Exige Colectiva reformar Ley Minera por laxa, dando lugar violaciones de derechos; Guanajuato afectado
Cuando bajaban las intensidades del debate sobre la reforma electoral constitucional y se empezaron a generar espacios para dimes y diretes entre senadores y diputados por la reforma para que los trabajadores obtengan Vacaciones Dignas de 12 días, pues los diputados morenistas pactaron con los patrones posponer la reforma, en busca de anular los efectos inmediatos de la propuesta, organizaciones que integran la colectiva “Cambiémosla Ya”, hicieron un llamado a los legisladores federales para que reformen la Ley Minera porque su redacción actual da lugar a “constantes violaciones de derechos humanos y los derechos colectivos de las comunidades y los pueblos, además, de la destrucción del medio ambiente”. Una tarea compleja pero “necesaria”.
Los peticionarios desvelaron otras cuestiones de la industria minera, porque están utilizando -indistintamente para exploración y explotación- y les están dando acceso preferente al agua y a la tierra sin importar si los territorios pertenecen a comunidades o ejidos y las actividades que llevan a cabo en ellas. Los representantes de esa agrupación, Beatriz Olivera, Jorge Peláez, Berta Cáceres de Clínica de Justicia ambiental, Maira Olivo y Cecilia Navarro de Fundar, dijeron que en la actualidad, las concesiones que se otorgan con la ley tienen duración de 50 años prorrogables a otros 50. La realidad de los estados mineros en el país.
Tomando en consideración las denuncias de los trabajadores como de las comunidades, la industria minera genera la serie de condiciones que afectan a la población. En el estado de Guanajuato, de acuerdo a datos dados por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se ubica en el séptimo lugar nacional en la producción de oro y es décimo tercero de producción de plata. En 2021, el valor total de la producción minera es de alrededor de 2 mil millones de pesos, lo que representa el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal.
El gobernador Rodríguez Vallejo, en el tradicional desayuno con los mineros de Guanajuato, el pasado 24 de junio en el marco de las Fiestas de San Juan y Presa de la Olla, ratificó su apoyo al sector minero y llamó a cerrar filas para que esta industria no desaparezca. Agregó que durante los últimos años la industria minera ha avanzado en tecnología y cuidado del medio ambiente, pero sobre todo en las medidas de seguridad para los trabajadores, y con ello se salvaguarda su integridad para puedan lograr mejor calidad de vida.
En el sexenio pasado se pretendió resarcir los daños provocados por la industria minería. Se creó un Fondo Minero con 2 por ciento del Impuesto Minero, para obras en las comunidades mineras; recursos para agua potable, electrificación, pavimentación y caminos rurales; la idea de bote pronto, regresar algo a los comuneros. Sin embargo con la llegada de la austeridad, Cuarta Transformación, quedó cancelado. Fue cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló tres fondos: el Minero, el Fortaseg por seguridad pública y de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad con la finalidad de darles mantenimiento.
Se puede deducir que por ello la Federación y entidades con minería, casi no quieren que les toquen las normas y acuerdos para no alterar la relación, aunque los daños al medio ambiente como a los comuneros donde se ubican las minas resultan altamente afectados; hay diversos estudios de efectos avivados por la minería; con base a lo socializado por “Ambiente ¡Adelante! El Medio Ambiente/ Naturaleza/ Humanos”, pueden causar erosión del suelo, sumideros, pérdida de biodiversidad y la contaminación de la superficie, el suelo y recursos de agua dulce.
Los estudios concluyen que la minería es una de las ocupaciones más “peligrosas en el mundo en términos de lesiones y muertes, y también debido a los efectos de salud a largo plazo asociados con ella” como son los problemas respiratorios, neumoconiosis, asbestosis y silicosis.
De ahí la razón por la cual los gobiernos de los tres niveles, deben ser los primeros en retomar la exigencia de reforma a la ley Minera exigida por colectiva ¡Cambiémosla Ya! debido a la importancia de la industria minera en el país y tendencia al alza impuesta por las necesidades de la industrialización como los avances electrónicos y tecnológicos que requieren minerales valiosos y otros materiales geológicos de la tierra. O sea, aprovechar las demandas sin olvidar los problemas asociados.
La colectiva también aseguró que “la ley minera vigente es una de las más abusivas y laxas en el mundo, legaliza el despojo de territorios y bienes naturales de pueblos y comunidades privilegiando intereses de los concesionarios mineros que provoca una violación sistemática de derechos. Por todos los argumentos expuestos pidieron la inmediata modificación de la ley, porque el territorio concesionado son alrededor de 18 millones de hectáreas, pero la información no es transparente respecto a las concesiones. Actualmente se considera que hay 25 mil concesiones.
El estado de Guanajuato cuenta con 613 de las concesiones mineras federales que amparan 249 mil 398 hectáreas, principalmente de oro, plata, fluorita y zeolita, distribuidos en los municipios de Guanajuato, Dolores Hidalgo, Juventino Rosas, Salamanca, Comonfort, León, San Felipe, San Luis de la Paz, Victoria y Xichú. Diez de los 46 del estado.
Topografía.
Agrimensura. ¿Nadie por encima de la ley?
Desde Campeche, tierra de Layda Sansores, gobernadora por Morena, y Alejandro Moreno “Alito”, exgobernador y dirigente del PRI nacional, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, parece darse por vencido en cuanto a su reforma constitucional para eliminar al INE al haber informado que este martes estará enviando al Congreso de la Unión su “Plan B”, nueva propuesta para reforma, sólo que esta vez a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la que se esperan argucias para que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sus magistrados aliados, no se decrete la mayoría necesaria para señalar inconstitucionalidades, y así, burlar la Carta Magna.
Por el momento, no hay espacio para la duda, si fuera por él, dinamitaría totalmente las instituciones mexicanas junto con su sistema político y constitucional.
Aquel juramento, al protestar como presidente de la República el primero de diciembre de 2018, donde se comprometía a cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, ha sido traicionado, no una sino muchas veces, tanto como aquel otro compromiso dado en su discurso de apertura del sexenio: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Al final, para su propósito, la Cuarta Transformación, el Estado de Derecho, estorba, y cuando es necesario se interpreta a modo y, sobre todo, sin sustento.
El último episodio se ha dado en torno a la exigencia hecha a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Pardo, una de las corcholatas “predilectas” del residente de Palacio Nacional en la carrera por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República, por parte del Instituto Nacional Electoral, donde le requiere indicar por escrito si ella es o no la responsable -autora y ejecutora- de la campaña nacional de propaganda -que no publicidad- a su favor, con bardas y hasta espectaculares con su imagen y la frase #EsClaudia, que está sirviendo de posicionamiento para que sea conocida fuera del territorio de la CDMX; esto, en aras de que sea reconocida a la hora de las encuestas que servirán para justificar la decisión que tome el presidente a la hora de que se nomine a quien represente a Morena, hablando en plata.
La lógica del INE era sencilla y hasta noble para Sheinbaum Pardo, permitir que ella afirmara que no tiene vinculación con esa campaña, porque de tenerla, estaría violando la Constitución y la Ley Electoral del país, con actos anticipados de campaña, que podrían inhabilitarla, dado lo grotesco del posicionamiento de su imagen.
Esta normatividad restrictiva, por cierto, fue creada gracias a las exigencias, primero del PRD y luego Morena, a lo largo de estas últimas tres décadas, acusando al PRI, que estaba en el poder, de abusar de su estancia en el gobierno para promover candidatos.
Y en lugar de que Claudia Sheinbaum simplemente se desmarcara, hizo evidencia de mea culpa, al lanzarse contra el INE afirmando que le restringían sus derechos políticos de forma ilegal, con alevosía, con el deseo de dañarla. Hay de dos sopas: la gobernante de la CDMX no conoce la ley y sus asesores jurídico-electorales son unos totales ignorantes, o, de plano, en la plena cúspide del autoritarismo, se cree que esas leyes no se deben respetar, porque hay metaderechos especiales para ellos por ser de la 4T, y de paso, agredir al INE, instancia objetivo de destrucción por parte de Morena y AMLO.
El remate presidencial vino este lunes. El dúo dinámico de las mañaneras: Andrés Manuel López Obrador, presidente, y su vocero, Jesús Ramírez, acusaron al INE de “violación flagrante de los artículos sexto y séptimo de la Constitución –sobre la libertad de expresión– al imponer medidas cautelares a Claudia Sheinbaum, por supuestos actos anticipados de campaña. Olvidaron leer los artículos en la Constitución en materia electoral y restricciones a funcionarios, 41 y 134. Amén de que no se le prohíbe a la aspirante Sheinbaum a ejercer sus libertades, sino a desmarcarse de ilegalidades.
Indudablemente que no se trata de que el presidente no tenga a la mano la Consejería Jurídica de la Presidencia para asesorarlo, dejando espacio a la duda sobre si la consulta yéndose de forma silvestre en sus interpretaciones sobre la ley o de forma franca busca agraviar al INE con todo el dolo y sin apego a la verdad. El tema está al debate.
En Guanajuato, las bardas de Claudia Sheinbaum son muchas, como también han comenzado a realizarse eventos promocionales de otros aspirantes de Morena, además de que hay quienes están pagando encuestas para posicionar o para medir posibilidades de aspirantes a cargos estatales al interior de los partidos, sólo que, en este caso, la vista del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es, al parecer, mucho muy corta o temen indagar.