Colaboración de Vicente Esqueda
Con la llegada a México de Emilio Lozoya, ex director de PEMEX en el gobierno de Enrique Peña, procedente de España donde fue capturado, acusado de los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita; se abre un capítulo más en la vida legal y política de nuestro país.
Todo surgió a raíz de investigaciones contra la empresa constructora Odebrecht, por haber sobornado a políticos de diversos países de Latinoamérica; en el caso mexicano, se señala que el dinero fue para apoyar a candidatos del PRI a puestos de elección, y para impulsar en el Congreso de la Unión reformas en materia energética.
Se han filtrado a medios de comunicación, detalles relacionados con la investigación, y la existencia de videos con los que se acredita la comisión de delitos, así como la imagen de las personas que presumiblemente participaron.
Ha contratado un abogado famoso como Baltasar Garzón, y se conoce la existencia de un acuerdo con la Fiscalía General para obtener beneficios legales, a cambio de divulgar otros delitos y sus participantes; lo que genera incertidumbre sobre el alcance e intención de sus declaraciones.
A Lozoya se le debe juzgar con estricto apego a la ley, y si entrega pruebas contundentes, lo mismo debe hacerse con los involucrados; pero por el bien de México, no se puede permitir, que la impartición de justicia se convierta en un espectáculo, que sólo sirva de distractor de los temas importantes.