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INE aprueba multas a más de 100 candidatos judiciales por propaganda ilegal, pese a falta de pruebas sólidas

  • Foto del escritor: La Noticia al Punto
    La Noticia al Punto
  • 28 jul
  • 2 Min. de lectura

En una votación dividida, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sancionar a aproximadamente 130 candidatos a juzgadores con una multa equivalente al 10 por ciento del tope de gastos de campaña, tras aparecer en los llamados "acordeones" difundidos días antes de la reciente elección judicial.


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La decisión fue avalada pese a que la Unidad Técnica de Fiscalización del propio Instituto no pudo acreditar quiénes elaboraron ni distribuyeron este material, ni cuánto costó. La falta de elementos probatorios generó un fuerte debate entre los consejeros.


La consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, así como los consejeros Jorge Montaño, Norma de la Cruz y Rita Bell López, votaron en contra de aplicar las sanciones, argumentando que no se contaba con pruebas suficientes ni con criterios legales claros para imponerlas.


“Es tan obvio que no teníamos la posibilidad de establecer unas multas adecuadas, como normalmente lo ha venido haciendo este instituto”, expresó Taddei Zavala, quien destacó que los propios proyectos reconocen que no fue posible cuantificar ni verificar la existencia efectiva de la propaganda en plataformas digitales.


La consejera Rita Bell López calificó la medida como “improcedente y desproporcionada”, advirtiendo que sancionar sin pruebas plenas vulnera el principio de presunción de inocencia.

Por su parte, la consejera Norma Irene de la Cruz señaló que la sanción es ilegal, ya que solo se castiga a las candidaturas ganadoras que aparecen en ciertos modelos de propaganda impresa y digital, sin una valoración equitativa del universo completo de casos.


A pesar de las objeciones, la resolución fue aprobada, estableciendo además una amonestación pública para otros 190 candidatos que también aparecieron en los acordeones y resultaron electos.


La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, reconoció que no se pudo identificar plenamente a los responsables de crear y distribuir los acordeones, ni quiénes los financiaron. Sin embargo, defendió la necesidad de imponer sanciones como medida ejemplar ante el posible beneficio electoral derivado del uso de estos materiales.

El consejero Jaime Rivera reforzó esta postura al señalar que la magnitud de la propaganda sólo pudo haberse logrado con “maquinarias con poder político y recursos económicos considerables”.


“Aunque no se logró medir con exactitud su costo, el efecto de esa propaganda ilegal es evidente”, afirmó.

La resolución refleja la creciente tensión al interior del INE en torno al manejo de la fiscalización electoral, especialmente en procesos inéditos como la elección de cargos judiciales por voto popular.

Por Omar Carmona


 
 
 

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