Lo legal, por Azul Etcheverry Aranda
- La Noticia al Punto
- 20 jul
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En los últimos años, la extradición de líderes del crimen organizado mexicano a Estados Unidos ha capturado la atención mediática y política. Más allá del impacto judicial, estos casos han comenzado a redibujar los contornos del derecho penal internacional y, al mismo tiempo, han marcado momentos decisivos en la compleja relación bilateral entre México y Estados Unidos.
La práctica sistemática de trasladar a capos mexicanos para ser juzgados en cortes estadounidenses, como ocurrió con Joaquín “El Chapo” Guzmán o recientemente con Ovidio Guzmán, ha sentado precedentes jurídicos, diplomáticos y operativos. Se trata no solo de cooperación bilateral en materia de justicia, sino de un modelo emergente de cómo los Estados pueden compartir responsabilidad frente a crímenes que cruzan fronteras. Sin embargo, también plantea preguntas: ¿cuáles son los límites de esta cooperación? ¿Qué papel debe jugar el derecho internacional público?
En este contexto, conviene recordar que México tiene una larga y sólida tradición en el derecho internacional, en particular en el ámbito del respeto a la soberanía, los derechos humanos y los procedimientos diplomáticos. El caso Avena ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde México demandó a Estados Unidos por violaciones al debido proceso de sus nacionales condenados a muerte, fue un momento emblemático. México ganó. Y no fue un triunfo menor: se trató de una afirmación clara de que la diplomacia jurídica puede ser tan efectiva como la diplomacia política.
Esa experiencia no fue anecdótica. Reveló una capacidad técnica, legal y estratégica que México puede seguir aprovechando. Frente a los desafíos actuales —como el combate al crimen transnacional, el tráfico de armas o de personas—, México tiene la posibilidad de poner sobre la mesa algo más que cooperación operativa: un marco legal, coherente, internacionalmente respetado, que puede equilibrar la relación con Estados Unidos desde una posición de conocimiento y legitimidad.
Este expertise jurídico puede ser usado para proponer mecanismos de corresponsabilidad más estables y equitativos, que reduzcan las tensiones políticas y económicas recurrentes. Washington necesita resultados, sí, pero también necesita socios que comprendan y respeten el derecho. México, con su tradición jurídica y su experiencia en foros multilaterales, puede convertirse en ese interlocutor confiable.
Más aún: si México logra traducir este conocimiento en acciones concretas —como tratados de cooperación judicial más eficaces, protocolos binacionales de investigación o incluso tribunales regionales especializados—, podría ayudar a disminuir las presiones migratorias y comerciales que muchas veces se activan como respuesta a la percepción de que México “no hace lo suficiente”.
En tiempos de polarización y discursos duros, el derecho internacional aparece como una herramienta silenciosa, pero poderosa. México tiene con qué liderar desde la ley, no desde la imposición. Y eso puede redefinir, otra vez, su lugar ante Estados Unidos y ante el mundo.
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