El próximo 1 de agosto se llevará a cabo la consulta popular promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que pretende definir si se debe investigar y juzgar a expresidentes previos a su mandato, como parte de su proyecto de combate a la corrupción y resarcir daños causados como consecuencia de estos malos gobiernos.
Para ello, el INE será el órgano responsable de la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de dicha encuesta. Para dicho fin se tiene prevista una inversión de poco más de 500 millones de pesos, provenientes de las arcas del Instituto, de los 1499 millones que el INE previó requerir para implementar este ejercicio ciudadano.
Ante esta situación, el organismo presentó una controversia a finales del año pasado ante la omisión del Congreso de asignar recursos, en tanto que la Suprema Corte de Justicia determinó que estas tareas deberán ser cubiertas con el presupuesto disponible. El tema es que este año se llevó a cabo uno de los mayores procesos electorales de la historia, por lo que las exigencias y alcances de este mecanismo de consulta serán muy limitados.
Por su parte, el presidente no perdió la oportunidad para volver a desacreditar el funcionamiento del INE, con el pretexto de que los Consejeros perciben mejores salarios que el suyo y no tienen los recursos para lo fundamental. En ese sentido, vale la pena señalar que fue la actual administración la que no asignó los fondos anticipadamente al Instituto desde el año pasado que se promovió la encuesta.
Como consecuencia, el INE tendrá que echar mano de sus propios ahorros por un monto mayor a los 500 millones de pesos, que se traducen en la instalación de 50 mil casillas, sólo una tercera parte de las presentadas en las recientes elecciones, por lo que la participación ciudadana se verá comprometida. Esto se volvería preocupante si consideramos que para que la encuesta sea vinculante, se requiere por lo menos de la participación del 40% o más del listado nominal, mientras que las estimaciones de participación no rebasan el 12 o 15 porcentual.
A lo anterior se le debe añadir que apenas estamos saliendo de una elección cuyos procesos judiciales incluso no han concluido y ya se busca volver a convocar a la sociedad, que si bien demostró un alto grado de participación democrática responsable, también presenta una saturación en sus intereses políticos, aunado al riesgo que podría representar los encuentros multitudinarios ante el incremento de casos COVID-19 de los últimos días en algunas regiones del país.
Valdría la pena interpretar esta encuesta más como un ardid político del grupo en el poder para tratar de reivindicar sus deficiencias gubernamentales, a partir de más retórica populista mediante una encuesta frívola que desvirtúa el interés genuino de hacer cumplir la ley en tiempo y forma.
Desde la llegada del movimiento de la 4T hace tres años, salvo en el caso específico de la exsecretaria Rosario Robles, no ha habido otros en los que actúe en contra de funcionarios de alto nivel, pese a que el propio presidente aseguró que el gobierno anterior ha sido el más corrupto de la historia.
Han sido tres años en los que nuestros gobernantes no han podido, o peor aún, no han querido perseguir auténticos casos de corrupción documentada. Al final del día la que pierde en todo este asunto es la sociedad misma, que queda presa a la interpretación de “justicia” que los principales actores políticos quieren darle y no la búsqueda de un muy necesitado Estado de Derecho.
