Esta semana, miles de personas alrededor de México y el extranjero se manifestaron en defensa del INE y en contra del llamado “Plan B” que contempla reformas a leyes electorales recientemente aprobadas en el Congreso del Unión. De acuerdo con cifras del gobierno de la Ciudad de México esta movilización congregó alrededor de 90 mil personas, mientras que sus organizadores estimaron alrededor de 500 mil. A esta convocatoria ciudadana asistieron las dirigencias partidistas de oposición, funcionarios, empresarios, que tal vez no concuerdan en la visión política o en objetivos generales, pero sí coinciden en que el ejercicio democrático debe ser protegido de amenazas pasadas, actuales y futuras.
Se trata de una marcha de gente distinta que, si bien no comparte muchos elementos comunes, identitarios o incluso de proyecto político, encuentra en el esfuerzo por no vulnerar al INE un mínimo común ante la forma ramplona en la que se avanzan las legislaciones después del fracaso de reforma a la constitución.
Más importante aún, este ímpetu multitudinario demostró al oficialismo que no es la única fuerza movilizadora en el país y subrayó que hay quienes no coinciden con la forma en la que se presentan hoy las condiciones de vida. Sin embargo, la gran duda que surge después de esto va dirigida hacia cómo se capitalizará este deseo antiautoritario.
En principio, es importante que las fuerzas partidistas no se cuelguen medallas de los movimientos de noviembre del año pasado y el de esta semana como una forma de validación de lo que son y lo que representan. Hacen falta verdaderos ejercicios de autocrítica desde el interior de las instituciones políticas antes de asumir que las decenas de miles de personas están de su lado, más cuando revisamos su comportamiento legislativo y las votaciones sucesivas que tomaron en referencia con las otras grandes agendas que también atentan en contra de la democracia.
El gran reto al que se deben enfrentar los partidos desde la oposición es el de asumir sus errores y hacer el trabajo en las calles, más allá de organizar foros en donde consejos consultivos presentan diagnósticos sociales, se tienen que elaborar proyectos a partir de una agenda que necesariamente se trabaje territorialmente, algo que sigue sin hacerse, desde donde se canalicen los desacuerdos existentes de la ciudadanía y los traduzcan en una movilización político-electoral suficiente como para verdaderamente definir contrapesos competitivos que enarbolen la diversidad de opiniones y maticen el autoritarismo que hoy predomina.
Azul Etcheverry Aranda