“Agua Sí para Guanajuato”, a 3,5 millones de habitantes en el corredor industrial del Bajío, objetado por agricultores.
El proyecto alternativo “Agua Sí” para Guanajuato, concebido después de que el municipio de León fuera excluido como recipiendario del vital líquido procedente de la Presa de El Zapotillo en el estado de Jalisco, tiene cerca de un año que el gobernador de la entidad, Diego Sinhue Rodríguez, se lo esbozó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien lo aprobó el pasado 12 de octubre durante su visita a Salamanca.
Luego de un mes, en León, el secretario Adán Augusto López prometió públicamente que sería en febrero próximo cuando la Federación firme los acuerdos con el fin de echar andar el Plan “B” para dotar de agua a los municipios en el Corredor Industrial del Bajío. En el evento “Diálogo Abierto con la Sociedad”, Adán Augusto, dijo que 24 mil trabajadores del campo del distrito de riego 011 fueron atendidos y se encuentran firmando la sesión de derechos sobre el agua ante Fedatario Público; debido a que las tomas se harían de la Presa de Solís.
Sin embargo no todo resultó miel sobre hojas ni aplausos, pues existen más necesitados en Guanajuato y sobre todo porque el estado tiene una vocación agroindustrial. Los que tienen “derecho al agua” del embalse, de inmediato, dieron a conocer que el proyecto: “Agua Sí” exhibido por los gobiernos, federal y estatal, para ceder el líquido vital a pobladores de León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya, les resulta “alarmante”.
El impacto de la reunión en el ciudad más grande y la más sedienta en el territorio guanajuatense, llegó de parte del gobernador panista Sinhue Rodríguez Vallejo, quien glosó ante los invitados, que los acuerdos que se signarían posiblemente en dos meses, no será sólo para “tecnificar el campo” sino para “darle agua a 3.5 millones de guanajuatenses en los próximos 50 años”; ese es el tamaño del proyecto Agua Sí. Más allá de la respuesta a la crisis hídrica, el impacto mediático logrado resultó sobresaliente pues zanjaría el problema harto complejo y para el futuro.
El invitado, segundo hombre del gabinete federal, López Hernández, le impuso drama al tema agregando el principio de realidad al indicar, el país “va a afrontar una gran batalla por el agua” y por tal motivo desde ahora se buscará sentar las bases para el uso racionado e inteligente del vital líquido. Un tema que acompañarán los planes en esa materia.
En la encrucijada.
El presidente Andrés Manuel y gobernador Diego Sinhue, frente a las reacciones contrarias al Plan “B” “Agua para Guanajuato” de parte de los hombres del campo y sus familias, tendrán que optar francamente por una “medida salomónica” compartir el agua de la Presa de Solís con habitantes del Corredor Industrial o imponerles la decisión prioritaria.
El representante de la CNC y delegado del Ejido de Cárdenas en el municipio de Salamanca, Héctor Ortega Razo, dio a conocer que los agricultores en el territorio guanajuatense están preocupados ante el proyecto de los dos órdenes de gobierno. Manifestó que una razón de su oposición es que van a seguir llevándose el agua. Por eso quieren que gobierno estatal pida una revisión del convenio de distribución que ya firmó desde hace años, puesto que no hay la información precisa.
El agricultor comentó, queremos que reclame (gobierno del estado) el 50 por ciento del agua que se llevan, para que “se regrese y se quede para el uso urbano de las ciudades en el estado de Guanajuato”; aclaró Ortega Razo, “también tenemos gente que demanda agua para tomar”.
El pasado 8 de noviembre pasado, en Irapuato durante la inauguración de la Expo Agroalimentaria, versión 27 Años, el gobernador Rodríguez Vallejo, habló que el sector primario “es una fortaleza de Guanajuato; es el segundo clúster más importante” pues aporta 17.5 del producto Interno Bruto (PIB) estatal con ocupación de más de 206 mil personas. Así dimensionó de entrada, el tamaño de la “producción en el campo”.
En el desglose de trabajadores, sostuvo que 8 de cada 100 empleos está en el campo. De ahí la importancia de la decisión a fin de obtener una respuesta equilibrada, pues las familias del campo también exigen agua para consumo humano. Una menuda tarea para las autoridades.
Topografía.
Planimetría. Un buen paso
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no debe analizarse en blanco y negro. Como cualquier otra administración, tiene sus claroscuros. Bajo esta visión, así como resulta criticable su anquilosada forma de entender la dinámica económica de México y el mundo, o su autoritarismo que busca anular contrapesos institucionales al poder presidencial, también debe ponderarse su esfuerzo por mejorar las condiciones de los trabajadores mexicanos.
Por vez primera en cincuenta años, la población ha podido observar el fortalecimiento del salario. Por años, los gobiernos siguiendo premisas de protección al empresariado, sobre todo a las trasnacionales que llegaban con sus inversiones porque les era favorable el mercado laboral mexicano frente a los costos en otras naciones, mantuvieron a raya el ingreso de la clase trabajadora. Esto, empobreció en demasía a las familias. Los ingresos resultaban insuficientes y era necesario hasta duplicar turnos o tener más trabajos para poder aspirar a mejores condiciones de vida.
La prueba, para los especialistas, era el desbalance entre la economía formal e informal. Muchos optaban por la informalidad antes que trabajar por salarios de hambre, aun a costa de perder derechos sociales como la pensión de jubilación.
Desde 2019 esto cambió. Con el liderazgo del presidente, se logró que el empresariado nacional aceptara aumentar los salarios mínimos más allá de los incrementos miserables en las últimas tres décadas y, con ello, mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. El beneficio a mediano y largo plazo es fortalecer también el mercado interno, sus trabajadores por fin podrían comprar más bienes y servicios.
El proceso también fue aceptado por el sindicalismo, usualmente sometido a la voluntad gubernamental y aliado con el empresariado, no con sus propios afiliados, los trabajadores. Cabe mencionar, de paso, que la medida encontró apoyo en Estados Unidos y Canadá, donde los trabajadores ganan mucho más y veían como competencia desleal el castigo salarial a la clase trabajadora mexicana.
Para 2023, la tendencia se mantiene, el incremento al salario mínimo de 20 por ciento ha resultado de una decisión unánime “como muestra del compromiso del sector privado con el bienestar de sus trabajadores”, de acuerdo con lo expresado por el empresario leonés, José Abugaber, presidente de la poderosa Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin). Todos los sectores precisan que, esta vez, el aumento fortalece el poder adquisitivo de la clase trabajadora “para compensar el alza de precios que se ha dado por los altos índices inflacionarios”, porque ello fomenta “el trabajo digno y formal”.
La medida tiene sus beneficios para el país, porque a la par de que mejora el poder de compra de los trabajadores, consumen más en beneficio de las empresas. Al mismo tiempo, generan ingresos al gobierno por medio de impuestos que, desde la informalidad, son imposibles de captar; y claro, se fortalece el sistema de pensiones del país, mientras hay para los trabajadores mejores posibilidades de tener una vejez con ingresos seguros y seguridad social siempre.
El INEGI revela que hay 18.2 millones de personas que perciben hasta un salario mínimo; no todos ellos en la formalidad.
Para los gobiernos estatales, como el de Guanajuato, el reto es atraer empresas que paguen mucho más que un salario mínimo. En la medida de que se pague más, con trabajadores mejor capacitados, la economía local también entrará en una dinámica de crecimiento. No lo dude.