La última oportunidad de AMLO para proporcionar paz social a los mexicanos
Prácticamente tomado de “clavos ardientes” arriba el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la clausura de su IV año de gobierno, luego de inducir los ajustes legales para tener más elementos federales en actividades de seguridad pública hasta el 2029: al Ejército, la Fuerza Área, la Marina - Armada y la “paramilitar” Guardia Nacional. En el acuerdo nacional mediante el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, indica, será: “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Con la aprobación, este miércoles 14 de septiembre, en el Pleno de la Cámara de Diputados, de la iniciativa de reforma presentada por el Grupo Legislativo del PRI, a fin de que “la participación de militares y marinos en las tareas de seguridad se extienda a 2029” se habrá consumado una ruptura constitucional con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de marzo del 2019, como parte de la Estrategia del presidente López Obrador para “combatir la delincuencia organizada”.
Antes AMLO, consiguió que la Guardia Nacional sea controlada como administrada por la Sedena. Resultó una especie de cierre de pinza en la lógica que esta primera petición a los legisladores la haría el residente de Palacio Nacional, y la ampliación de la permanencia a 2029, saldría de la bancada aliada que busca su subsistencia en la política con triunfo electoral en al menos un estado en las elecciones de 2023. La probable negociación de Alejandro Moreno "Alito" del PRI, rumbo al 2024.
Como la “cuestión seguridad pública” corresponde atenderla al Estado Mexicano, o sea, los 3 órdenes de gobierno vinculados, federal, estatal y municipal, y como no existe la garantía de que con este nuevo modelo de actuación de la Fuerzas Armadas con la Guardia Nacional, que aún no ofrecen un cronograma de sus actuaciones incluido resultados y una ruta crítica; se infiere que para el 2029, la nación podría tener paz social.
En el escenario, las entidades federativas y sus municipios tendrán que aprovechar esta coyuntura, como el estado Guanajuato donde gobierna el panista Diego Sinhue Rodríguez con “altos índices” de inseguridad, para invertir en el crecimiento y en la profesionalización de sus policías, estatal y municipales, pues tienen hartas tareas específicas por atender.
En el juego, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), General de División, DEM, Luis Cresencio Sandoval González, encabezará una supersecretaría del Gabinete Legal de la Cuarta Transformación, porque incrementará sus fuerzas, amén de administrar otras instancias por orden presidencial. Así en este tránsito, el secretario se volvió cabildero de Morena y prometió que ahora se podría encarar el crimen organizado con éxito, ejerciendo la política en la sucesión presidencial 2024.
Los referentes respecto de la forma en que se pretende, luego de casi cuatro años de Morena y la 4T en poder de la República, suministrar seguridad pública frente a la inseguridad recreada por la violencia y la impunidad, resultan las pruebas ineluctables de que el Gobierno Federal falló en este tema, que aseguró AMLO se superaría en un par de años cuando asumió el poder en 2018.
Rompen límite constitucional.
En martes 13 de septiembre, fecha significativa, debido a la Guerra de Intervención norteamericana en México, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, de la Unión, con los votos de los tricolores iniciantes, se aprobó que la extensión a fin de que la Fuerza Armada siga en la tareas para suministrar la seguridad. En tanto al interior de la Sedena donde cohabitarán, Ejército, Fuerza Área y Guardia Nacional, aún no existe claridad sobre el manejo del personal de esta paramilitar, tanto en lo que respecta a la seguridad social como la relación en el orden legal.
En la comisión también se avaló una adición presentada por la mañana por el grupo tricolor de agregar un año más a la propuesta original, de los 8 años de la iniciativa revisada (la participación militar se alargaría a 2028) para acomodar la ampliación al 2029. Una gracia parlamentaria.
Daño colateral.
En el proceso legislativo para acomodar la Fuerza Armada a las tareas que requiere el representante del Poder Ejecutivo Federal, los partidos políticos de la Alianza Va por México pudieron concebir que el PRI los abandonó o provocó el fin del “monstruo híbrido” llamado PRIAN creado por Carlos Salinas para signar el Tratado Trilateral de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El PAN y el PRD, pues, perdieron al TRI.
Topografía.
Agrimensura. Incomunicación
Se ha confirmado que existe poca o nula comunicación entre Gobierno del Estado y la Federación en cuanto a lo que hace el Centro Guanajuato de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
La secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, ha mostrado entre sorpresa y frustración la noticia de la suspensión dictada por un juez federal a la obra de construcción de un puente a desnivel en la carretera Silao-León que emprendía el gobierno de la 4T, el cual anuncia que no hará más hasta que haya una resolución final en los juzgados, dejando tirada la obra en la carretera Panamericana en su entronque con Comanjilla, sitio de paso diario de decenas de miles de autos y de alta peligrosidad, razón, precisamente, por la cual se construía el puente.
De forma por demás “candorosa”, la noche del 11 de septiembre el Centro Guanajuato de la SICT, dio a conocer mediante un comunicado sobre la paralización de la obra, como si fuera un asunto menor, siendo una de las vías de mayor tráfico en el país. Por increíble que parezca, los litigios que generaron la suspensión del juzgado federal no fueron informados al público ni al gobierno estatal, que hasta ahora sigue sin tener la información completa en sus manos, a decir de García Muñoz Ledo. Esto, ha tomado, entonces a todos por sorpresa y sin alternativas concretas para darle una salida a esta cuestión.
Francisco Anzures, director general del CG-SICT, no ha tendido lazos con el gobierno estatal ante las circunstancias. Ha sido la secretaria de Gobierno la que le está buscando para ver cómo puede coadyuvar la autoridad estatal “porque es una obra muy importante que no puede quedar inconclusa". No olvidar la Presa el Zapotillo de la que AMLO dejó fuera a León.
También el sector privado ya externó su molestia ante el actuar de la dependencia federal. Ismael Plascencia Núñez, titular de la CONCAMIN Guanajuato, ante la versión de que entre los beneficiados del amparo están los ejidatarios de Los Sauces, dejó de lado la interpretación del presidente estatal del PAN, Eduardo López Mares, de que lo sucedido tenga fines políticos, y mejor pidió a las autoridades, incluidas las estatales, para que dialoguen de inmediato con los ejidatarios para superar las diferencias. Y aunque la obra sea federal, pidió al Gobierno del Estado que haga lo necesario a fin de desfogar el tráfico en la zona, porque a fin de cuentas los afectados son los guanajuatenses.
La arteria es esencial para la actividad económica en la región. El asunto, escalará al orden nacional. Ya CONCAMIN trabaja en elevar sus protestas a la Federación, por la forma en que se han hecho las cosas. José Abugaber Andonie, presidente nacional de la Confederación de Cámaras Industriales de México, usa esa vía cada semana, así que es testigo de primera mano de la afectación. Francisco Anzures, director en Guanajuato de la SICT, está generando, con su desdén y silencio, un problema mayor para el gobierno