Rosa de los Vientos del 28 de junio de 2022, por Israel López Chiñas

Emergencia de prácticas criminales con nuevos impuestos

Mientras los tres niveles de gobierno tratan de hallar respuestas contra la violencia e impunidad, el Crimen Organizado avanza descubriendo entre los intersticios sociales nuevas formas de actuación para obtener pingües ganancias ante la carencia de seguridad pública para todos. Amén del tráfico de estupefacientes -producción, distribución y venta-, y de personas, controlar los combustibles y el agua, se están adueñando del comercio legal a fin de imponer su voluntad, “creando monopolios” de facto aplicando nuevos “impuestos” que afecta a consumidores finales.

A las extorsiones conocidas como “cobros de piso” a los comerciantes, práctica delincuencial que viene multiplicándose, el crimen organizado, está agregando impuestos a la venta de pollo, leche, huevo, refrescos y cervezas, entre otros productos, anotó, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC). La criminalidad en territorio nacional, se ha desplegado para “tomar las vidas de las personas”, de paso actúa cual autoridad creando tributos en sus zonas de influencia.

Los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, aún no han desvelado la existencia del problema y su dimensión, ni tampoco la manera en que vienen operando contra estas acciones que no sólo aumentan el costo de los productos básicos sino que también resultan un golpe certero contra los depauperados. Este asunto trasciende a PROFECO con su titular Ricardo Sheffield Padilla, pues es superior a sus fuerzas aunque se refleje en los precios de los comercios y paguen los consumidores.

Mientras la criminalidad organizada hasta desorganizada está en la búsqueda de nuevas maniobras para conseguir ganancias por medio de la ilegalidad, el Estado mexicano está conforme con su “Estrategia” y sus altos mandos para enfrentar la inseguridad, pues dicen tener éxito que se reflejan con la disminución de delitos, en especial los homicidios dolosos. Este 23 de junio, el residente de Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su “estrategia de seguridad marcha bien”, pese a que se han registrado más homicidios durante sus 4 años, que en los 6 años con Felipe Calderón. No habló más ni dejó hablar.

Casi similar del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien ha asegurado que la estrategia que se aplica en el territorio guanajuatense ha avanzado, por ello la tendencia a la baja de los delitos, aunque “carga con el lastre” que le impusieron desde el sexenio anterior como cuota para la candidatura albiazul a la gubernatura en 2018. Con el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, el más longevo en el cargo de esa naturaleza en el país, casi 10 años con paso por 2 sexenios de “alta violencia”; nada cambia, creen que van bien…

El gobernador, Rodríguez Vallejo, ya está ante la encrucijada de seguir el camino de la perdición al cierre del sexenio y arriesgarse a entregar el poder a cualquier forma de oposición o lanzar el lastre para recrear la nueva esperanza de proveer la seguridad pública que mandatan las leyes y no la seguridad personalizada, como quiere la clase política. No sólo atender lo arcaico de la inseguridad en los 46 municipios sino también enfrentar con posibilidades de éxito a esas nuevas formas.

En mayo nuestro país vivió su mes más violento del 2022 al registrar 2 mil 423 homicidios dolosos, 228 más en el mes de abril, donde el estado de Guanajuato nuevamente ocupó el primer lugar del casillero nacional, como ya lo sabe la potosina titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez a quien ahora acompaña, Rosa Luz Flores, nueva titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la última, excandidata perdedora de Morena en Nuevo León, tendrá material para actuar.

Sobre las nuevas prácticas de los delincuentes para hacerle más difícil la vida a la población con los impuestos adicionales, el representante del Observatorio Nacional Ciudadano, comentó que en las poblaciones de los 500 municipios más pobres de México la delincuencia organizada se está adueñando de mercados legales de alimentos, creando vía de los controles monopolios e implementando impuestos que afectan a los consumidores finales. ¿Las estrategias alcanzan para estas prácticas?

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Altimetría. Arropado

Terso. Muy terso. Así fue el ambiente que se prodigó en la mesa de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado para la recepción y tratamiento del informe de labores del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Vicente de Jesús Esqueda Méndez, quien no solamente sorteó las preguntas de la oposición, adosadas con algunas observaciones de organizaciones de la sociedad civil, sino que hasta con la promesa de mayor presupuesto para el 2023 salió.

Y es que contra el referente del ejercicio de Morena en otras comisiones e informes, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el morenista y académico, David Martínez Mendizábal, salió con la convicción de apertura al diálogo y la apreciación de la racionalidad administrativa (eficacia y eficiencia) como medida para mejorar el actuar de la dependencia, antes que por el oposicionismo o la crítica inmediatista. De ahí que asegurara que invitaba a los diputados presentes en la mesa a mejorar el funcionamiento institucional, pues “de nada serviría la complacencia, el elogio o la acción destructiva”.

Y les indicó a tiros y troyanos que los funcionarios están obligados a hacer lo que la ley les indique en sus campos de trabajo, con base en el presupuesto y personal que les hayan dispuesto. Al decir que “las instituciones públicas no caminan por sí solas, las personas las hacen funcionar de acuerdo con lo que la ley mandata. Las y los funcionarios vinculados con los derechos humanos operan día a día el presupuesto y el personal a su cargo, a través de políticas con la idea de darle continuidad a lo que ha funcionado con anterioridad e innovar, corregir y transformar de cara a los principios básicos de los derechos humanos”, Martínez Mendizábal le abrió la puerta a una relación de trabajo más fructífera con el Congreso del Estado al procurador Vicente Esqueda, que iba más que preparado para la crítica contumaz del pasado desde la oposición. No hizo falta la defensa de los panistas.

Así, Esqueda Méndez pudo conceder que van en aumento las quejas en materia de derechos humanos en Guanajuato. A estas alturas del 2022 prácticamente se han presentado quejas por la misma cantidad que se tuvo en todo el 2021. La primera salida de los diputados y el funcionario, fue ponderar que para 2023 requiera más presupuesto y más colaboradores en la PRODEHG para poder atender este volumen de quejas, en aumento, de acuerdo a la tendencia.

Sin embargo, debió ahondarse en la explicación del por qué los funcionarios en el estado de Guanajuato, de los órdenes estatal y municipal, son más proclives a violentar las garantías fundamentales de los guanajuatenses. Una valoración que tiene que estar en manos de Vicente Esqueda y donde debe tener ya un plan preciso para abatir esta peligrosa conducta en el poder público.

Para el jueves el Congreso del Estado deberá ofrecer su balance final de este informe, como dijo David Martínez Mendizábal, la complacencia y el elogio no caben ante los números observados.

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