Se requiere respuesta radical para encarar la inseguridad en el estado Guanajuato; es momento
Frente a los resultados adversos obtenidos en la lucha en contra de la delincuencia que colocó a Guanajuato durante 4 años consecutivos en el primer casillero nacional de homicidios dolosos, casi 25 mil en los últimos 10 años, al gobierno de la entidad sólo le resta una respuesta radical al problema tan grave que, dicho sea de paso, deberían de resolver de forma coordinada los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal porque el sexenio 2018-2024 que corresponde cubrir al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, está marcado con este rasgo de violencia e impunidad, porque no se tienen los visos de que mejore.
Ninguna explicación de parte de los Poderes del Estado a estas alturas puede ser válida para justificar los resultados adversos a la población de Guanajuato y sus municipios, el golpe es certero contra la autoridad estatal que debe cambiar su actitud de rechazo a las peticiones de los guanajuatenses que le exigen librarse de los funcionarios que llevan casi cuatro años (2 meses menos) en el gabinete legal de Sinhue Rodríguez, que no han cumplido y son parte del pasado inmediato, de la herencia que ya acumula una década.
En el sexenio pasado la Estrategia Escudo no funcionó como se anunció porque se esperaba que impidiera el acceso de los delincuentes de los estados vecinos. En el arranque de este sexenio, se presentó “Golpe de Timón” que acabó con la captura del líder del grupo criminal Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez “El Marro” en el mes de agosto del 2020. Le siguió “Guanajuato seguro”, pero no cambiaron los resultados, pues lo que antes se presumía ahora no es posible porque Guanajuato está entre las tres entidades que totalizaron una mayor cantidad de víctimas de secuestro y extorsión durante los tres primeros meses del 2022.
La entidad y los municipios tienen suficientes elementos para consolidar el diagnóstico sobre la situación que guarda el estado y para diseñar un plan general a fin de procurar seguridad pública a los pobladores en los 46 municipios. Se requiere voluntad, capacidad de análisis y de manera especial el interés por el vínculo entre Federación y Entidad Federativa- a los órdenes les importa para consumar con el mandato constitucional. Las revelaciones del INEGI podrían servir para la toma de conciencia porque ninguno de los gobiernos -federal, estatal y municipal- se salvan solos. Existen referencias que el gobernador quiere cambios, es hora.
Lo esencial en el suministro de seguridad pública, que corresponde al Estado Mexicano, es que los niveles se vinculen de acuerdo con la Norma; sin embargo, aún no se percibe la voluntad política de la Federación para “liderar” a las 32 entidades y los municipios que las constituyen. Sin embargo, en Guanajuato también se requiere que el gobernador haga lo propio con los 46 Ayuntamientos para cumplir esa obligación; la serie de discursos empleados por los gobiernos para justificar que están atendiendo, enfrentando la violencia, tendrá que llegar a su fin.
Pues mientras Palacio Nacional está buscando catequizar, convencer que su estrategia si funciona -cualquiera que sea-, usa a los estados con más homicidios dolosos para exhibirlos, tácitamente los coloca en la condición de “culpables o rezagados”, cuando los recursos y fuerza pública (incluidas Ejército, Área y Armada), están de su parte con sus obligaciones debidamente determinadas en la Constitución General de la República con la finalidad de servirle a la nación, sobre todo que los territorio, estatal y municipal, son espacios, donde habita la población.
La movilización de algunos de los sectores de la sociedad en territorio nacional encabezados por los prelados de la iglesia católica en contra de la Estrategia que viene aplicando el gobierno de la Cuarta Transformación -“abrazos no balazos”- porque no está produciendo los efectos positivos anunciados y esperados que tendría, está recibiendo la respuesta compensatoria, una serie de exhibición de resultados con el modelaje de datos, para demostrar públicamente que existe desde 2021 una “disminución” de los asesinatos mientras durante el 2019 y 2020, la finalidad fue atemperar la comisión de los homicidios dolosos.
La revelación con números
El pasado martes 26 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) comunicó que durante el 2021, se registraron 35 mil 625 homicidios en México, además entregó la referencia sobresaliente, el año pasado hubo una baja en la incidencia del delito con un mil 148 casos menos respecto al 2020. Con estos totales, de enero a diciembre 2021, se observó la tendencia a la baja por primera vez en 2 años, refirió la titular la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; además de que Guanajuato estaba en primer lugar nacional.
El resultado y los anualizados desde 2018, 2019, 2020 y el 2021, dieron como resultado los 4 años del estado de Guanajuato en el primer casillero nacional con más homicidios dolosos. El gobernador y el Congreso Local, tomaron posesión en septiembre del 2018 llevando en la Secretaría de Seguridad Publica y Procuraduría de Justicia, quizá a los funcionarios con más tiempo en esos dos cargos de todo el país, Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa Aguirre, que tiempo después fue colocado como el primer fiscal general para seguir en el “pandero”.
Topografía.
Altimetría. Festival de Verano.
La sucesión de fracasos en que se han significado varias de las ferias municipales en el estado en los últimos meses, por combinación de factores económicos, sociales y de salud pública, donde los gobiernos municipales han debido absorber los costos de un deseado “retorno a la normalidad” y aliento a la reactivación económica, el último de estos casos en Silao de la Victoria puede romperse o ratificar la tendencia en el Festival de Verano que se ha armado en León y que inicia este viernes.
Y es que este festival es, en realidad, la versión modificada de la Feria de Verano que el año pasado implementó el Patronato de la Feria de León, en ese momento a cargo de Juan Carlos Muñoz “El Castor”, para “reponer” las fiestas de enero canceladas por la tercera ola de COVID-19 y que al final también se significaron en un fracaso, frente a las expectativas de sus organizadores, pero que insistieron en el modelo de dos fiestas populares por año.
La llegada de Alejandra Gutiérrez Campos, a la presidencia de León y la propia salida de “El Castor” del Patronato de la Feria tras no ser santo de la devoción de la nueva administración municipal y los desastres en seguridad y salud pública de la Feria de Verano, así como sus resultados económicos, dieron paso a versiones de que sería cancelada la nueva fiesta; sin embargo, fue el impulso del gobierno del estado el que le dio vida a esta nueva oportunidad, aunque ya sin el calificativo de Feria, a cambio de Festival y sin la inversión del 2021, del 29 de julio al 14 de agosto. Al menos ya no se metieron en la ruta de las fiestas de Santiago de Silao.
La serie de conciertos, de paga, así como otras actividades dejan la marca de una continuidad de la Feria de León, se indica extraoficialmente que “ya estaba encarrerado el ratón”. Grupos como Los Invasores de Nuevo León, Residente, El Recodo, con su reencuentro con Julio Preciado, Paty Cantú y Alfredo Ríos, entre otros, señalan el alcance del negocio.
A cambio, el acceso será gratuito a las instalaciones, salvo a estos conciertos y otros más en cartelera. Los juegos mecánicos ya están colocados. De las medidas de seguridad sanitaria, es lo menos que se ha promovido al momento. David Novoa, nuevo presidente de la Feria de León, ha terminado sacando adelante la agenda de “El Castor”.
Veremos si los resultados económicos y los saldos sanitarios aclaran la persistencia.