Pasean “corcholatas” y AMLO su derrota ante la SCJN, divulgan, insultan y amenazan a los once ministros
La mayoría de los contenidos de los discursos políticos en la actualidad, frente a la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son respuestas compensatorias, reacciones a toro pasado o promesas de futuro; debido a ello, las razones para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adquirirán sentido si el movimiento-partido se mantiene en el poder, con mejor resultado en los comicios de 2024 que en 2018, si no, representarán "valentonadas" del momento o simples amenazas.
Los gobiernos, federal, de las entidades federativas y de los municipios, debieran de preocuparse por pretender resolver los problemas, viejos y nuevos, que tienen pues podrían convertirse en una tragedia electoral. El resto, como las transformaciones de los organismos electorales, están alejados de lo sensiblemente substancial en los comicios de junio 2024. La enmienda constitucional para “apretar tuercas” a los ministros de la SCJN, está aún retirada y el proceso electoral doblando la esquina.
La propuesta del residente de Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, es reformar la Carta Magna a fin de eliminar privilegios a los togados de la SCJN, cercenar sus capacidades de control constitucional sobre el Ejecutivo federal y llevarlos a elección popular. El propio López Obrador señaló que para eso se requiere una mayoría calificada en el próximo Congreso de la Unión que ahora no tiene.
Si se toma la tesis del “corcholata” y senador de la República, Ricardo Monreal, el zacatecano, se limitó en pregonar que podrían recibir esa propuesta en el Congreso de un momento a otro.
Al anunciarlo en el Parlamento Juvenil de alumnos de la UABJO (Universidad Benito Juárez de Oaxaca), comentó que la invalidación de Plan B en materia electoral vino a colocar nuevamente sobre la mesa la impostergable necesidad de hacer la reforma a fondo del Poder Judicial. Y se aventó la dominguera días antes don Ricardo, al sostener que el rechazo al denominado Plan B era porque pretendía reducir los excesos en condiciones laborales de integrantes del Instituto Nacional Electoral.
Lorenzo Córdoba, expresidente del Consejo General del INE y recipiendario de todas las acusaciones de los legisladores de Morena, incluso del presidente López Obrador, los dejó con ese asunto caliente, cuando tomó las de Villadiego y se fue con lo que le tocaba por ley. Podría pasar lo mismo con los ministros, quienes abolieron ese Plan B, colocándole freno de mano al partido-movimiento guinda, su presidente AMLO y correligionarios para que no impongan su voluntad en el INE.
Las “corcholatas” que andan con todo por todas las entidades del país, ofreciéndose desde hace meses tratando de consolidar sus imágenes para cuando el partido Morena que preside Mario Delgado, aplique su famosa “encuesta decisoria” y se obtenga al representante guinda para el proceso electoral 2024, desde ahora cargarán con la derrota ante la SCJN, “derrota” al fin y al cabo, que los está marcando pues insistir en que los ministros los afectaron, podría convertir a los once, los "nuevos héroes nacionales” por falta de políticos que pudieran prometer obras viables.
Al calce. En territorio guanajuatense, cayó como balde de agua fría a la población que, ante las circunstancias tan difíciles, el gobierno estatal se tomó la libertad de autorizar un préstamo por 230 millones de pesos a Fieracapital Inmobiliaria SA de CV para la adquisición del Estadio León. El asunto fue destapado por el propio Club Pachuca; la semana pasada el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, reconoció ese adeudo.
El asunto ha trascendido a los guanajuatenses por los diversos medios de información y fuertemente por las benditas redes sociales. Este jueves el empréstito a Tuzos dueños del León alcanzó el Congreso del Estado, en donde la diputada del grupo de Morena, Alma E. Alcaraz Hernández, solicitó que sea llamado a comparecer al C. Héctor Salgado Banda, titular de la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración con el fin de que aclare desde el origen de los recursos hasta los elementos que tomaron en cuenta para imponer intereses, entre otros.
Seguramente que con la información precisa que entregue el gobierno de la entidad, sobrevendrán respuestas al empréstito para el Club León. El rejón está puesto indistinto de la respuesta del gobierno del estado, lo sano para la "causa" sería sanear este problema de manera urgente.
Topografía.
Planimetría. Desmontando saldos de corrupción
Nos comentan que cuando de fraccionamientos se trata, la actual administración de San Miguel de Allende sigue encontrando saldos de "ilegalidad y corrupción" que no sólo dañan al erario municipal, sino también han dejado víctimas entre la población, en este caso gente que aspiraba a contar con vivienda.
Uno de estos casos es el fraccionamiento Ciudades UNESCO para la vivienda de interés social. Creado durante la administración de Luis Alberto Villarreal hacia 2021, se hizo sin las formalidades de ley, pues el gobierno municipal le entregó autorizaciones para vender cuando no tenía cubiertos los trámites urbanísticos previos, como permisos de traza y urbanización.
Al detectarse esto, se detuvo la construcción del fraccionamiento y quedaron en la incertidumbre legal trabajadores que habían comprado sus casas. Sin embargo, por fin ya se logró un acuerdo con el desarrollador, que se ha ajustado al marco legal y ahora estas viviendas, ya con apoyo de IMUVI, han sido regularizadas.
El procedimiento también generó la posibilidad de ampliar la oferta de vivienda de interés social en el municipio. IMUVI comunica que se edificarán 100 casas este año para los trabajadores que ganen menos de 10 mil pesos mensuales.
El tema que llega a buen término para los trabajadores que adquirieron vivienda o quienes deseen comprarla, no acaba ahí. El expediente se integrará para formalizar las denuncias contra los funcionarios del trienio anterior, empezando con el exalcalde Luis Alberto Villarreal, al que ya le apodan el “tigrito”, de tantas rayas.