Generación perdida, por Azul Etcheverry Aranda

Cada día está más cerca la fecha prevista del 30 de agosto en la que las autoridades educativas federales fijaron para el regreso presencial de millones de alumnos a clases de todos los niveles educativos en el país. Bajo este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió esta semana que el regreso a clases presenciales se llevará a cabo indistintamente de la situación que atraviesa nuestro país y las cifras récord de contagios a partir de la llegada de la variante Delta del virus hace unas semanas.

Si bien el presidente indicó que el regreso sería opcional, se presentará un plan para el retorno seguro en el que más de 50 mil escuelas recibirán recursos para el reacondicionamiento y mejora de instalaciones. De igual forma, se busca un acuerdo con la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuya postura es la de no reabrir por falta de condiciones, a diferencia del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes van en apego a las decisiones de las autoridades educativas.

Cabe destacar que en una encuesta realizada por la CNTE a cerca de 18 mil maestros a nivel nacional, se estima que 4 de cada 10 escuelas no tiene servicios de agua potable y que 2 de cada 10 no cuenta con la infraestructura necesaria para fomentar la sana distancia. No se trata de un tema menor, de acuerdo con la Secretaria de Educación, Delfina Gómez, se tienen identificadas 17 mil escuelas que no cuentan con agua. En ese sentido, tampoco es muy claro el proceso que se seguirá a nivel federal, estatal y local para corregir estas carencias que convierten a estos centros en potenciales focos de contagio.

Sin duda, considero que el regreso a clases presenciales es una necesidad para millones de niños y jóvenes de todo el país. En estos más de 18 meses de pandemia, a pesar de que se introdujo un modelo de enseñanza a distancia, se ha demostrado que aspectos tanto académicos como formativos y sociales se han visto severamente afectados.

El análisis debe enfocarse en el ¿cómo? Y no si se debe regresar a los estudiantes a las instituciones. Las declaraciones hechas por las autoridades escolares se limitan al anuncio de acuerdos de cooperación locales, así como la asignación de recursos, no obstante, no presentan un plan concreto que comprenda las complejidades contextuales ni las necesidades reales de cada localidad, municipio y entidad.

El problema es que hay mucho por corregir y la cuenta regresiva llega a sus últimos momentos. El presidente considera esta estrategia como un riesgo necesario y coincido en que lo es, pero es indiscutible que existen carencias técnicas, logísticas y de infraestructura que no están cubiertas y por consecuencia el riesgo sanitario es tangible.

Estamos ante una dicotomía compleja, por una parte este riesgo sanitario que sistemáticamente rebasa las capacidades del Estado y por la otra, la crisis social, académica y formativa que deben enfrentar los estudiantes bajo la realidad de la brecha educativa existente en México desde hace décadas, entre educación pública y privada, así como el balance entre acceso y deserción escolar. Finalmente, nada de esto será posible sin la participación no sólo de los padres de familia, sino de toda la sociedad en su conjunto si es que se desea salvar a la generación COVID-19.

Compartir en WhatsApp

Compartir en Telegram