Juez Federal Bloquea Temporalmente la Orden de Trump para Eliminar la Ciudadanía por Nacimiento

Un juez federal en Seattle suspendió temporalmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes indocumentados o con estatus temporal en Estados Unidos. El magistrado John C.

Coughenour, del Distrito Federal, calificó la medida como “manifiestamente inconstitucional”, según declaraciones recogidas por ABC News.

“En más de cuatro décadas en el tribunal, no recuerdo un caso tan claro como este. Se trata de una orden claramente inconstitucional”, afirmó Coughenour, quien fue designado juez en 1981 por el expresidente Ronald Reagan.

Enmienda 14 y la Ciudadanía por Nacimiento

La Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos garantiza que toda persona nacida en territorio estadounidense obtiene automáticamente la ciudadanía, sin importar el estatus migratorio de sus padres. La orden ejecutiva de Trump proponía excluir de este derecho a los hijos de personas indocumentadas o con visas temporales, como permisos de trabajo.

De haberse aplicado, esta medida habría limitado el acceso de estos niños a derechos fundamentales, ya que el Departamento de Estado no emitiría pasaportes y la Administración de la Seguridad Social no los reconocería como ciudadanos, restringiendo su capacidad para trabajar y acceder a servicios básicos.

Fallo Temporal y Respuesta de los Estados

La decisión del juez responde a una demanda presentada por 22 estados, liderados por gobiernos demócratas, que argumentaron la inconstitucionalidad del decreto presidencial. Coughenour emitió un fallo temporal que suspende la medida durante 14 días, periodo en el que se podrán presentar más recursos legales.

Según The Seattle Times, esta decisión permite a los tribunales analizar en profundidad la constitucionalidad de la orden antes de que pueda entrar en vigor.

Impacto Político y Social

El decreto forma parte de la estrategia de Trump para endurecer las políticas migratorias. Sin embargo, ha generado fuertes críticas por parte de activistas y sectores legales, quienes consideran que vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución.

Por ahora, el futuro de la ciudadanía por nacimiento se encuentra en manos del sistema judicial, mientras el debate sigue escalando en el ámbito político y social.

Por Diana Ochoa Compartir en WhatsApp

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