Rosa de los Vientos del 09 de febrero de 2023, por Israel López Chiñas

Última promesa del presidente López Obrador y Gobernador Rodríguez Vallejo, para proveer seguridad a guanajuatenses

Aunque los tres órdenes de gobierno están mandatados por la Norma de suministrar seguridad pública a sus gobernados, es una práctica en el Sistema Político Mexicano que los representantes, federal, estatales y municipales prometan en el ejercicio del poder proveer esa seguridad. Lo fatal es que las ofertas se incumplen, los problemas no se superan y se entregan como herencia a la siguiente administración; la violencia e impunidad en el sexenio en el país y del estado de Guanajuato de no atenderse este año corren el gran riesgo de pasar la frontera del 2024.

Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, debido a la gran necesidad que les impone la carencia de la seguridad pública a fin de cumplir con el mandato constitucional, la urgencia por superar las etapas electorales como la exigencia de sus gobernados por recibir ese servicio, acordaron un nuevo pacto para analizar las Estrategias en la materia en el territorio guanajuatense en la gira del Primer Mandatario nacional por el estado gobernado por panistas en varias décadas.

“La ocasión la pintan calva”. Si se revisa la agenda de las actividades oficiales del gobernador panista, Rodríguez Vallejo, el próximo 2 de marzo, entregará su Quinto Informe de Gobierno al Congreso del Estado y dará un mensaje al pueblo que representa. Podría ser la gran la oportunidad de presentar la Estrategia que se estará aplicando en la última etapa del sexenio 2018-2024 que le corresponde gobernar; al igual que López Obrador, quienes entregarán el poder en el mes patrio, septiembre del próximo año. Diego Sinhue, podría aprovechar dentro de tres jueves, para entregar la respuesta más esperada para enfrentar la criminalidad, como en su primer informe cuando sustituyó el Proyecto Escudo de su antecesor por el Golpe de Timón de su Plan de gobierno.

Ahora sí, en defensa propia y sin abogados defensores, los mandatarios cumplan con la oferta, y se espera que a la "primera conformidad" materialicen un Plan General para que la entidad, que durante más de tres años ha permanecido en el primer lugar nacional con el mayor número de homicidios, pueda ver la luz del túnel. La población de sus 46 municipios con amplio corredor industrial (El Bajío) de cinco ciudades industriales, León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya, amén del Producto Interno Bruto, superior a la media nacional, puedan recrear la esperanza de superar el gravísimo problema de la inseguridad y planear para el futuro.

En esta última versión de una promesa del presidente de la República y el gobernador de Guanajuato, como lo mencionó el pasado sábado 4 Andrés López Obrador en calidad de huésped “revisarán las estrategias de seguridad” en territorio guanajuatense; y que por ello, volverá sobre sus pasos próximamente a la entidad.

Por su lado Sinhue Rodríguez Vallejo, anfitrión, de volada le tomó la palabra y espera la ocasión para el retorno al diálogo; en ese sentido el interés de partes se plasmó en una especie de “palabra empeñada” que se espera cumplan los dos mandatarios en lo inmediato, pues la violencia y la impunidad resultan cuestiones que no pueden esperar más; el total de las víctimas y la falta de justicia son claves.

Algo curioso emergió de la posibilidad de enfrentar de la mejor manera la inseguridad en los municipios con “alta densidad” de población en el territorio guanajuatense, donde el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, General de División DEM, de cuatro estrellas, Luis Cresencio Sandoval, requirió urgentemente que los cuerpos policiacos estatal y municipales, además, de formarlos con el número indicado por el Acuerdo Internacional de Naciones Unidas signado por México, se profesionalicen para actuar en los operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Entonces, no es sólo operar vinculados.

Por cierto, se esperó que durante el fin de la semana pasada, AMLO le entregará a los gobiernos, estatal y municipales, la Estrategia Especial para su aplicación en el Corredor Industrial del Bajío, como lo ofreció en una de sus mañanera el pasado mes de diciembre 2022, sin embargo no apareció la nueva Estrategia, pero sí la nueva promesa para que se logre la seguridad pública en Guanajuato.

Aunque durante esta última etapa, seguramente no habrá ni “salida airosa” al problema ni se aceptarán “palabras incumplidas”, seguramente, si las tres instancias no logren la paz social, vendrán las respuestas compensatorias como las críticas para las partes junto a los señalamientos de falta de capacidades para hallarles respuestas a los problemas.

Al Calce. Algo rarísimo le sucedió al diputado panista, Rolando Alcántar Rojas, quien aprovechó la oportunidad política – visita del presidente López Obrador-, en la cual ofreció un diálogo “entre los representantes” de los poderes, federal y estatal, para revisar la Estrategia de seguridad en la entidad con el fin de superar la violencia, para saltar sin sentido y sin resorte para ello. No lo llamaron los Ejecutivos, pues es un legislador que no tiene conocimientos en la materia (lo quitaron de la presidencia de la Comisión de Seguridad del Congreso Local); bueno, ese diputado al que expulsaron con caja destemplada, no podría tercear entre los Ejecutivos, amén de que ni AMLO ni DSRV han descubierto la nueva Estrategia. Rolando, pronosticó, el cambio “consistirá en simplemente aumentar el número de elementos de la Guardia Nacional o del Ejército Mexicano” en el estado. Sólo le resta a Alcántar “que se mete Juan… Copete”.

Topografía.

Altimetría. El ombudsman

Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), ha puesto bajo la luz del escrutinio público al Congreso del Estado y su compromiso por la fiscalización de las autoridades en la entidad, en lo que toca al cumplimiento de sus responsabilidades para la protección de los derechos humanos.

Haciendo uso de la posibilidad que le ofrece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Local y la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el estado de Guanajuato, pidió al Congreso del Estado hacer comparecer al presidente municipal de San Diego de la Unión, Juan Carlos Castillo Cantero, electo en 2021 con la representación del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), por actos cometidos en contra de una regidora del Ayuntamiento de San Diego de la Unión en el período 2015-2018, siendo él la autoridad responsable.

En aquella ocasión, Juan Carlos Castillo Cantero había sido electo como alcalde bajo las siglas del PRI. Era uno de los muchachos de Gerardo Sánchez. Luego de años de revisión a una denuncia de agresión, el pasado mes de agosto del 2022, la PRODHEG le estableció recomendaciones al edil, las cuales rechazó.

Esta será la primera vez que el ombudsman guanajuatense aplicará este instrumento que le dan las leyes para llamar a cuentas al funcionario, vía Congreso del Estado, para que en la Comisión de los Derechos Humanos, que preside el morenista David Martínez Mendizábal, sea llamado a cuentas Castillo Cantero para justificar su decisión de no aceptar la recomendación.

De Vicente Esqueda se espera que despunte este año en su calidad de ombudsman, que este caso no sea el único y se llame a cuentas a otros funcionarios sin distingo de partido y haga de la Procuraduría de los Derechos Humanos el canal para la justicia en el estado de Guanajuato.

Los congresistas, ante la petición, también pasan a la balanza. La ley les permite decidir si llaman o no al alcalde sandieguino, pero si no lo hacen, irán contra el espíritu de la ley y forjarán una suerte de inmunidad en aquellos que no acepten recomendaciones sin decir más. Relanzar este sistema de defensa de los derechos humano "está sobre la mesa".

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