Advertencia a futuro, por Azul Etcheverry Aranda

Durante años, la crisis del agua en México se ha presentado como una amenaza futura. Las advertencias sobre el crecimiento de la demanda, la sobreexplotación de los acuíferos, la contaminación y los efectos del cambio climático han ocupado espacios en los diagnósticos técnicos y en los discursos gubernamentales. Sin embargo, lo que durante mucho tiempo pareció un escenario de riesgo comienza a convertirse en una realidad cotidiana para miles de familias. Guadalajara es uno de los ejemplos más recientes de esta problemática: la contaminación y las deficiencias en el abastecimiento han colocado nuevamente el acceso al agua potable en el centro de la discusión pública.

La situación resulta particularmente preocupante porque el problema no se limita a la disponibilidad del recurso. En distintas zonas de la ciudad, los habitantes han denunciado recibir agua turbia, con olores desagradables y características que generan dudas sobre su calidad. Cuando una familia abre la llave de su casa y no tiene certeza de que el agua sea segura, la crisis deja de ser exclusivamente una cuestión de infraestructura y se convierte en un problema de salud pública, confianza institucional y desigualdad social. El acceso al agua limpia no puede depender del código postal ni de la capacidad económica de cada hogar para comprar agua embotellada.

El caso de Guadalajara también refleja las consecuencias de décadas de crecimiento urbano que no siempre estuvieron acompañadas de una planeación hídrica adecuada. La expansión de las zonas metropolitanas, el aumento de la demanda residencial e industrial y la dependencia de sistemas de abastecimiento que requieren modernización han generado presiones cada vez mayores sobre los recursos disponibles. A esto se suma la contaminación de fuentes superficiales, las deficiencias en el tratamiento de aguas residuales y las pérdidas ocasionadas por redes de distribución deterioradas. La crisis actual no apareció de un día para otro; es el resultado de problemas acumulados que durante años no recibieron la atención necesaria.

El anuncio de un plan de inversión de 25 mil millones de pesos entre el Gobierno federal y el estado de Jalisco representa una señal importante de reconocimiento institucional. Los proyectos contemplan nuevos acueductos, modernización de plantas potabilizadoras y obras para mejorar el tratamiento y la conducción del agua. Se trata de inversiones necesarias que pueden contribuir a resolver parte de las deficiencias existentes. Sin embargo, la construcción de infraestructura no debe confundirse con una solución definitiva. Los proyectos deberán acompañarse de mecanismos de supervisión, transparencia y evaluación que permitan garantizar que los recursos se traduzcan efectivamente en agua limpia y disponible para la población.

La crisis también obliga a revisar la manera en que México relaciona el agua con su modelo de desarrollo económico. La disponibilidad de este recurso es indispensable para la agricultura, la industria, la generación de energía y la expansión de las ciudades. En un contexto en el que el país busca atraer nuevas inversiones manufactureras y aprovechar la relocalización de cadenas productivas, garantizar el suministro de agua se convierte en una condición de competitividad. No es sostenible promover nuevos parques industriales o proyectos inmobiliarios sin evaluar previamente la capacidad de las regiones para abastecerlos. El desarrollo económico no puede construirse a costa de comprometer el acceso de las comunidades a un recurso esencial.

Otro aspecto que merece atención es la desigualdad en el acceso al agua. Mientras algunos hogares pueden enfrentar los problemas de abastecimiento mediante cisternas, sistemas de almacenamiento o la compra de agua embotellada, otros dependen completamente de la red pública. Esta diferencia convierte una deficiencia de infraestructura en un problema de justicia social. Las familias con menores ingresos terminan destinando una proporción mayor de sus recursos a conseguir un servicio que debería estar garantizado. Por ello, cualquier política hídrica debe considerar no solamente la cantidad de agua disponible, sino también su calidad, accesibilidad y distribución equitativa.

La respuesta requiere una visión integral que combine inversión en infraestructura con una transformación en la gestión del recurso. México necesita fortalecer el tratamiento y la reutilización de aguas residuales, reducir las fugas en las redes de distribución, modernizar los sistemas de medición y promover tecnologías que permitan utilizar el agua de manera más eficiente en la agricultura y la industria. También es indispensable proteger las cuencas, combatir las descargas contaminantes y fortalecer las capacidades de los organismos operadores. La responsabilidad no corresponde exclusivamente a los gobiernos: empresas, productores agrícolas y ciudadanos también deben participar en una cultura de uso responsable del agua.

La experiencia de Guadalajara debería servir como una advertencia para el resto del país. Las grandes ciudades mexicanas enfrentan presiones similares y no pueden esperar a que una crisis sanitaria o una protesta ciudadana obligue a tomar decisiones. El agua debe incorporarse como un eje central de la planeación urbana, la política industrial y las estrategias de adaptación al cambio climático. México todavía tiene margen para actuar, pero ese margen depende de abandonar las soluciones temporales y asumir que la seguridad hídrica requiere decisiones sostenidas, inversión y responsabilidad institucional.

El verdadero indicador de éxito de una política hídrica no será el número de kilómetros de acueductos construidos ni el monto de los recursos anunciados, sino la certeza de que cada familia pueda abrir la llave de su casa y recibir agua limpia y segura. Ningún proyecto de modernización, crecimiento económico o desarrollo urbano puede considerarse exitoso si no garantiza primero las condiciones básicas para la vida. El agua no es una concesión del Estado ni un privilegio de quienes pueden pagarla: es un derecho cuya garantía define, en buena medida, la calidad de nuestras instituciones y el futuro de nuestras ciudades.