El Congreso del Estado ejercer su primer llamado a cuentas en materia de derechos humanos, requerirá dientes, no sólo show
Este miércoles se hace historia en el Congreso del Estado, por vez primera la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables tendrá ante sí a un servidor público que ha rechazado una recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, a fin de explique ante la instancia colegiada sus motivos para rechazar la recomendación que deviene de una investigación que halló, en la conducta del funcionario, elementos de responsabilidad a la hora de violentar derechos humanos de un ciudadano.
El compareciente es el presidente municipal de San Diego de la Unión, Juan Carlos Castillo Cantero, un expriista, del grupo del exsenador y fallido candidato a la gubernatura en 2018, Gerardo Sánchez, quien ahora lleva la representación política del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), hoy con registro perdido. Es acusado de violencia por una mujer que fue regidora cuando Castillo Cantero fue alcalde de San Diego de la Unión en el trienio 2015-2018. La PRODHEG encontró elementos suficientes para considerar que en efecto hubo dicha vulneración de derechos y le emitió una recomendación apenas el año pasado, la cual no fue aceptada por el edil.
Ante la circunstancia, el titular de la procuraduría, Vicente de Jesús Esqueda Méndez, activó por vez primera un mecanismo señalado en la norma que regula a la procuraduría y que está armonizada con respecto a la legislación federal: pedir al Congreso del Estado, a través de su comisión especializada en derechos humanos, para que haga comparecer al funcionario y le pida que explique su negativa. Sin embargo, los legisladores se quedaron cortos, porque no produjeron el producto legal que vaya más allá del show.
David Martínez Mendizábal, flamante coordinador de Morena en el Congreso del Estado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, validó junto con sus compañeros de comisión: tres panistas y un priista, la citación a un alcalde que no era ni panista, ni priista, ni morenista y con el cual experimentar con este nuevo formulismo de rendición de cuentas.
En la comparecencia estará el “defensor del pueblo” u ombudsman, Vicente Esqueda, para quien la medida ya le representa una victoria moral ante el rechazo del funcionario que violó los derechos humanos de una mujer. Abre una nueva era, donde se espera los demás servidores públicos que reciban recomendaciones se inhiban ante la posibilidad de ser cuestionados abiertamente por el Congreso. Pero, con base a esta experiencia, también tiene la oportunidad de ayudar al perfeccionamiento del instrumento. El propio David Martínez lo ha puesto sobre la mesa, necesitan “dientes” para atender lo que sigue tras la comparecencia, generar algún resultado sólido.
Sin embargo, cabe mencionar que no será miel sobre hojuelas la sesión de este miércoles ni para la comisión ni para la propia PRODHEG.
Juan Carlos Castillo Cantero tiene experiencia en estos menesteres, es decir, le gusta meterse en berenjenales. En 2016 agredió verbalmente a su entonces director de Obras Públicas del Municipio, el cual terminó denunciándolo ante la procuraduría, la cual le hizo una recomendación, esa sí más rápida, para que emitiera una disculpa a favor del quejoso, la cual incluiría el compromiso y garantía de No Repetición del hecho aquejado, lo anterior respecto de la Violación a la Dignidad Humana, por la manera de conducirse durante la conversación que sostuvieron entre ambos, que resultó probada dentro del sumario en agravio del quejoso.
Además, siendo la comparecencia en realidad "un espectáculo", seguramente el alcalde sandieguino ya tiene listo su arsenal de argumentos. Es todo "un showman". Cada jueves en San Diego de la Unión, por las noches, tiene un programa en vivo, donde entrevista a funcionarios de su administración, hace chistes, promueve productos del municipio y más.
En la reunión con la comisión de derechos humanos, seguramente les podrá aplicar lo que dice el primer estribillo del intro de su programa “La hora ciudadana”: “Cada semana hay alguien que responde”, aunque la respuesta puede que no les guste a los legisladores.
Vicente de Jesús Esqueda ha cumplido con su obligación puntualmente, ahora toca al Congreso del Estado asumir los alcances de lo que la ley le impone en estos casos.
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Planimetría. El cambio de actitud
La inseguridad “agravada”, el empoderamiento de las mujeres y las condiciones políticas rumbo a las elecciones para la renovación de la Gubernatura, el Congreso Local y los 46 Ayuntamientos, en 2024, están cambiando las relaciones entre los altos funcionarios del partido conservador PAN en el poder del estado durante tres décadas. La más significativa, las llamadas de atención del gobernador Diego Sinhue Rodríguez al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Zamarripa Aguirre. Un cambio de actitud aunque casi imperceptible.
Se podría asegurar que el primer fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, es el funcionario más criticado por diversos sectores de la sociedad, la oposición, especialmente de la primera minoría en el estado, Morena, incluido su presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hasta panistas que consideran al fiscal general una “especie de lastre” de la administración pública estatal. A pesar de los señalamientos de que el fiscal general es la causa por la violencia y la impunidad en territorio guanajuatense, Diego Sinhue Rodríguez, aún no lo acepta.
Sin embargo, ante la demanda hasta súplica de justicia de parte de la ciudadanía, por la inseguridad que no disminuye y por el contrario se mantiene como una constante en la vida de los guanajuatenses, desde las oficinas de Palacio de Paseo de la Presa en Guanajuato Capital, se han delineado una serie de precisiones públicas, latentes, para llamar la atención del titular del organismo “autónomo” concebido y montado con la sana intención de superar a la Procuraduría General de Justicia. Carlos Zamarripa no es subordinado del gobernador Rodríguez Vallejo.
El pasado lunes 13 por la mañana, el primer mandatario de la entidad le requirió al fiscal general, resultados urgentes, tras la desaparición de seis mujeres en Celaya en la comunidad de San José. Además de lamentar los hechos adelantó que la Fiscalía General del Estado (FGE), está revisando los casos. Sin más, completó “Hoy le pido al fiscal que demos con el paradero de las jóvenes" y urgir a la Fiscalía resultados urgentes; también desveló que tienen varias líneas de investigación; pero es tema delicado y por lo cual se requería de una revisión puntual.
En el “Día del Fiscal”, el 23 de febrero pasado, después de entregar su IV informe, Carlos Zamarripa Aguirre, se le vio transitando por las nubes pero el gobernador panista, Rodríguez Vallejo, lo bajó con una simple opinión, desacuerdo al exigir una reforma al Código Penal del Estado para que se persiga y atienda de la mejor manera el delito de extorsión; o sea, utilizó una “ salida airosa” para comentarle a Pancho y lo entienda Poncho de que la agresión se disparó entre la sociedad guanajuatense. El gobernador desea un cambio que supere la inseguridad e impunidad.
El antes y el ahora.
En otros momentos a pesar de la caterva de manifestaciones realizadas por los familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda, quienes en muchas ocasiones se quejaron del mal trato de la autoridad, y la represión por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPEG) que encabeza el secretario de seguridad pública estatal, Alvar Cabeza de Vaca, no hubo respuesta o petición del mandatario local para el fiscal Zamarripa Aguirre; de hecho sobrevenía el largo, largo silencio.
En el marco de la reacción del titular del Poder Ejecutivo, el fiscal Carlos Zamarripa, comunicó que activó el “Protocolo Alba” ante la desaparición de diecinueve (19) mujeres durante el 2023, en el municipio de Celaya, diez fueron desactivadas debido a que se localizaron las víctimas. Con ese antecedente y la petición del gobernador a la FGE, ayer martes 14, el colectivo “Salamantinos Unidos Buscando Desaparecidos”, notificó, que buscan a once (11) mujeres que desaparecieron entre 2018-2022.
Cabe mencionar que la respuesta como el comentario de Diego Sinhue, suscitó luego de que el presidente López Obrador avisara que el pasado fin de semana, se cometieron más de 230 homicidios y que el estado de Guanajuato, acumuló la mayor cantidad. El presidente de México, de paso, sostuvo que los “altos niveles de homicidios” en la entidad donde gobierna el PAN, los casos estarían ligados al incremento de consumo de drogas, y que ante el panorama la Federación aplicaría medidas de prevención con el fin de impedir que se socialicen en territorio nacional.