Colaboración de Vicente Esqueda
El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece el derecho de toda persona a ser oída, en condiciones de plena igualdad, públicamente y con justicia, por un tribunal independiente e imparcial; función que desempeña en materia federal, el Poder Judicial de la Federación.
A los jueces y magistrados, se les exige ser competentes técnicamente, independientes y honestos; por lo que se les considera la base, de un sistema democrático de impartición de justicia.
La noticia del asesinato del Juez Federal Uriel Villegas y su esposa, llama la atención, ya que como lo señaló el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trató de un crimen de estado; el cual, además de haber privado de la vida a dos personas y de una familia a sus 2 hijas, representa un mensaje intimidatorio hacia los demás juzgadores.
Lo anterior, a pesar de que el 4 de enero de este año, el Consejo de la Judicatura Federal señaló en un comunicado, que estaban al tanto de amenazas contra jueces federales, y que estaban tomando las medidas necesarias para garantizar su seguridad.
Un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de diciembre de 2013, señala que es obligación del Estado, proteger la vida e integridad de los juzgadores, y en casos como el homicidio del Juez Villegas, se debe investigar y sancionar a los responsables, adecuada y rápidamente; con el objeto de evitar un clima de impunidad, y disminuir la afectación de la confianza de los ciudadanos, en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Atrás deben quedar los ataques del Presidente por el tema del presupuesto, y los intentos de legisladores del partido MORENA para reestructurar al Poder Judicial, porque se trata de atentados a su independencia, es tiempo de innovar, y echar a andar mecanismos de inteligencia efectivos, y sobre todo preventivos, que garanticen la seguridad de los jueces y eviten una nueva tragedia.