LEA deslinda responsabilidad: Cristina Márquez decide si hay sanción penal a conductores ebrios, hoy guardada bajo llave
La respuesta compensatoria en el Congreso del Estado a la muerte de los jovencitos Aldo Yahir Zamora y Luis Hassiel González, ambos de 17 años, la madrugada del pasado 23 de mayo en León, al ser embestidos en un auto de su trabajo por otro vehículo a exceso de velocidad, que no respetó un semáforo con luz roja, conducido por otro joven en estado ebriedad, fue dada ayer desde el Grupo Parlamentario del PAN que va por una "reforma penal" para elevar las penas de quienes, como en este caso, sean responsables por homicidio culposo.
Y esto es, porque a la indignación que ha causado los casos entre la población, se sumó la furia de la familia, amigos y miles de personas más en redes sociales, al saberse que el responsable de la muerte de Aldo y Hassiel permanecía sin estar tras las rejas. Las versiones fueron muchas, desde que estaba libre bajo fianza, porque el juez clasificó los hechos como “no graves”, basándose en el Código Penal que precisa una condena baja.
No faltó quien quisiera sacar raja política de los hechos, aduciendo una falsa relación de consanguineidad del causante del choque con la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, obligando a que el mismísimo secretario del Ayuntamiento, Jorge Daniel Jiménez Lona, saliera públicamente a desmentir esa aseveración que ganaba fuerza en redes sociales.
Todo esto, mientras en alguna gaveta olvidada de la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Laura Cristina Márquez Alcalá, reposa en espera de una caja de archivo, por lo que parece, la iniciativa del Ayuntamiento leonés para imponer sanciones de orden penal a quienes conduzcan en estado de ebriedad, es decir, dejar atrás las sanciones administrativas, que en realidad sirven en varios municipios como recaudatorias, y optar por la pena de cárcel hasta por un año con retiro permanente de licencia para conducir a quien se atreva a manejar en estado de ebriedad y sea detenido por la autoridad municipal, siendo entregado al Ministerio Público y de ahí ante un juez.
La medida que busca la prevención del delito existe en varias partes del mundo desarrollados y en algunos estados de la República. Así que antecedentes legales para su implementación en México existen.
Pero en tanto en la Comisión de Justicia se decantan por terminar el proceso legislativo con la iniciativa impulsada por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, el diputado panista Rogelio Alcantar presentó este jueves una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato para castigar con mayor severidad, en caso de homicidio y lesiones culposas, a quienes sean responsables de ello al conducir un vehículo bajo influjo de bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
No se trata de evadir el tema de la sanción penal a los conductores borrachos, más preventiva, indican dentro del Grupo Parlamentario del PAN, deslindándose además de lo que esté sucediendo en la Comisión de Justicia, sino de cerrar la pinza, durante esta etapa del problema.
La propuesta marca, en el caso de homicidio y lesiones culposas, el aumento de la pena mínima a cuatro años y la máxima a 11 años de prisión. Además, de cancelar definitivamente la licencia para conducir vehículos de motor expedida legalmente por el estado. Y si el homicidio y las lesiones culposas son cometidos por un prestador de servicio de transporte, se cancelen las concesiones y permisos de sus diversas modalidades.
El iniciante y sus compañeros creen que con la propuesta también se abona para generar conciencia en el manejo responsable de vehículos, alejar del camino conductas de riesgo que puedan cobrar vidas y la protección del derecho humano a la movilidad y de la seguridad vial.
Luis Ernesto Ayala Torres, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, ayer fue enfático en señalar que no se busca dejar en el olvido la iniciativa, pero dejó en claro que no está en manos de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que preside, presionar a una comisión para que saque su trabajo legislativo, avisando, eso sí, que es Cristina Márquez la que tiene la palabra.
Topografía.
Planimetría. ¿Se va Mario Bravo?
Tres días antes de tomar posesión como alcaldesa de León, la panista Alejandra Gutiérrez Campos, ratificó a Mario Bravo Arrona, en el cargo de secretario de Seguridad Pública, quien, desarrollaría un nuevo modelo de seguridad. Sin embargo, el lunes pasado, 19 meses después de aquel 7 de octubre de 2021, comenzó a revisarse su salida de la corporación porque los resultados esperados, a favor de la paz social en la zapatera, no llegaron.
Precisamente en el marco del análisis de la actuación de Bravo Arrona, sobrevino el alza de los homicidios dolosos para recrear un “Día Negro”, miércoles 31 de mayo con 27 y asesinato que conmovió a los leoneses, el de Gustavo Andrés Cordero Vallejo, asentado primo del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en la colonia Florida, que durante la reacción policiaca provocó cuatro ataques más con saldo de otros cinco muertos.
La posible salida fuera de lo último.
La “dimisión” de Mario Bravo, quien dejaría un encargado de despacho en la SSPL, se comentó que podría generar movimientos en el gobierno del estado, debido a la confianza que le tiene el gobernador Rodríguez Vallejo, cuya seguridad personalidad estuvo en sus manos antes de que Héctor López Santillana le dio la alternativa hace precisamente cuatro años, el 27 de junio de 2019, como titular de Seguridad Pública leonés.
En el proceso de evaluación interna y ajuste que la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez, está llevando a cabo en su administración con la finalidad de prepararse para “enfrentar los problemas” para alcanzar los mejores resultados para los leoneses, desde el 30 de mayo se anunció el cambió en la Dirección de Comunicación Social, la salida de Manuel Mora para el acceso a la posición de Mariana Nieto, a fin de reforzar el proyecto de información social.
Entonces, la permanencia de Bravo Arrona estaba en la mira del círculo rojo que apoya a la también suspirante de la candidatura del PAN a la gubernatura de Guanajuato, Gutiérrez Campos, quien amén de reforzar su gobierno con buenos resultados, también está integrando un equipo para transitar por la política de enfrentamientos que viene más adelante.
También se mencionó que existe la posibilidad de cambiar el secretario del Ayuntamiento, Jorge Daniel Jiménez Lona, con la finalidad de evitar los comentarios picosos en el momento, porque al fedatario se le ubica en la cofradía del exgobernador del estado, controvertido, Juan Manuel Oliva Ramírez, quien se inscribió para hacerle trabajo político a la titular de la Secretaría de Desarrollo social y Humano, Libia Dennise García. Efectos de la complicada lucha por el abanderamiento del PAN en 2024.
Con los movimientos en la administración municipal de León, se anuncia el tipo como la calidad de la lucha entre Alejandra Gutiérrez Campos y Libia Dennise García Muñoz Ledo. El mes de junio que estará marcado con los comicios en los Estados de México y Coahuila sobrevendrán los ajustes entre cofradías albiazules para la lucha clave por la gubernatura.
Al calce. En abril del 2022, la oposición al PAN en el Ayuntamiento, le exigió a la alcaldesa, Gutiérrez Campos, el relevo de Mario Bravo de la Secretaría de Seguridad Pública, debido al incremento de la inseguridad en el municipio. Los líderes de partidos políticos consideraron fallida la estrategia para lograr la paz. Sentenciaron: ¡Es la hora de su salida!