Rosa de los Vientos del 12 de agosto de 2022, por Israel López Chiñas

La consecuencia de la oleada ofensiva desplegada por la criminalidad; marginación de los guanajuatenses.

Justos pagarán por los pecadores. Después de haber aguantado con mayor intensidad la oleada de ataques de los miembros de las células de un cártel jalisciense en más de 10 municipios, los guanajuatenses resultaron el blanco de las respuestas compensatorias: sanciones de diversas autoridades, incluso del gobierno de la entidad, pues no logra como “sujeto obligado” entregarles la información que les pertenece ni un diagnóstico de los hechos suscitados la noche de terror del martes pasado, ni tampoco las medidas que se asumirán para protegerlos frente a otros ataques similares de integrantes del crimen organizado.

Tampoco la Federación ha realizado los esfuerzos para determinar las causas de la reacción del grupo criminal que perpetró los ataques en Jalisco, Guanajuato y Michoacán, porque la versión de la detención o captura de los líderes de su grupo élite “no se ha logrado consolidar”, y por tanto, es una hipótesis; igualmente, la administración federal que preside Andrés Manuel López Obrador aún no presenta las respuestas ni anunciado los apoyos a las víctimas de la violencia de la criminalidad. Aunque cabe mencionar que con parches pretende mantener su Plan de Seguridad pública, su famosa Estrategia, desconocida e intocada.

Se podría aseverar, luego de percibir una realidad despiezada de parte de las autoridades, que no habrá nada nuevo bajo el sol respecto de la reacción a favor de los pobladores por parte del Estado Mexicano, los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Se aclara que en las plazas del Corredor Industrial del Bajío, las más golpeadas, los Ayuntamientos, en contacto directo con la población, están tratando de responder a las necesidades de sus representados, pues es ahí donde toma cuerpo el ejercicio del poder, pero los recursos son limitados mientras la austeridad republicana y grandeza de México, se vigorizan.

El estado de Guanajuato, debido a los hechos del martes de pánico por violencia, resultó sancionado, pues la Embajada de los Estados Unidos del país socio de los Estados Unidos Mexicanos junto con Canadá en el T-MEC, emitió el miércoles, alerta de seguridad. “Tras los numerosos actos de violencia confirmados el 9 de agosto, incluyendo incendio de edificios y vehículos, se recuerda a los ciudadanos estadounidenses que consideren sus viajes al estado de Guanajuato debido a la delincuencia”.

Además advirtió a los empleados del gobierno de su país que “tienen restringido” viajar por la carreta 45 de Irapuato a las ciudades de Silao y León. La representación del país vecino del norte, remató, “tampoco pueden a la zona sur de la federal 45D, Celaya, Salamanca e Irapuato”.

La especie de marginación del territorio guanajuatense que representa en la realidad de su población, lo percibieron al reforzar la seguridad de sus fronteras, los estados de Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí, sin olvidar que desde hace un par de años se viene dando el desplazamiento de la población, lo que algunos consideran “Éxodo” de los pobladores de los municipios del estado donde gobierna el panista Diego Sinhue Rodríguez.

Al calce. Lo histórico

En el sexenio pasado que correspondió gobernar al quinto panista en el poder estatal, Miguel Márquez Márquez, la ciudadanía del estado de Guanajuato, pagó un programa (concebido también como Estrategia o Plan) llamado “Escudo” por 2 mil 750 millones de pesos, aunque más adelante se apoyó con más recursos, para impedir que la delincuencia de otros estados en especial de Michoacán, Querétaro y Jalisco, ingresaran al “paraíso” porque se creía que la violencia que provoca la inseguridad, venía de fuera y Guanajuato era un tiradero de cadáveres.

La realidad se impuso frente al “suministro” de Seguridad Pública y la Procuración de Justicia dirigido por los 2 hombres fuertes de 3M y ahora del actual gobernador, Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa Aguirre, respectivamente, una pareja que se volvió la piedra en el zapato del sexenio. Por cierto, Miguel Márquez antes de entregar el cargo, aseguró que “Escudo fracasó”. Los personajes resultaron - el segundo ya como fiscal-, el parámetro de la inseguridad en el territorio guanajuatense y las tres décadas del PAN en el poder de Guanajuato.

Topografía.

Agrimensura. ¿Representantes populares?

Tal y como se previó, la sesión de la Diputación Permanente en el Congreso del Estado se coinvirtió en escenario de recriminaciones entre Morena y el PAN, tras la violencia desatada en la noche de terror del martes pasado.

Pero, si Usted cree que el debate se dio en defensa estricta de la seguridad e integridad de los guanajuatenses, se equivoca, en realidad los legisladores participantes en la discusión se preocuparon por defender a sus liderazgos políticos, en el caso de los morenos, al presidente Andrés Manuel López Obrador y su “estrategia”, que fue nombrada en la sesión como la de “abrazos y no balazos” y en el caso de los panistas, por enésima vez poniendo la cara en nombre de Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública estatal, y el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, de quienes se pidió su destitución por parte de los rojo marrón.

Por el lado de los morenos, la acometida fue llevada por el coordinador de la bancada del partido en Poder de la República, el silaoense Ernesto Millán, y por el leonés, David Martínez Mendizábal, quien, aflorándole la pose académica, llevó su reclamo al grado de pedir “exquisitez” en el uso del lenguaje de su contraparte albiazul, a quienes descalificó por su uso de las palabras. Ambos legisladores, que iniciaron exhortando lo que piden muchos guanajuatenses a sus autoridades, información precisa de los hechos, terminaron con calificativos a los funcionarios sobre los que piden destitución, pero también descalificando a sus pares, olvidando el punto nodal de su exigencia.

Por el lado de los panistas, Jorge Ortiz y Armando Rangel, se fueron sobre los rojo marrón al criticar la estrategia de AMLO y recriminarles que jamás aceptan revisar lo que está mal en el plano federal, haciendo “la defensa a ultranza” de lo hecho por el gobierno estatal.

En ambos casos, los diputados de Morena y el PAN, se olvidaron de las víctimas. Nadie pidió por la reparación de sus daños, ante las deficiencias en el suministro de la seguridad estatal y federal, ni el llamado a cuentas concreto, ante el Poder Legislativo, de los responsables de preservar el orden en Guanajuato. Fue sacar la raja política, infértil, al reducirse a la mera lucha de contrarios. No fueron representantes populares.

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