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Rosa de los Vientos del 25 de mayo de 2023, por Israel López Chiñas



Inseguridad y falta de seguridad pública, la herencia del sexenio 2018-2024 a la nueva administración


Hasta el momento el Estado Mexicano no ha presentado a la nación los elementos suficientes (pruebas) de que, durante el sexenio 2018-2024 que encabeza como presidente Andrés Manuel López Obrador, habrá la paz social que prometió el abanderado de Morena primero y titular del Poder Ejecutivo después. Así la inseguridad galopante que se vive en el país pasará cual “herencia maldita” al próximo gobierno federal. Una violencia que ha producido más de 155 mil asesinatos en este sexenio y que costó a México 4.6 Billones de pesos solamente durante el 2022.



La trascendencia de la inseguridad a los actuales periodos de gobierno también se estará observando en las nueve entidades federativas del país donde habrán de renovarse las gubernaturas en 2024 como en el caso de Guanajuato, que ha permanecido tres años consecutivos en el primer lugar nacional en la comisión de homicidios dolosos, asesinatos; los Ayuntamientos que deben renovarse tampoco cumplirán la promesa.



Los impactos mediáticos lanzados en las mañaneras desde el Palacio Nacional, luego de 53 meses, no han producido los efectos esperados: en primer lugar, porque la violencia aumenta, a pesar de la manipulación de los datos, creando una especie de vaivén de que crece unos meses y decrece en otros, amén de que la información de las Fiscalías de los estados han sido señaladas por alterar la información transmitida. En segundo, los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal no suministran seguridad pública a la población como mandata la norma.


En este sentido, si agregamos las condiciones de la migración debido a que la República Mexicana es paso obligado de los extranjeros que pretenden alcanzar la frontera norte nuestro límite con Estados Unidos, en la búsqueda del sueño americano, el escenario de inseguridad tiene a incrementarse debido a que el gobierno ocupa a la Guardia Nacional en ese menester.



El conocido embajador de Estados Unidos, del sombrero, Ken Salazar, aprovechó el debate sobre la cuestión en su país para dogmatizar que el sistema migratorio en el hemisferio Occidental, en particular Estados Unidos, “está quebrado”; a lo largo de la ruta, es evidente “el dolor” para quienes emprenden la travesía, desde sus países de origen para llegar a EU.


Agregó, ese dolor se ve en la franja fronteriza entre Estados Unidos y México, en todo el trayecto por nuestro país rumbo al norte afectando sensiblemente a varias de las entidades de nuestro país desde Chiapas hasta las fronterizas por donde van dejando la especie de “estela de sus necesidades” por las ciudades, notables en el territorio guanajuatense.


El Estado Mexicano por el tránsito humano de sur a norte como de norte a sur tendrá que dedicar más atención a lo relacionado con seguridad pública, si se permite la referencia, también distrayendo personal de la GN es la tarea, mientras los estados y sus municipios también aportan.


El adelanto. El tiempo que resta a los gobiernos por renovarse durante el proceso electoral concurrente en junio 2024, vistos en prospectiva, no cuenta con tiempo suficiente para terminar con la grave inseguridad en sus plazas. Aunque podrían realizar sus esfuerzos en encauzar las fuerzas de seguridad a la profesionalización para los nuevos gobiernos.



La información sobre el costo de las actividades violentas además de la pérdida de vidas humanas, el año pasado representó el 18.3 por ciento del Producto Interno Nacional (PIB), considerado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Este organismo acentuó que por tercer año consecutivo mejoró el impacto económico de violencia en el país, al disminuir 5.5 por ciento, o 271 mil millones de pesos, respecto a 2021.


De la lectura realizada al modelaje de la información el IEP, socializó: los estados de Sonora, Morelos, Guanajuato, Baja California, Zacatecas y Colima se ubicaron como entidades menos pacíficas en 2022; destacó que las cinco menos pacíficas cuatro de ellas son gobernadas por el partido en poder de la República, Morena, y Guanajuato por el PAN. Por cierto, en el estado de Sonora, el gobernador guinda es exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, Alfonso Durazo Montaño; mientras en Guanajuato el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini está sumando su segundo sexenio; la experiencia no es factor para dar seguridad en el norte y en el Bajío.



Además de revelar que el año 2022 resultó el menos pacificó respecto a 2015 que se tenía como el peor referente, el Instituto para la Economía y la Paz, durante la presentación del estudio este martes, desplegó que, en el periodo, “la paz en México se ha deteriorado un 14. 8 por ciento, con muchos indicadores de delincuencia significativamente más altos que ocho años antes”. Una especie de cierre “altamente negativa”.


La cimiente de las condiciones actuales con base a la información del IEP: “Entre 2015 hasta 2022, el impacto del aumento de los homicidios dio como resultado una pérdida de 324 mil millones de pesos (16 mil MDD) en inversión extranjera directa". Los efectos colaterales también, se lograron dibujar con datos de las acciones criminales en el país.


Topografía.

Planimetría. Saldrá entre los socios


Con un ojo al calendario, este jueves los grupos parlamentarios del PAN y del PRI en el Congreso del Estado sacarán adelante una reforma electoral diseñada, primordialmente, para empatar el proceso electoral local con el nacional, que deberá iniciar en la primera semana de noviembre. A la par, le han metido mano a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato para hacer ajustes que les vienen a solucionar algunos problemas a los partidos políticos a la hora interactuar con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.



Dicen legisladores de los socios PAN-PRI, en los pasillos de Las Enredaderas, que es falsa la versión de que esta reforma electoral se ha hecho al vapor, en olla exprés, pues aunque apenas la iniciativa se presentó el jueves pasado, los 36 diputados locales tuvieron tiempo de leerla, analizarla y presentar sus observaciones en la mesa de trabajo del lunes; revisar la propuesta de dictamen que se aprobó ayer en la Comisión de Asuntos Electorales y la única prisa fue la de la dispensa dada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, presidida por el pastor panista Luis Ernesto Ayala Torres, para que este mismo jueves el Pleno discuta el dictamen aprobado y listo, se mande de inmediato el decreto al Poder Ejecutivo para su publicación antes de que venza el término para reformas electorales con el viejo calendario que señala el arranque del proceso electoral en la primera semana de septiembre.


Podría decirse que no fue entonces una reforma al vapor de una olla exprés, pero si a baño María, porque fue una determinación de última hora que ganó la preferencia sobre cualquier otra iniciativa en la materia o de otras vertientes legislativas.


Y si bien en sus contenidos la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato recupera apartados de la reforma presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como la homologación de fechas, en otros aspectos rebasa o enmienda aspectos en los que los panistas y priistas creen que pueden meter mano, y eso no les gustó a los representantes de Morena, que, todo apunta, votarán en contra la reforma, hermanados con el Partido Verde, donde el “dolor” es que no los invitaron a ser parte de la iniciativa con mayor anticipación. Mientras que la diputada Dessire Ángel Rocha del Movimiento Ciudadano, sin tanta idea de que va esto de lo electoral, se sumaría a la inercia para ir en contra, estando más su preocupación en las reformas no atendidas de la facción feminista que conformó junto con la irapuatense Yulma Rocha y la diputada verde, Martha Lourdes Ortega Roque.


Lo cierto es que esta reforma abre una ventana para que se produzcan más reformas a la ley electoral en las próximas semanas, al enviarse el inicio del proceso electoral a la primera semana de noviembre, es decir, se ganan dos meses más.


Por cierto, en este aspecto, la mayoría panista y sus aliados priistas, estuvieron de acuerdo con dejar el arranque del llamado año electoral a la primera semana de noviembre y no a la última del “mes de los muertos” como en un principio plantearon, en apego a la solicitud del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para poder implementar los procedimientos para las candidaturas independientes, que habían quedado fuera del nuevo calendario.


Ahora bien, con todo esto, esta semana tanto el dirigente estatal panista, el irapuatense Eduardo López Mares, como la presidenta del CDE priista, la nativa potosina Ruth Tiscareño, salieron a decir que no hay interés en una alianza electoral entre ambos partidos, contra lo que expresan sus dirigentes nacionales. Si ya nomás falta que vayan juntos por las tortillas.



Agrimensura. La reforma necesaria


El horror. Ayer, con base en la actual legislación penal guanajuatense, un juez determinó que Cristian “N” responsable de embestir con Mustang, al pasarse un semáforo en alto y conduciendo en estado de ebriedad, el auto conducido por dos jovencitos que murieron en el hecho, gozara de todos los beneficios de la ley ante estos homicidios no dolosos, pudiendo llevar su proceso penal en plena libertad. Para el juzgador, la agravante del estado etílico fue insuficiente y consideró los delitos como no graves, porque además no huyó del lugar, siendo que tenía lesiones en sus piernas que le impedían hacerlo y fue arrestado casi de inmediato porque estaba una patrulla muy cerca, es decir, corrió con suerte para efectos legales.


La indignación social y, primordialmente de la familia, es mucha.



El incidente, de por sí, había puesto sobre la mesa la inacción del Congreso del Estado para legislar y dotar de responsabilidad penal a quienes conducen en estado de ebriedad, como pidió el Ayuntamiento de León, descansando en alguna computadora la iniciativa ya en manos de la Comisión de Justicia que preside la panista Laura Cristina Márquez Alcalá.


Ahora, la determinación del juez, dando libertad al responsable de los homicidios porque no cometió un “delito grave”, también resulta un llamado de atención a los legisladores. Dónde está el sentido de justicia cuando un borracho, irresponsablemente conduce y a exceso de velocidad, haciendo de su auto un peligro para todos, mata a dos personas y sale sin mayor problema a “curársela”. Hay que tener…



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