Historia repetida, por Azul Etcheverry Aranda
América Latina vuelve a enfrentarse a una vieja pregunta bajo nuevas circunstancias: ¿hasta dónde puede llegar la influencia de Estados Unidos sobre las decisiones políticas y de seguridad de la región? Durante el siglo XX, esa influencia estuvo marcada por intervenciones directas, golpes de Estado y respaldo a gobiernos militares bajo el argumento de contener la expansión del socialismo. Hoy las formas han cambiado, pero la presión continúa. Ya no necesariamente se expresa mediante golpes de Estado, sino a través de aranceles, restricciones de visado, sanciones, respaldo político, cooperación militar y presión diplomática. El intervencionismo del siglo XXI es más sofisticado, pero precisamente por eso puede resultar más difícil de identificar.
Durante buena parte del siglo XX, la relación entre Washington y América Latina estuvo determinada por la lógica de la Guerra Fría. Brasil, Chile y Argentina fueron algunos de los países que padecieron golpes de Estado y dictaduras militares en un contexto de fuerte influencia estadounidense. Aquellos regímenes persiguieron opositores, restringieron libertades y utilizaron la fuerza como instrumento político. Con el retorno de las democracias durante las décadas de 1980 y 1990, parecía que aquella etapa había quedado atrás y que la región podía construir sus propias alternancias políticas sin recurrir a la intervención extranjera.
Durante años, gobiernos de izquierda y derecha convivieron dentro de un marco democrático en el que las diferencias ideológicas podían resolverse mediante elecciones, instituciones y diálogo. Sin embargo, esa convivencia comenzó a deteriorarse conforme aumentó la polarización política. La llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense profundizó esta tendencia y llevó las diferencias ideológicas a un terreno cada vez más confrontativo. La migración, la seguridad y el comercio se convirtieron en instrumentos de una política exterior que combina presión económica con una participación política más visible en los asuntos internos de América Latina.
Pero reducir la política de Washington a una simple cruzada ideológica contra la izquierda también sería una simplificación. Brasil es el mejor ejemplo. Trump ha mostrado respaldo público a Flávio Bolsonaro, uno de los principales rivales de Lula en la elección presidencial, pero también ha mantenido contacto directo con el mandatario brasileño y llegó a destacar la “excelente química” entre ambos. La relación, por tanto, es más transaccional y ambivalente que una simple confrontación entre derecha e izquierda. El problema de fondo no es únicamente a quién apoya Trump, sino la capacidad de Estados Unidos para utilizar su peso económico, diplomático y político dentro de una contienda electoral extranjera.
Colombia ofrece ahora un ejemplo todavía más contundente de la nueva etapa. El gobierno de Abelardo de la Espriella autorizó operaciones militares conjuntas con Estados Unidos contra grupos armados y Colombia se incorporó formalmente a la Coalición de las Américas contra los Cárteles, conocida como A3C, dentro de la estrategia denominada Escudo de las Américas. Washington, además, anunció alrededor de mil millones de dólares en asistencia de seguridad para Colombia. La cooperación contra el narcotráfico y los grupos armados puede responder a necesidades reales de seguridad, pero la profundidad de esta nueva coordinación también obliga a preguntarse dónde termina la cooperación legítima y dónde comienza una dependencia estratégica que puede comprometer la autonomía de las decisiones nacionales.
La diferencia respecto del siglo pasado es que hoy la influencia estadounidense no necesita comenzar con un golpe militar. Puede expresarse mediante aranceles, sanciones, cancelaciones de visas, presión diplomática, apoyo político o acuerdos de seguridad. Son instrumentos menos visibles que una intervención armada, pero pueden tener consecuencias profundas. Y mientras algunos gobiernos latinoamericanos encuentran en Washington un socio indispensable para enfrentar problemas como el narcotráfico y la violencia, otros observan estas políticas como una reedición de viejas prácticas de subordinación regional.
El problema, sin embargo, no es que América Latina se incline hacia la derecha o hacia la izquierda. El verdadero riesgo aparece cuando una ideología comienza a considerarse legítima únicamente cuando coincide con los intereses de una potencia extranjera. Los ciudadanos latinoamericanos tienen derecho a elegir democráticamente sus gobiernos, incluso cuando sus decisiones no coincidan con las preferencias de Washington. La seguridad tampoco puede convertirse en un argumento suficiente para abandonar la discusión sobre soberanía, controles institucionales y límites a la presencia militar extranjera. Cooperar no significa renunciar a decidir.
La historia debería servir como advertencia, no como condena inevitable del presente. Estados Unidos ya no necesita recurrir a los mecanismos más brutales del siglo pasado para ejercer una influencia considerable en América Latina; su poder económico, diplomático y militar le permite utilizar herramientas mucho más sofisticadas. Pero que las formas hayan cambiado no significa que haya desaparecido el desafío de fondo. América Latina no necesita escoger entre ser de izquierda o de derecha bajo la mirada de Washington. Necesita algo mucho más elemental: democracias capaces de decidir por sí mismas, gobiernos que respondan a sus ciudadanos y relaciones internacionales basadas en cooperación sin subordinación. Si el pasado dejó una lección, es precisamente esa: cuando una región permite que otros decidan por ella, tarde o temprano termina pagando el costo de haber renunciado a su propia autonomía.
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