El Ejército mexicano espió con Pegasus al activista Raymundo Raymos y utilizó la información extraída para afectar la documentación de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo el caso donde soldados abatieron a 12 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social Tic permite establecer que el activista de Nuevo Laredo fue blanco de una campaña de seguimiento por parte del Centro Militar de Inteligencia, un organismo que opera en la secrecía y bajo el mando directo del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.
En sus documentos secretos, el Ejército dice que Ramos trabaja para el ‘Cártel del Noreste’, aunque solo describe sus comunicaciones privadas con víctimas y periodistas para intercambiar información.
Ramos se ha convertido en una piedra en el zapato para las fuerzas armadas, pues ha documentado desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de Marina y Sedena en la frontera norte. Este febrero de 2023 dio seguimiento puntual a la muerte de cinco jóvenes a manos de soldados, tras lo cual fue blanco de una campaña en medios y redes con material de espionaje y nuevos señalamientos de vínculos con el narcotráfico, que, ahora se sabe, son una ‘consideración’ del servicio de inteligencia de Sedena.
Los nuevos hallazgos se unen a una larga cadena de evidencia que documenta que el Ejército mexicano compró y utilizó un programa de espionaje que legalmente no puede operar, en una cadena de mando que incluye áreas secretas y que conduce directamente al secretario de la Defensa.
El espionaje desde Sedena
Raymundo Ramos fue atacado con Pegasus al menos en cinco ocasiones en 2020 (entre el 16 de agosto y el 3 de septiembre), encontró un análisis forense realizado por Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que se ha especializado en detectar los sistemas de NSO Group en todo el mundo.
Antes de los ataques, Raymundo Ramos trabajó en la documentación y denuncia de un ataque del Ejército que terminó con saldo de 12 personas abatidas en calles de Nuevo Laredo. La versión oficial decía que no hubo sobrevivientes tras la balacera, pero una investigación de El Universal reveló que al menos tres víctimas estaban secuestradas y que un civil fue rematado por los soldados.
Una semana antes de los ataques, Ramos se reunió en la Ciudad de México con periodistas de El Universal y también con funcionarios de la Secretaría de Marina y acudió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Un nuevo documento, encontrado entre los archivos filtrados por el Colectivo Guacamaya, revela que el Centro Militar de Inteligencia (CMI) realizó intervenciones a sus comunicaciones privadas en ese periodo.
El oficio 2001-6861, marcado como Secreto, informa a la ‘Superioridad’ la forma en que Ramos obtuvo datos de este caso y cómo presuntamente los facilitó a periodistas.
El Ejército contra un activista
El documento recopila información de las comunicaciones privadas de Raymundo Ramos y “recomienda” cómo utilizarla en su contra.
En su primera parte, el documento dice que se informan las actividades de Ramos para “desprestigiar a las fuerzas armadas”, en beneficio de un cártel.
En el apartado de antecedentes se dice que el activista mantuvo una “relación de amistad” con la hermana de Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z-40”, uno de los principales líderes de “Los Zetas”.
También se hace mención a una relación con Ezequiel Gutiérrez, “El Borrado”, para dar seguimiento a denuncias sobre una “casa de seguridad” del “CDN”, en hechos aparentemente vinculados al audio que se presentó sin contexto en una conferencia mañanera del 1 de marzo para decir que Ramos trabaja para el crimen, como lo señala el documento de Sedena.
En el apartado de “Información” se documenta la forma en que Ramos obtuvo información sobre los 12 civiles abatidos por soldados.
El reporte de inteligencia dice que el 14 y 15 de julio Raymundo Ramos envió a una periodista de Televisa los datos del caso, “sin que la comunicadora le tomara importancia”.
Según el reporte del CMI, el 17 de agosto Ramos le mandó el video del ataque a un periodista de El Universal.
El documento describe con precisión fechas y contenido de las comunicaciones privadas entre defensor y periodista.
Una revisión al teléfono de Ramos comprueba que las comunicaciones sí ocurrieron. Sin embargo, los periodistas aludidos pidieron no ser mencionados por nombre en este reporte.
El apartado IV del documento se titula “Consideración” y dice que Ramos mantiene vínculos con un cártel para “lucrar” con información de las fuerzas armadas, sin proporcionar evidencia de tal relación:
Ramos Vázquez, mantiene vínculos con el “Cártel del Noreste”, aprovechando su calidad como activista de DD.HH., lucra con la información del desempeño de las FF.AA. para sus intereses, obteniendo beneficios económicos y favoreciendo a la Delincuencia Organizada”.
El informe de inteligencia no aporta elementos fácticos o adicionales para fundar las acusaciones en contra del defensor de derechos humanos.
El apartado V se titula “Recomendación”. El organismo secreto del Ejército pide que la información se utilice para que la Policía Ministerial Militar tenga un “elemento de juicio para su investigación, sin agregarse a la carpeta de investigación”.
Es decir, el Ejército mexicano espió a un activista para vincularlo con organizaciones criminales para guiar una carpeta de investigación militar, pero cubrió su pista para no dejar rastros.
El documento se conoce gracias a la filtración masiva del Colectivo Guacamaya.
Alto mando y sus operaciones clandestinas
La sola existencia del documento comprueba una vez más que el Ejército espía a ciudadanos mexicanos en una operación clandestina, pues la ley no le permite a Sedena intervenir comunicaciones.
El reporte secreto está marcado como parte del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que es el órgano técnico operativo que trabaja para el secretario de la Sedena.
También lleva las siglas de la subjefatura de Inteligencia y del Centro Militar de Inteligencia, un organismo que no aparece en la ley ni reglamentos del Ejército.
Un documento en los archivos secretos de Sedena revela que el CMI opera la infraestructura de inteligencia para obtener información sensible que sea de interés del Alto Mando (el secretario de la Defensa).
Para lograr este fin, dice el documento, el CMI obtiene datos de “medios cerrados”, es decir todos aquellos que no están disponibles de manera pública.
El escudo del CMI es un águila que mira hacia arriba, sobre una rosa de los vientos. Sus principios son: “Discreción, oportunidad y precisión, por el bien de México”.
Lleva también cuatro estrellas, que es el grado militar máximo dentro del Ejército, accesible para el secretario de la Defensa.
El CMI es el “usuario final” del programa Pegasus que ha comprado la Defensa Nacional desde 2010, cuando el software era vendido por la empresa Security Tracking Devices, de José Susumo Azano, reveló en 2014 la periodista Carmen Aristegui y ahora coinciden los documentos extraídos por el Colectivo Guacamaya.
El Ejército habilitó un búnker en el Campo Militar de la Ciudad de México para colocar los equipos y personal que realiza las intervenciones. A lo largo de los años se ha vuelto un sitio infranqueable para auditores, pues funciona bajo la cortina de seguridad nacional, aunque el Ejército no tiene facultades para intervenir comunicaciones.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el malware fue vendido por la red de compañías del empresario israelí Uri Emanuel Ansbacher Bendrama y, nuevamente, Sedena fue su cliente, según facturas y contratos presentados por Aristegui Noticias en 2017.
El Ejército ha pasado de negar la existencia del programa a luchar por todos los medios para mantener en la opacidad su uso, pese a la orden directa del presidente Andrés Manuel López Obrador para presentar contratos y evitar el mal uso de esta tecnología.
El programa Pegasus fue desarrollado por la Compañía NSO Group para perseguir a criminales y terroristas. Oficialmente, en México solo puede ser utilizado por agencias de investigación y bajo el permiso de un juez, pero el Ejército y otras dependencias han tenido libertad para operarlo contra ciudadanos mexicanos, sin ningún tipo de supervisión.
El malware ha sido usado masivamente en diferentes partes del mundo para espiar indebida e ilegalmente a periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, empresarios y una larga lista de individuos, como quedó evidenciado en la investigación “The Pegasus Project” en la que participó Aristegui Noticias.
El espionaje y Sandoval, el Alto Mando
Los miles de documentos liberados por el Colectivo Guacamaya permiten ubicar al espionaje de Ramos dentro de la estructura secreta de Sedena y el vínculo directo con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.
El reporte de inteligencia está firmado con las iniciales de elementos adscritos al CMI. De igual forma, en la filtración hay directorios con los nombres completos, grados y salarios de los soldados y mandos dedicados a inteligencia.
Los metadatos del documento indican que fue creado el 2 de septiembre de 2020, a las 19:55 horas con el nombre “2 SEP. 2020 – TJTA. 2001-6861 ACTIVIDADES RAYMUNDO RAMOS.pdf”.
Ese 2 de septiembre, a las 20:00 horas, el secretario de la Defensa Nacional tuvo una reunión con los mandos de inteligencia, marcada con el tema: “Nuevo Laredo, Tamps”.
Así lo indica su agenda filtrada:
Aristegui Noticias preguntó a Presidencia de la República y Ejército mexicano cuál es el fundamento legal para realizar estas intervenciones de comunicaciones.
También se le pidió su postura sobre el papel que jugó el secretario Sandoval y si él le informó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estas operaciones.
Hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta oficial.
Por: AN