Vinculan a proceso al alcalde de Teuchitlán, Jalisco, por delincuencia organizada y desaparición forzada
- La Noticia al Punto
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Tras una semana de haber sido detenido, el presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión “N”, fue vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas. La decisión fue tomada por un juez de control, quien consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) eran suficientes para abrir un juicio formal en su contra.
Los cargos están relacionados con actividades delictivas detectadas en el predio conocido como “Rancho Izaguirre”, un sitio que, de acuerdo con las investigaciones, habría sido utilizado por un grupo del crimen organizado para llevar a cabo labores de reclutamiento y adiestramiento de nuevos integrantes. Este rancho, ubicado en el municipio de Teuchitlán, ha sido señalado como uno de los centros operativos del grupo delincuencial que domina en la región.
Durante la audiencia de vinculación a proceso, la FGR presentó evidencia que vincula directamente al alcalde con las operaciones realizadas en dicho predio. Entre los elementos presentados destacan testimonios, registros telefónicos y peritajes que apuntan a la colusión de autoridades municipales con los criminales.
La desaparición forzada de varias personas en la zona es uno de los aspectos más graves del caso. Las víctimas, según la fiscalía, habrían sido privadas de su libertad por integrantes del grupo delictivo como parte del proceso de selección o castigo dentro del rancho. La investigación también apunta a que algunas de estas desapariciones ocurrieron con conocimiento —e incluso presunta complicidad— del alcalde y otros funcionarios locales.
El juez dictó prisión preventiva justificada para José Ascensión “N”, quien permanecerá en un penal federal mientras se desarrolla el proceso. Las autoridades federales continúan con las indagatorias y no descartan más detenciones en los próximos días, ya que se presume la existencia de una red de protección institucional a favor del grupo delictivo.
Este caso ha generado preocupación en Jalisco, un estado golpeado por la violencia y la influencia del crimen organizado en distintos niveles de gobierno. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda de desaparecidos han exigido una investigación a fondo, así como el deslinde de responsabilidades para todos los involucrados.
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Por Diana Ochoa
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