No se tienen suficientes policías para la seguridad en Guanajuato
En un espacio de 7 meses dos instancias federales le comunicaron al gobierno de Guanajuato, encabezado por Diego Sinhue Rodríguez, que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), a cargo de Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública estatal, carecen de personal suficiente para proteger a los guanajuatenses, a pesar del apoyo de la Guardia Nacional. Aunque la Federación no coadyuva para fortalecer las FSPE ni aumenta personal de la GN y los 46 municipios no reciben recurso de FORTASEG, subsidio para fortalecer la seguridad pública.
El problema es grave pues la comisión de los delitos aumenta, pero las fuerzas para prevenirlos, encararlos o perseguirlos disminuyen debido a la existencia de otras prioridades en la República o en las entidades, donde la autoridad recrea una realidad a base de golpes mediáticos. Con el FORTASEG, el espacio en donde la realidad toma forma con el desarrollo de los sectores sociales y sus problemas, no aterriza ahora el fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura de instituciones de seguridad pública para prevenir la violencia y delincuencia, además de la capacitación en los derechos humanos y de igualdad de género.
La compilación
Durante la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al estado de Guanajuato desde la instalación de la XII Región Militar en el municipio de Irapuato, el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, frente al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, descubrió que la entidad tenía un “déficit de 7 mil 164 entre los policías del estado y los municipales” de acuerdo con estándares de seguridad pública, en
especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En la parte de precisiones, durante esa mañanera, Luis Cresencio, dijo que la policía estatal junto con la municipal hacían un total de 11 mil 336 elementos. Considerando lo que contempla la ONU que se debe de tener se tiene “un déficit de 38.7%, y según esas tablas de la ONU debiera Guanajuato contar con un total de 18 mil 500 policías”.
El aviso resultaba de emergencia, SOS, pues el estado había ocupado en el mes anterior, octubre del 2021, el primer lugar a nivel nacional de los homicidios. Cresencio Sandoval, de paso, espetó que el secuestro, la extorsión y el total de delitos de Alto Impacto estaban a la alza en el estado; mientras el robo de vehículos, a casa habitación y la trata de personas tenían tendencia a la baja.
El 28 de junio con base al conteo nacional, Guanajuato sumaba 14 mil 747 asesinatos durante el sexenio 2018-2024 que comparten Andrés Manuel y Diego Sinhue, y contaba con el antecedente de que mayo fue el mes más violento del año, y el estado gobernado por el panismo continuaba en el primer casillero del país en asesinatos. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en su informe “Finanzas públicas locales: hacia una nueva coordinación fiscal”, cantó, la entidad a pesar de tener el porcentaje más alto de carpetas de investigación abiertas trae apenas 60 policías por cada 100 mil habitantes para suministrar seguridad.
Ante las carencias
La falta de recursos de la Federación y de la entidad para fortalecer el municipio en materia de seguridad pública, está produciendo carencias de diversa naturaleza; pero sobre todo crecimiento y capacitación para el desempeño de la actividad policial, sin esquivar, la falta de personal, de equipo, hasta armamento y municiones, es responsabilidad de los municipios pero también de las entidades y Federación. El asunto que deben analizar y decidir los diputados, federal y local, de inmediato.
Topografía
Agrimensura. La lucha intestina
Desatados los demonios en Morena, ni siquiera los municipios que gobiernan los rojo marrón se escapan de la toma de decisiones políticas basadas en los intereses de grupo o por anteponer el interés de su supremo líder por encima de las necesidades de la población, eso sí, argumentando una “austeridad republicana” que, en efecto, ya transita a la condición, no de pobreza, sino de “miseria franciscana”.
En el Congreso del Estado, esta forma de actuación política se hizo evidente esta semana, al negarse la representación de Morena a avalar la solicitud de deuda pública que formuló a nombre del Ayuntamiento de Silao, el alcalde Carlos García Villaseñor, emanado precisamente de Morena. En la Comisión de Hacienda y Fiscalización, la diputada de origen sinaloense, Alma Alcaraz Hernández, optó por no atender las necesidades particulares de los silaoenses y del gobierno municipal rojo marrón, votando en contra, metiendo en un paquete general de negativas a sus compañeros de partido que pensaban que estaba con ellos. Para ella hay tabula rasa.
Han sido los diputados del PAN y del PRI quienes han salido en auxilio de García Villaseñor, aprobando su solicitud, misma que este jueves será abordada en el Pleno del Congreso Local.
Entre los morenos la explicación no tiene mayor secreto. Siendo que prácticamente al aspirante a la candidatura presidencial, el senador Ricardo Monreal, se le considera fuera de Morena, por no alinearse a lo que dice el residente de Palacio Nacional, por regla general se le aplica mismo criterio a sus seguidores, siendo uno de ellos Carlos García Villaseñor. Y hay quien especuló que con el recurso solicitado podrían subirse los bonos del zacatecano.
Con lo que no contaban es que panistas y tricolores avalaran la deuda por 35 millones de pesos. Ahora, este jueves hay la curiosidad por verse quiénes de los diputados de Morena están con Carlos García Villaseñor y quienes contra Monreal. Eso sí, siguiéndose la praxis de Palacio Nacional “mandando al diablo” esta vez, “a los silaoenses”.