ROSA DE LOS VIENTOS del 16 de agosto de 2022 (A un mes del Día de la Independencia)

Suman careo gobiernos, federal y estatal, por el delito de “terrorismo” con bloqueos e incendios

Está visto, los gobiernos, federal y el estatal de Guanajuato, no se ponen de acuerdo a pesar de la importancia de temas y riesgos que conllevan. De los ataques perpetrados por la criminalidad, la semana pasada, se discute públicamente sin fueron actos terroristas o delitos graves. La Federación, vía el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, descartó que las quemas de locales y los bloqueos en varias entidades, “registrados la semana pasada, sean ataques terroristas”. El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, reveló que los 16 detenidos en su estado responsables del martes negro enfrentarán a la justicia por “cargos de terrorismo”. Dilema que surgió 6 días después de los hechos.

Indistinto del nivel de gobierno que “tenga la razón”, federal o local, o quién ofrezca mayor sapiencia jurídica, es importante que las autoridades antes de hacer el reparto de opiniones y crear un escenario de confusiones o de interpretaciones que ponen en duda el ejercicio de la procuración y administración de la justicia. Sería necesario que los especialistas en el asunto, analicen y ofrezcan sus reflexiones antes de que se cometan errores y los sospechosos libren la acción de la justicia, aunque esos actos violentos están tipificados como delitos graves.

En el estado de Guanajuato corresponde al titular de la Fiscalía General, Carlos Zamarripa Aguirre, ser quien ofrezca la respuesta esperada por los guanajuatenses que resultaron las víctimas en algunos municipios, máxime que el exprocurador de justicia de Guanajuato ya aplicó el delito a los habitantes de Cuerámaro, en 2020, luego de que se manifestaran con pancartas -27 noviembre 2019- porque la jueza municipal liberó a la persona que con su camioneta atropelló matando a tres jovencitas.

Los inconformes exigieron justicia y frente a la ausencia de la entonces alcaldesa, Ana Bueno Macías, perdieron el control y arremetieron contra la autoridad municipal; así, incendiaron la casa de la alcaldesa y generaron otros desmanes. Luego de los hechos se privó de su libertad a 17 habitantes, el delito fincado por el fiscal del estado fue terrorismo, el cual generó el debate e inconformidad de la población de la entidad.

Esgrima entre abogados

El segundo de la Federación, suspirante de la candidatura de Morena a la presidencia de la República, estudió la Licenciatura en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, aunque notario, no penalista, luego de descartar que las células de un cártel jalisciense hayan cometido acciones terroristas en contra de la población, sostuvo que las actos violentos son parte de las “estrategias propagandísticas” de bandas delincuenciales. En la conferencia de prensa de ayer lunes, machacó que la Estrategia de seguridad que aplica gobierno federal está dando resultados, porque los “delitos de alto impacto van a la baja aunque en homicidio todavía no”.

En el evento el General de División, Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), atribuyó a las acciones del crimen organizado a “móviles específicos locales de confrontación entre los cárteles con presencia regional” coincidió por cierto con su par en el Gabinete Legal del presidente Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto, que los objetivos del escenario de violencia provocado, es de tipo propagandístico, “movilización de la delincuencia organizada”

El sexto gobernador de Guanajuato, realizó su licenciatura en Derecho en la Universidad De La Salle Bajío; además maestría en Administración Pública en la Universidad de Guanajuato, dio un paso al frente del fiscal para comentar que cinco detenidos se integrarán a los 11 del día de los hechos; los relacionados con los incendios cometidos “enfrentarán los cargos por terrorismo”. Se tomó tiempo para fundar el tipo penal, señaló “existe y lo hemos aplicado, y lo seguiremos aplicando a quien cause temor, terror a través de incendios, el tipo penal a aplicar será ese”.

En los discursos de esta semana se vehiculizan los intereses de los dos gobiernos: federal -Morena-, la nación sigue transitando por el “Estado de Derecho”, en el gobierno de la entidad -PAN-, esos ataques en las ciudades del Bajío el martes negro, fue “una orden directa del Cártel Jalisco de golpear a Guanajuato”. La vocera oficial estatal, Sophía Huett López, completó su acusación, al CJNG le costó “20 pesos” sembrar el miedo en el estado, aterrorizar a la población como hacer dudar a los inversionistas…” Confrontación del sexenio entre panistas y morenos.

Topografía.

Altimetría. Derechos humanos

La condena del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo al hostigamiento y abuso policiaco que se cometió contra reporteros del medio Ágora, en Celaya, este pasado fin de semana, resulta más que oportuno para llamar la atención al estado de acoso y riesgo al que están siendo sujetados en Guanajuato los representantes de los medios de comunicación a fin de ejercer dos derechos fundamentales de toda democracia: el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión.

Días antes de este incidente, el asesinato del periodista Ernesto Méndez en San Luis de la Paz, del cual aún quedan fundadas dudas sobre la explicación dada por la Federación a su ejecución, alertó sobre la inexistencia de instrumentos suficientes en la entidad para garantizar el trabajo de los periodistas, hecho que fue advertido no solamente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que pidió al ombudsperson estatal, Vicente de Jesús Esqueda, hacer una revisión profunda y atender la circunstancia, sino también por organizaciones internacionales.

Necesario es recordar que en los últimos tres años se han registrado más de 60 agresiones a periodistas en Guanajuato, siendo dos de ellas homicidios. Además de que ha sido ineludible indicar que tampoco la Fiscalía General del Estado ha sido “diligente y transparente” en la procuración de justicia para Enrique Sosa, que fuera camarógrafo del canal 4 y falleciera asesinado por un empresario en un estacionamiento de León.

El gobernador Sinhue Rodríguez parece tener un mejor pulso sobre la significancia de atender la situación que los alcaldes y el propio fiscal, pues ha determinado llevar esta serie de agresiones al Consejo de Seguridad estatal y leer ahí la cartilla a ediles, funcionarios estatales y de paso exigir la aceleración en la hechura de protocolos de protección en los municipios.

Si se habla de que se busca proteger la democracia desde Guanajuato, en congruencia, quienes están en el poder público deben entender que los medios de comunicación cumplen una función de mediación entre la sociedad y gobierno; vincula a la ciudadanía con las acciones gubernamentales, y en ello, su aportación al transparentar el actuar público, abona a poner coto a los excesos del poder, uno de los principios de todo régimen democrático.

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