Síndrome de Estocolmo: AMLO, faro ideológico de Diego Sinhue
General Motors Silao: cambio que abre la puerta a la esperanza
Jorge Ramírez: la gestión empresarial de Sapal de nuevo hace crisis
1. En temas de urgencia pública, el gobernador no es "dueño de su silencio"
Que el gobernador de Guanajuato se resista a hablar claro y de frente con los reporteros de los diferentes medios de comunicación de Guanajuato sobre los temas críticos de la entidad, no es nuevo. Ahí queda para la historia la reiterada contestación de estos tres años: "pregúntenle a Sophia".
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha elaborado junto con sus asesores de prensa la teoría de que hablar de malas noticias no le abona a su imagen, por lo que su discurso debe centrarse en "cosas positivas".
Sin embargo, Guanajuato se ha convertido desde hace por lo menos un sexenio en el territorio por excelencia de las malas noticias. Cualquier recuento superficial de referencias en medios nacionales e internacionales sobre nuestra entidad arroja un considerable número de reportajes sobre hechos de sangre.
En medio de ese panorama, querer negar la realidad, eludirla, esconderse de ella y refugiarse en un discurso edulcorado, suena a delirio, a evasión, a falta de contacto con la realidad, lo que nunca es buena señal en un político.
Imagínense a Winston Churchill hablando de la inversión extranjera mientras los aviones alemanes bombardeaban Londres.
Un político es elegido para gobernar durante un periodo determinado de tiempo y en una circunstancia precisa a la que debe hacer frente. Su lugar en la historia se lo dará la capacidad que mostró para atender la coyuntura en la que se verificó su encargo, no para dar buenas noticias ficticias o cuidar su buena prensa.
Cuando las reporteras de Celaya, en su mayoría eran periodistas mujeres, quisieron conocer la impresión del gobernador sobre la continuidad de la violencia en esa región pese a los indudables logros que han significado las capturas de líderes criminales, se toparon con un gobernador que pasó de rechazar las preguntas a regañar a sus interlocutoras en un ejercicio que no está muy lejano del machismo político y de la violencia de género: "¿Qué no entienden? ¿Hablo en otro idioma?"
Habría que decirle al gobernador que el trabajo de los y las periodistas es preguntar y que quién no parece entender o hablar otro idioma, es precisamente el funcionario que cobra su sueldo de los haberes públicos para, entre otras cosas, atender las inquietudes de la comunidad que le ha confiado su destino.
Peor resulta que el mandatario de Guanajuato, de origen panista, se ampare en frases del presidente de la República, de Morena, para rechazar el diálogo con los comunicadores: "Como dice el presidente: soy dueño de mis silencios".
Es el mismo Andrés Manuel López Obrador que en esa semana estaba siendo demandado por los correligionarios de Sinhue para aclarar el presunto enriquecimiento de su vástago. No suena muy coherente.
Desde luego, el gobernador es dueño de sus silencios en su vida personal, no en sus responsabilidades públicas, ante las interrogantes de periodistas que escuchan a diario la preocupación y el temor de sus audiencias por la situación de inseguridad que se vive en ciudades como Celaya, los Apaseos, Juventino Rosas, Comonfort, Cortazar, Villagrán.
El "pregúntenle a Sophia" ya no basta, en realidad nunca ha servido para nada.
Rosa Sophia Huett López, la comunicadora proveniente de la Secretaría de Seguridad de Genaro García Luna y de la policía federal de Miguel Ángel Osorio Chong nunca ha desquitado los 100 mil pesos que devenga en Guanajuato para operar como vocera del tema de seguridad.
No lo hizo como coordinadora de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana, área que debió ser desaparecida pese los 6 millones anuales que se invertían en ella; tampoco lo hará como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, para empezar porque esa no es la función de dicha área.
Debe reconocerse que pocas horas después de su exabrupto y ante la viralización de su video de regañina a las y los representantes de los medios, Diego Sinhue salió a ofrecer disculpas y a responder algunas de las preguntas que se le habían planteado originalmente. Más vale tarde que nunca.
El tema de fondo, sin embargo, es que nadie quiere tener al gobernador declarando sobre masacres y asesinatos de personas indefensas, incluyendo niños, niñas y adolescentes, sino que lo que se quiere es saber qué se está haciendo para evitar que esas tragedias sigan ocurriendo.
Y en esa línea, de nada sirven las evasivas, los tuits, los mensajes positivos y la cada vez más esotérica propaganda de la vocera que no es vocera. Sirve el reconocimiento al momento crítico que se vive, los acuerdos que se tomarán, las acciones y su evaluación y diálogo transparente con la sociedad.
Ojalá que la rápida reacción del gobernador para reconocer un error, se convierta en el signo de que las cosas están cambiando y que ya los altos funcionarios y asesores del gobierno se percataron de que no funciona más el atole con el dedo y la publicidad en sustitución de la información.
Ojalá.
2. Sindicalistas independientes hacen historia en General Motors Silao
En las elecciones de la planta de ensamble de General Motors en Silao chocaron dos visiones de la historia, o quizá mejor dicho, se escenificó un relevo generacional que involucra no solo al vetusto sindicalismo mexicano, sino también al modelo corporativo de negocios tal y como reinó en el siglo XX.
Un cuarto de siglo tenían los trabajadores de esa planta soportando un contrato colectivo de protección para la empresa, firmado con un líder sindical de Coahuila, Tereso Medina, que probablemente ni siquiera conoce Guanajuato.
En realidad, quien dictaba las condiciones laborales, las prestaciones y los beneficios del contrato eran los directivos de GM, todo con base en un esquema de alta rentabilidad en las utilidades y utilizando los costos laborales como amortiguamiento de las variaciones en los precios de las materias primas y su traslado.
Si había necesidad de paros técnicos, por escasez de suministros o por fluctuaciones en los inventarios, eran los obreros los que debían soportar los equilibrios financieros con sus ingresos, sometidos a salarios parciales, nunca objetados por el sindicato.
Veinticinco años sin representación legítima, funcional y democrática, avalada por las autoridades laborales de Guanajuato y de la federación, represión a quienes disintieron de esa situación a lo largo de los años y un cambio de marcos legales propiciados por la reforma labora y el nuevo tratado de libre comercio de América del Norte, son algunos de los factores que detonaron un cambio histórico.
La entereza de activistas como Israel Cervantes, fuera de la planta desde hace casi 3 años por denunciar las malas condiciones laborales, víctima de la complicidad entre sindicato oficialista y empresa; más el trabajo discreto y consistente de una quincena de trabajadores como Alejandra Morales, la dirigente del nuevo sindicato independiente, lograron lo que parecía imposible: construir un espacio de representación digno para los 6 mil trabajadores de la empresa.
El corporativo del gigante automotriz, que privilegia razones económicas y financieras antes que cualquier otro aspecto, tampoco comprendió el cambio en las relaciones políticas en Estados Unidos y en México: la derrota de Donald Trump gracias entre otras cosas a la reformulación de la alianza entre los sindicatos y el Partido Demócrata, en el primer caso; y la reforma laboral del gobierno lopezobradorista en el segundo caso.
No se trata ahora de desangrar a la empresa con un sindicalismo de reivindicaciones radicales, eso parece entenderlo con claridad la dirigencia del SINTTIA (Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz), pero tampoco de mantener la vieja lógica de que los costos de cualquier disminución de utilidades se cargan solo a la parte obrera.
La nueva relación sindicato—empresa en General Motors puede abrir la puerta a otra forma de entender las relaciones laborales en un estado donde el crecimiento de la inversión extranjera directa no ha repercutido en la elevación de la calidad de vida de sus trabajadores.
Este logro solo es atribuible a los trabajadores de General Motors y para que su ejemplo cunda tendría que haber trabajo de fondo en cualquier otro espacio sindical, que aproveche el nuevo entorno político.
Por lo pronto, entre los derrotados no solo hay que contar a la CTM, sino también al gobierno de Guanajuato que a través de su subsecretaría de trabajo y previsión social, a cargo del eternizado abogado panista Marco Antonio Rodríguez Vázquez, convertido en el protector de los sindicatos blancos que le permitieron a la política estatal de atracción de inversiones ofrecer cero conflictos laborales mediante el esquema de los contratos de protección.
Los tiempos, parece que por lo menos en este terreno, ahora sí están cambiando.
3. Sapal y un consejo de corte empresarial que hace agua
Dos de los últimos presidentes del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, han terminado sus gestiones envueltos en serias polémicas, incluso en escándalos, evidenciando el agotamiento del modelo empresarial de intervención en los asuntos públicos en sustitución de la participación ciudadana.
No es el único consejo "ciudadano" donde la gestión de hombres de negocios hace crisis evidenciando que se han convertido en lo mismo que los políticos: guardianes de su interés propio y desdén por la problemática de sus conciudadanos. Ahí está la feria de León, el parque y museo de ciencias Explora, el zoológico y el parque metropolitano.
Sin embargo, en el caso de Sapal, la situación se multiplica por el elevado volumen de operaciones financieras y el presupuesto que maneja el organismo, superior al de casi todos los municipios del estado.
Hace unos años fue el empresario zapatero Pedro González, evidenciado cuando tomó decisiones de inversión pública que beneficiaban predios de su propiedad y de su familia, lo que motivó una denuncia por tráfico de influencia que llegó hasta una inhabilitación y su renuncia al cargo.
Apenas entrando, el actual presidente, Jorge Ramírez Hernández, enfrentó el escándalo de haber participado como testigo en la asignación de obras a su cuñado, Enrique Aranda Anaya, el cual capeó con el respaldo del alcalde Héctor López Santillana.
Ese respaldo ya no fue suficiente para enfrentar el terrible accidente laboral en el que perdieron la vida cinco trabajadores de la paramunicipal en la recién recuperada planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad, una infraestructura fallida que se fue deteriorando en medio de una pugna entre el organismo y la empresa que se dejó crecer a ciencia y paciencia de la administración municipal y que redundó en el incremento de la contaminación de las aguas que la ciudad expulsa hacia las cuencas del Turbio y el Lerma.
La muerte de los trabajadores y el proceso para indemnizar a sus deudos se convirtió en un tema tortuoso cuando el Consejo de Sapal prefirió pagar despachos de abogados de postín en lugar de llegar a entendimientos con las familias. Solo la intervención de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez pudo hacer entrar en razón a los directivos del sistema para regresar a la mesa de negociaciones y bajarle dos rayas a una obstinación que solo conducía a su descrédito.
A Jorge Ramírez también le tocó apechugar con la finalización definitiva de las expectativas de la ciudad para recibir agua de Jalisco desde la presa de El Zapotillo. Difícilmente el presidente de Sapal podía convertirse en un buen negociador con el gobierno federal, cuando dedicaba la mitad de su tiempo, como expresidente de Coparmex, a militar en la oposición empresarial encabezada por Gustavo de Hoyos Walter en contra de Andrés Manuel López Obrador.
El actual presidente del Consejo de Sapal no repetirá, según se afirma en el entorno de la alcaldesa. Sin embargo el problema ya no es ese, sino elegir con tino a un líder que tenga miras más amplias que las mostradas hasta hora por los últimos responsables de un organismo que es vital para la vida de la ciudad.
Fuente informativa: POPLab