durante el fin de semana pasado -se comunicó- fue sentenciado a 60 años prisión; pena máxima, por el delito de secuestro agravado, condena interpuesta por un tribunal de enjuiciamiento con ubicación en el municipio de Valle de Santiago, Gto.
Con ese éxito -su aprehensión- conseguido en un operativo contra el crimen organizado, que encabezara el Ejército Mexicano, las autoridades consideraron que se terminaría con el grupo criminal identificado con una comunidad del estado de la cual tomó el nombre, y que además vendría el principio del fin de los homicidios dolosos en territorio guanajuatense, una idea, engendrada y difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de entonces, Alfonso Durazo Montaño, reproducida luego por gobierno local de Guanajuato; además se comentó de que había caído el “rey del huachicol”.
Con base a la serie de información desvelada por los gobiernos, federal de Andrés Manuel López y estatal de Diego Sinhue Rodríguez, la acción se presentó como un triunfo del Estado sobre la criminalidad, donde se consideró relevante la participación de las policías municipales, hasta se conceptuó fijamente que en los gobernantes emanados de partidos opositores seguirían trabajando de esa manera para consolidar "la paz social del país, tema que constituía y constituye un gran objetivo político. A la distancia la captura del líder del Cártel SRL, resultó un acto aislado.
La pregunta que permiten todos los referentes del 2 de agosto 2020 al 29 de octubre de 2022, con similar estado inseguridad en Guanajuato ¿Quién ordenó detener las actividades sin consolidar ni desmantelar en realidad el CSRL? o ¿Quiénes son los responsables de que no se llevaran a cabo más operativos conjuntos de esa naturaleza y magnitud contra los cárteles en el territorio estatal? La prédica de ocasión valida: “Una golondrina no hace verano”
De hecho ha dejado muchas dudas respecto la falta de continuidad y de integración de Fuerzas Militares del General, Luis Cresencio Sandoval, titular de la SEDENA; la Guardia Nacional que todavía dirige, Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana con las Fuerza de Seguridad de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPEG), cuyo titular es Alvar Cabeza de Vaca y las Corporaciones Policiacas Municipales y Fuerza Policial de la Fiscalía estatal de Carlos Zamarripa, para enfrentar de manera permanente al crimen organizado con trabajo de inteligencia como se insistió realizaron contra “El Marro”.
Después de 2 años el escenario de inseguridad no ha variado debido a los altos niveles de violencia y de impunidad existentes. Posiblemente los tres órdenes del Estado Mexicano: federal, estatal y municipal no alcanzaron a consolidar sus actividades, después del "primer golpe" -actuación exitosa de las fuerzas conjuntas- seguir con la desactivación del grupo de “EL Marro” como de los grupos criminales que estaban actuando en Guanajuato y se viene informando que están repartiéndose el territorio local día a día, incluso, concurren cárteles que lo presumen.
Se puede exteriorizar que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el “controvertido” fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, alcanzaron un gran resultado en esta causa que quedó avalado por el Poder Judicial del Estado puesto que el detenido ya fue sentenciado junto con las personas que participaron en ese secuestro; las sanciones: pena privativa de libertad de 60 años y multa de 347 mil 520 pesos. En la sentencia emitida se niegan beneficios de la condena condicional; conmutación de la pena privativa de libertad, los sustitutos del trabajo a favor de la comunidad y la semilibertad condicionada, amén de que les suspenden el “ejercicio de sus derechos político-electorales”.
Cabe mencionar que en el Caso José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, quien se encuentra recluido en el Cefereso número 1 del Altiplano, Estado de México, desde el día de su captura todavía se le siguen varios procesos de “competencia federal”. En ese sentido será la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación, los que deberán informar de la sentencia que sobrevenga de los procesos que se siguen a las partes del CSRL, localizados y detenidos en el municipio de Juventino Rosas.
Al calce. Se espera que los operativos vinculados se lleven a cabo en el próximo año cuando los recursos, federales y estatales, fluyan en los municipios para la profesionalización de sus elementos policiacos como quedará en la reforma constitucional que mandata a soldados y marinos permanecer realizando actividades de orden policial hasta el año 2028.
Topografía.
Agrimensura. El dolor de muelas
La orden del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a su secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, es la de presionar cada votación de los 15 Congresos Locales restantes para definir si apoyan o no la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, a pesar de que ya cuenta con la aprobación de 17 órganos legislativos estatales y con ello la mayoría necesaria para que el Diario Oficial de la Federación declare vigente esta reforma de orden constitucional.
Quiere el mandatario estatal conocer, de primera mano, qué cuerpos legislativos y por ende, gobernadores, son los que pujan en sentido contrario, pues, así lo ha dicho, quiere exhibirlos, haciendo ver que mientras por un lado pregonan antimilitarismo, por el otro, por debajo del agua, reconocen sus incapacidades para cubrir las tareas de vigilancia y recurren, usualmente, a pedirle al Ejecutivo federal el envío de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. “Hipócritas”, les ha llamado ya, a quienes incurren en esta praxis.
Y como uno de los artículos transitorios de esta nueva reforma constitucional, la prolongación de la estadía de las fuerzas armadas en la calle hasta 2028, precisa que como condicional adicional a esta determinación se establecerá un fondo federal de apoyo al fortalecimiento de las policías estatales y municipales, asignado de forma proporcional a las entidades federativas de acuerdo a su población, también se espera que haya la suerte de revancha, de alguna forma, a quienes ahora nieguen el apoyo, en la Cámara de Diputados, ahora que andan confeccionando el presupuesto de egresos para 2023.
Por esta razón, cobra vigencia el “tacto de elefante” con el que la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Susana Bermúdez, presidenta de la Comisión de Gobernación, tras radicar la minuta de reforma constitucional ordenó de inmediato el dictamen en sentido negativo, a pesar de que ni siquiera el tema ha sido discutido por los legisladores, para que esta semana sea votado y enviado al Pleno. Con un reduccionismo absoluto, la diputada del PAN, aseguró a sus compañeros que no hay necesidad de discutir nada, pues sólo deben votar sí o no, olvidando que precisamente uno de los aspectos fundamentales del Poder Legislativo, por su integración y función, es la de parlamento.
La que se consideró valentonada, fue ejecutada un día antes de la postura del Presidente de la República, que quiere hacer pagar lo que considera “hipocresía”. Será un dolor de muelas a quienes voten en contra.
Es indudable que en estos menesteres Susana Bermúdez actuó por mandato. El tema es algo que no pasa desapercibido en Paseo de la Presa y se deja al libre albeldrío de sus legisladores así como así. Algo hizo que la postura de duda en el gobierno estatal, hasta el jueves, pasara a beligerante, tal vez pensando que el voto 17 ya les liberaba de compromisos con la Federación. Sin embargo, las formas de la diputada Bermúdez no fueron las mejores, no fue tersa en su menosprecio a la minuta. Cabe preguntarse si Luis Ernesto Ayala se equivocó en dejar que la legisladora atendiera el tema sin apoyo de la Comisión de Seguridad.
La presión de Gobernación, que se avecina, más la del Presidente, ponen ahora el tema y al estado en el centro de su observación política. Tal vez la postura de alguien más enterado en la problemática que la presidenta de la Comisión de Gobernación, el diputado Martín López Camacho, presidente de la Comisión de Seguridad, desdeñada el jueves, pudiera retomarse para una decisión más “civilizada”. Aseguró que “cuando los diputados debatan la minuta de ley sobre la permanencia del Ejército en labores de seguridad pública hasta 2028, no se debe manejar con tintes políticos, con tintes de buscar culpables”.
Cuando el legislador albiazul dijo “"nosotros no vamos a empecinarnos en encontrar diferencias políticas y dejar la seguridad en segundo término, la seguridad es importante, es prioridad, y lo primero que tenemos que hacer es mostrar esta apertura a trabajar de manera articulada, coordinada, con gran responsabilidad", estaba abriendo una puerta al tema, pero horas más tarde Susana Bermúdez, de limitada experiencia parlamentaria, la cerró con soberbia.