Bretes del Día “D” que escoltarán a AMLO para cerrar el sexenio
Los tres conflictos que emergieron en la antesala de la entrega del IV Informe de Gobierno que constituirán la especie de “piedra de toque” para la tercera parte del sexenio 2018-2024 que deberá cubrir Andrés Manuel López Obrador: el sobre costo del doble de la Refinería de Dos Bocas; la posible supresión de la prisión preventiva oficiosa del sistema judicial mexicano y la superación de la cofradía oficial de los senadores de Morena en la Cámara Alta, representan el “llamado a la cordura” para el residente de Palacio Nacional o la cimiente de la crítica para el 2024.
Más allá de la oleada de incumplimientos de promesas de campaña del tabasqueño, porque le cayó “cual anillo al dedo” la pandemia provocada por la COVID-19, a fin de justificar la falta de crecimiento económico del país y la carencia de seguridad pública a la población nacional; o, el hecho de que la gasolina no bajó de precio, pero se subsidia, donde se aplicaron 229 mil millones de pesos de estímulos fiscales de acuerdo al secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. Entre hartos ofrecimientos que no llegan y seguramente no aterrizarán.
Durante dos días de la semana, AMLO defendió la prisión preventiva oficiosa ante la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de desaparecerla; ayer el representante del Poder Ejecutivo Federal, se tomó la libertad de criticar a los ministros –jueces-, quienes dijo quieren cambiar un artículo de la Constitución, utilizó a Diego Valadez, a fin de echarle montón a los togados mexicanos, quien había asegurado que eliminar la prisión preventiva no le compete a los miembros de la Corte.
Se entiende que el papel de la SCJN no es legislar, pero en el debate el presidente acudió a sus amigos y enemigos, aunque debiera de ponerle oídos a lo sucedido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto de la posibilidad de desparecer la prisión preventiva oficiosa en México. El 26 de agosto pasado, los abogados de la CIDH analizaron el caso de Daniel García y Reyes Alpizar, ciudadanos mexicanos que permanecieron en prisión preventiva más de 17 años por presunta participación en el asesinato de una ex regidora de Atizapán en el Estado de México.
Después de ocho horas de análisis, los abogados de la CIDH, resaltaron que García y Alpizar fueron víctimas de violaciones graves por parte del Estado Mexicano, por lo que pidieron reparación del daño y garantías de no repetición. De paso denunciaron es “uso excesivo en México del arraigo” y de la prisión preventiva oficiosa que, aseguraron, mantiene a más de 90 mil personas en la cárcel de manera preventiva, de las cuales el 70 % presenta un rasgo común: son pobres de los pobres.
El resultado de la revisión del caso generó la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno de México, “eliminar la prisión preventiva oficiosa”. La comisionada Esmeralda Arosemena agregó que las personas en el caso, García y Alpizar, sufrieron de detención arbitraria que además viola el “principio de inocencia”.
Así, la embajada para el presidente López Obrador. La CIDH sentenció, las "restricciones constitucionales no pueden prevalecer sobre la Convención Americana ni la interpretación de este mismo tribunal si son éstas más protectoras".
Conflicto interno por sucesión
El freno que los opositores a Morena en el Senado de la República a la propuesta oficial del partido rojo marrón tiene un tufo de implosión, más que la obra maestra de los adversarios del partido del presidente López. Y podría estarse mechando una carga explosiva en la Cámara Alta en la lucha corcholatera organizada por el factótum desde Palacio Nacional que inició con la atomización de la militancia en grupos de interés, con el riesgo de ahondarse, mientras el juego de dónde quedó la bolita sigue y los resultados de la mano amiga se reflejen en encuestas de opinión.
El bloque de los senadores del PAN, PRI, MC, Grupo Plural y PRD, dijo que no votaría por el candidato del partido Morena a presidir la Cámara, Alejandro Armenta, exigieron negociar con el grupo mayoritario otro de su bancada que pudiera generar el consenso; se habló de inmediato de fuego amigo de parte del coordinador de bancada, Ricardo Monreal. Lo manifiesto y lo latente, la lucha interna entre “los rojos estará a peso”.
La obra maestra
La recreación de la atención con tendencia a escándalo, es el tema de la Refinería de Dos Bocas, una obra pública bandera de la 4T que lleva la carga de volver la producción petrolera nacional la llave para colocar al país en el camino del crecimiento económico, le está costando a los mexicanos más del doble de lo proyectado; aunque la Federación no ha logrado explicar la razón, AMLO sostuvo que no hubo mano negra como en el pasado aunque hace falta aplicar la batería de auditorías a la obra.
La nota que trascendió las fronteras nacionales a fin de inscribirse en el orden internacional, el gobierno de México reconoce que existe sobre costo multimillonario en la refinería de Dos Bocas, que incluso jalonará el costo a 18 Mil Millones de Dólares, más del doble del inicial; una de las tres obras públicas símbolos del sexenio: AIFA, Tren Maya y Dos Bocas, ya inaugurada que se erigió como especie de Waterloo para el presidente López Obrador que lo acompañará hasta cerrar su sexenio.
Topografía.
Planimetría. Un derecho humano
Es indudable que, en México, como en otras partes del mundo, la disposición de agua para consumo humano se está convirtiendo en un problema cada vez más grande, a la vez que resulta un derecho a garantizar por el Estado en favor de su población, donde no caben criterios que permitan la discriminación de los núcleos de población en la dotación del vital líquido.
En Guanajuato, por añejas disposiciones legales que pugnaban por impedir el desarrollo irregular de asentamientos, y de paso la protección de intereses creados en torno a grupos de fraccionadores, los gobiernos municipales se han visto impedidos legalmente a la introducción de servicios básicos en esos poblados. Algo que es necesario cambiar, al menos en lo que corresponde al agua potable, en virtud de una reforma constitucional que obliga a la autoridad a proveer dicho servicio a toda persona.
Han sido los municipios de León e Irapuato, donde dos alcaldesas, Alejandra Gutiérrez y Lorena Alfaro, a diferencia de sus antecesores varoniles, desde hace meses están pugnando porque el Congreso modifique las normas estatales y facilite la intervención municipal para hacer cumplir este derecho humano.
Ayer, precisamente en Irapuato, las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y Social y de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Congreso local analizaron en una mesa de trabajo, con presencia de Lorena Alfaro, la iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN, que busca que las y los guanajuatenses que viven en asentamientos en proceso de regularización cuenten con servicios de agua y drenaje. La alcaldesa de La Fresera no dejó pasar la oportunidad para reiterar que ya no se puede eludir esta responsabilidad del Estado y que se necesita dotar a los municipios de elementos para garantizar el abasto de agua en todos los asentamientos.
Al mismo tiempo, desveló que la reforma permita también integrar a las colonias y los fraccionamientos a un proceso de regularización gradual. Para Lorena Alfaro, no caben las medias tintas. Su participación en la reunión abrió cauces para que el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, Miguel Ángel Salim, adelantara que, ante los consensos que se han ido logrando y el apoyo de los municipios, la iniciativa pueda ser puesta ante el Pleno con un dictamen favorable y ser aprobada en el próximo período ordinario de sesiones, con modificaciones al Código Territorial y al Código Penal.
No hace falta mucha ciencia para inferir que el cambio de bandera panista, que por treinta años se cerró a estos mecanismos de justicia social, por proteger intereses concretos de los fraccionadores, es una forma de evitar el estallido de una bomba de tiempo, sobre todo en las urbes más grandes de la entidad. La lucha por el agua es patente cada día y los conflictos entre la ciudadanía y autoridades van en aumento.
Una generación de panistas, con mayor sensibilidad social, como Lorena Alfaro, ha logrado quitar la venda de los ojos a los personajes albiazules como Guadalupe Vera. Buscar equilibrios antes que cercenar posibilidades. Seguir la vieja ruta, es perder la "base social y al partido".