Esta semana, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU publicó su primer informe sobre el resultado de su visita realizada en noviembre pasado a trece entidades de nuestro país, acompañada de una serie de recomendaciones dirigidas a los funcionarios públicos municipales, estatales y federales. Lo anterior ocurre bajo la coyuntura del incremento alarmante de desapariciones en varios estados de la República, al punto en que, por ejemplo, en Nuevo León se creo un grupo especializado en la búsqueda de mujeres desaparecidas tras la serie de protestas desatadas en la entidad.
Este informe es el resultado de años de insistencia de colectivos de familiares de víctimas de desaparición que han venido denunciando esta situación, solicitando a las autoridades la oportunidad de que grupos de asistencia internacional vinieran a aportar su experiencia y conocimientos sobre el tema en colaboración directa con las familias para, en principio, entender los retos que enfrentamos en esta crisis que está cerca de alcanzar las 100 mil personas desaparecidas.
Si bien se trata de un fenómeno persistente a lo largo del tiempo, los resultados presentados en este informe indican que esta cifra no sólo no ha disminuido, sino que se ha extendido. De continuar con esta tendencia este gobierno habrá presentado el mayor número de personas desaparecidas no sólo por causa del crimen organizado, sino por la participación, tolerancia u omisión de las autoridades del Estado mexicano. Resulta preocupante como la impunidad estructural en términos de la actuación de la fiscalía general y las Fiscalías estatales generan una revictimización de las familias de desaparecidos siendo incapaces de generar procesos compensatorios y de reparación del daño.
La palabra clave en todo este embrollo es “impunidad”, los resultados del informe destacan como es la misma autoridad la que hace de este delito el “crimen perfecto” por la incapacidad, desinterés y la normalización de la violencia en México que hacen que los índices de impunidad ronden el 95% respecto a las denuncias presentadas a nivel nacional.
Sin duda nos habla de un fracaso del modelo de seguridad local, estatal y federal. A pesar de que el gobierno federal insista en seguir criticando al pasado por los malos resultados en este rubro, la realidad es que la formulación de la estrategia actual caracterizada por la militarización de la seguridad no está dando resultados. De hecho, es el propio Comité el que alerta sobre esta militarización y sugiere que se sigan manteniendo mandos civiles y no sólo eso, sino que se investiguen las diversas violaciones a los derechos humanos cometidas por personal militar.
En nuestro país no hay mecanismos eficientes de investigación ni de enlace interinstitucional que propicien más y mejores canales de investigación y búsqueda de personas desaparecidas, sin embargo, nuestros gobernantes están más ocupados en organizar encuestas multimillonarias que en verdaderamente atender la crisis humanitaria que vivimos en nuestro país. No sólo no se reconocen las deficiencias, sino que se descalifican las recomendaciones nacionales e internacionales, se acusa de desinformación y se sale por la tangente con un “se está trabajando al respecto”.
Es increíble ver la devoción y compromiso con las que las familias de personas desaparecidas continúan en búsqueda de sus seres queridos, siendo ellos quienes de manera organizada han venido dando las certezas, convicción y resultados que las autoridades no han sabido, o peor aún, querido obtener. Sin duda alguna la inseguridad es uno de los pendientes más importantes por resolver.
