Crónica de las promesas que hicieron soñar a millones de mexicanos y de las realidades que terminaron encontrando al despertar

EL PAÍS QUE CREYÓ QUE LA REVOLUCIÓN TRAERÍA JUSTICIA PARA TODOS

CUANDO MÉXICO DECIDIÓ CAMBIAR SU HISTORIA

A principios del siglo veinte, México parecía vivir una paradoja imposible. Bajo el largo gobierno de Porfirio Díaz, el país había alcanzado niveles de estabilidad que contrastaban con las décadas de guerras civiles, invasiones extranjeras y levantamientos armados que marcaron el siglo anterior. Los ferrocarriles conectaban regiones antes aisladas, la inversión extranjera impulsaba la minería y algunas ciudades comenzaban a mostrar señales de modernización. Para muchos observadores extranjeros, México parecía finalmente encaminado hacia el progreso.

Sin embargo, detrás de aquella imagen de orden existía otra realidad mucho menos brillante. Millones de campesinos vivían sin tierras propias. Grandes haciendas controlaban extensiones inmensas del territorio nacional. Los trabajadores carecían de derechos efectivos y las comunidades indígenas continuaban perdiendo espacios, recursos y autonomía. Mientras una minoría acumulaba riqueza y oportunidades, una gran parte de la población observaba cómo el progreso parecía pasar frente a sus ojos sin detenerse nunca en sus pueblos, en sus campos o en sus vidas.

La entrevista concedida por Porfirio Díaz al periodista estadounidense James Creelman en 1908 abrió una grieta inesperada en el sistema político. Al sugerir que México estaba listo para la democracia y que él no buscaría perpetuarse indefinidamente en el poder, despertó expectativas que terminarían creciendo mucho más rápido de lo que el propio régimen imaginaba. Fue en ese contexto donde apareció Francisco I. Madero, un personaje que no provenía de los círculos revolucionarios tradicionales ni de las estructuras militares, pero que comprendió algo fundamental: la estabilidad política había comenzado a confundirse con inmovilidad y la paz con resignación.

Madero convocó inicialmente a una lucha democrática. Su bandera principal no era la revolución social sino el sufragio efectivo y el rechazo a la reelección permanente. Sin embargo, una vez iniciado el movimiento de 1910, la inconformidad acumulada durante décadas comenzó a expresarse de múltiples maneras. Lo que empezó como una disputa electoral terminó convirtiéndose en una transformación nacional donde millones de personas depositaron sus propias esperanzas. Campesinos que soñaban con recuperar tierras, trabajadores que aspiraban a mejores condiciones de vida, sectores medios que exigían participación política y comunidades enteras que reclamaban justicia comenzaron a mirar hacia la Revolución como si fuera una respuesta capaz de resolver todos los problemas del país.

México no solamente inició una revolución; inició también una gigantesca esperanza colectiva.

LA PROMESA DE UN PAÍS MÁS JUSTO

La caída de Porfirio Díaz en 1911 fue recibida por muchos mexicanos como el inicio de una nueva época. Parecía que el país estaba a punto de reinventarse. Sin embargo, la salida del viejo régimen no resolvió las profundas diferencias que existían entre quienes habían participado en el movimiento revolucionario. Muy pronto aparecieron proyectos distintos, ambiciones encontradas y visiones opuestas sobre el futuro nacional.

Emiliano Zapata se convirtió en la voz de miles de campesinos que exigían una reforma agraria profunda. Su Plan de Ayala planteaba la devolución de tierras y denunciaba que la Revolución corría el riesgo de olvidar precisamente a quienes más habían sufrido durante décadas. Francisco Villa, desde el norte, construyó una figura popular que inspiraba admiración entre amplios sectores de la población. Venustiano Carranza defendía la necesidad de construir instituciones capaces de garantizar estabilidad, mientras Álvaro Obregón comenzaba a perfilarse como uno de los estrategas políticos y militares más importantes de la nueva etapa.

Cada uno de ellos representaba una promesa distinta. Para algunos mexicanos, la Revolución significaba democracia. Para otros, justicia social. Para muchos más, significaba simplemente la posibilidad de vivir con dignidad. Durante años, la lucha armada alimentó la convicción de que el enorme sacrificio humano terminaría produciendo un país profundamente diferente.

La Constitución de 1917 reforzó todavía más aquellas expectativas. Por primera vez, una carta magna incorporaba derechos sociales avanzados para su época. El derecho a la educación, la protección de los trabajadores y la posibilidad de impulsar una reforma agraria parecían anunciar la construcción de una nación más equitativa. Muchos mexicanos creyeron sinceramente que los tiempos de privilegios, abusos y desigualdades extremas estaban llegando a su fin.

La Revolución prometía que el sufrimiento de una generación abriría las puertas de un país mejor para las siguientes.

Pero mientras las promesas crecían, también crecían las contradicciones. Los enfrentamientos entre revolucionarios continuaban. Los antiguos aliados se convertían en rivales. Las disputas por el poder desplazaban muchas veces los ideales originales. Poco a poco comenzaba a surgir una pregunta incómoda: ¿era posible transformar realmente al país o solamente estaban cambiando los nombres de quienes ocupaban el poder?

CUANDO LA REALIDAD COMENZÓ A ALCANZAR A LA ESPERANZA

Con el triunfo de los gobiernos revolucionarios comenzó una etapa de reconstrucción nacional. México necesitaba recuperarse de una guerra devastadora que había costado cientos de miles de vidas y dejado regiones enteras destruidas. Álvaro Obregón impulsó la reorganización del país. Posteriormente, Plutarco Elías Calles trabajó en la construcción de un sistema político que buscaba evitar que las disputas armadas volvieran a decidir el destino nacional.

Muchos avances fueron reales. La educación pública se expandió. El reparto agrario benefició a numerosos campesinos. Surgieron instituciones que fortalecieron al Estado mexicano. El país comenzó a estabilizarse después de años de violencia. Sería injusto negar esos logros. Sin embargo, también comenzó a hacerse evidente que la Revolución no estaba eliminando todos los problemas que había prometido resolver.

La desigualdad seguía presente. La pobreza continuaba afectando a millones de personas. La corrupción no desapareció. Nuevos grupos políticos ocuparon espacios de poder que antes pertenecían a la vieja élite porfirista. Las formas cambiaron. Los discursos también. Pero muchas prácticas sobrevivieron adaptándose a las nuevas circunstancias.

La creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, antecedente del futuro PRI, buscó institucionalizar la vida política mexicana y evitar nuevas guerras entre caudillos. Desde cierta perspectiva, logró su objetivo. Desde otra, comenzó a construir un sistema que terminaría concentrando poder durante décadas. Lo que para algunos fue estabilidad, para otros se convirtió con el tiempo en una nueva forma de control político.

Ahí apareció el primer gran engaño de la política mexicana.

No porque la Revolución hubiera sido inútil. No porque sus líderes carecieran de ideales. No porque no hubiera transformado profundamente al país.

El engaño consistió en creer que una sola revolución podía resolver para siempre los problemas históricos de una nación compleja.

México ganó una revolución, pero descubrió que la justicia no llega por decreto, que la igualdad no nace automáticamente de las victorias políticas y que ningún movimiento histórico, por heroico que parezca, puede sustituir el trabajo permanente de construir un país mejor.

Y mientras los mexicanos comenzaban a comprender esa realidad, una nueva promesa política estaba preparándose para ocupar el escenario nacional. La promesa de un partido que afirmaba representar a toda la Revolución y que gobernaría durante gran parte del siglo siguiente. Ahí comenzaría el segundo de los siete grandes engaños de la política mexicana.

EL PARTIDO QUE PROMETIÓ REPRESENTAR A TODOS LOS MEXICANOS

CUANDO LA REVOLUCIÓN DECIDIÓ CONVERTIRSE EN GOBIERNO

Cuando terminó la etapa más violenta de la Revolución Mexicana, el país enfrentaba una pregunta que parecía mucho más difícil que derrotar ejércitos enemigos: ¿cómo evitar que México volviera a matarse a sí mismo cada vez que surgiera una disputa por el poder? La guerra había dejado cientos de miles de muertos, regiones devastadas y una profunda fatiga nacional. Nadie quería regresar a los años en que los desacuerdos políticos se resolvían mediante levantamientos armados, fusilamientos y nuevas guerras civiles.

La muerte de Francisco I. Madero en 1913, el asesinato de Emiliano Zapata en 1919, la caída de Venustiano Carranza en 1920 y el asesinato de Álvaro Obregón en 1928 parecían demostrar que la Revolución seguía siendo incapaz de encontrar mecanismos pacíficos para resolver sus propias disputas internas. Los hombres que habían prometido construir una nueva nación terminaban una y otra vez recurriendo a la violencia o siendo víctimas de ella. México necesitaba estabilidad con la misma urgencia con que años antes había necesitado cambio.

Fue entonces cuando Plutarco Elías Calles impulsó una idea que transformaría la historia política nacional. En marzo de 1929 nació el Partido Nacional Revolucionario. La propuesta parecía brillante para una sociedad agotada por décadas de conflictos. En lugar de que cada grupo revolucionario levantara su propio ejército para disputar el poder, todos tendrían un espacio político común donde procesar diferencias, construir acuerdos y organizar la sucesión presidencial sin necesidad de disparar un solo tiro.

La promesa resultaba extraordinariamente atractiva. El nuevo partido afirmaba representar los ideales de la Revolución. Decía ser el instrumento mediante el cual campesinos, obreros, clases populares, militares y sectores productivos podrían participar en la construcción del país. No se presentaba como un partido más. Se presentaba como la casa política de toda la nación surgida de la Revolución.

Millones de mexicanos creyeron en aquella promesa porque parecía ofrecer algo que el país no había conocido durante mucho tiempo: estabilidad sin guerra y continuidad sin violencia.

Por primera vez, la Revolución prometía gobernar mediante instituciones y no mediante fusiles.

LA PROMESA DEL MILAGRO MEXICANO

Durante las décadas siguientes, aquella promesa pareció cumplirse. El Partido Nacional Revolucionario se transformó primero en Partido de la Revolución Mexicana y posteriormente en Partido Revolucionario Institucional. Mientras tanto, México vivía una etapa de crecimiento económico que terminaría siendo conocida como el Milagro Mexicano.

Los gobiernos revolucionarios impulsaron carreteras, escuelas, presas, hospitales y sistemas de comunicación. La industrialización avanzó. Millones de mexicanos migraron del campo a las ciudades. Surgieron universidades, empresas nacionales e instituciones públicas que ampliaron la presencia del Estado en prácticamente todos los aspectos de la vida nacional.

Para una generación completa de mexicanos, el sistema parecía funcionar. Mientras gran parte de América Latina sufría golpes de Estado, juntas militares y dictaduras abiertas, México mantenía una estabilidad política que muchos observadores extranjeros admiraban. Los presidentes cambiaban cada seis años. El ejército permanecía en los cuarteles. Las instituciones parecían sólidas. La economía crecía.

Aquella estabilidad alimentó todavía más la legitimidad del régimen. El PRI se presentaba como heredero legítimo de la Revolución y como garante de la paz social. Gobernadores, presidentes municipales, legisladores, líderes sindicales y organizaciones campesinas formaban parte de una enorme estructura política que parecía abarcar todo el país. Para millones de ciudadanos, el partido no era solamente una organización electoral. Era prácticamente una extensión del propio Estado mexicano.

Sin embargo, detrás de aquella aparente fortaleza comenzaban a crecer contradicciones cada vez más difíciles de ocultar. La estabilidad tenía un costo. La oposición encontraba enormes obstáculos para competir. Las elecciones despertaban crecientes dudas. Los movimientos sociales eran observados con desconfianza. La crítica política encontraba límites que pocas veces aparecían escritos, pero que todos conocían perfectamente.

Mientras el régimen hablaba de democracia revolucionaria, el poder comenzaba a concentrarse cada vez más alrededor de una sola estructura política.

La promesa de representar a todos los mexicanos comenzaba lentamente a confundirse con la pretensión de gobernarlos a todos.

CUANDO EL PARTIDO SE CONFUNDIÓ CON EL PAÍS

La década de los sesenta marcó un punto de inflexión. El crecimiento económico continuaba, pero también crecían las demandas de participación política. Nuevas generaciones de estudiantes, intelectuales y ciudadanos comenzaron a exigir espacios más amplios de libertad y competencia democrática. México ya no era el país rural de los años treinta. Era una sociedad más urbana, más educada y más consciente de las limitaciones del sistema.

El movimiento estudiantil de 1968 se convirtió en uno de los momentos más reveladores de esa contradicción. Mientras el gobierno seguía presentándose como heredero de una revolución popular y democrática, la respuesta frente a las protestas mostró el rostro más autoritario del régimen. La matanza de Tlatelolco dejó una herida que nunca terminó de cerrar completamente y sembró una duda profunda en millones de mexicanos: si el sistema representaba realmente al pueblo, ¿por qué le tenía tanto miedo a la crítica?

Los años siguientes continuaron mostrando señales de desgaste. Crisis económicas, devaluaciones, corrupción, conflictos sindicales y crecientes cuestionamientos electorales comenzaron a erosionar la confianza pública. La promesa original de un partido que representaba a todos los sectores sociales empezaba a chocar con una realidad donde amplios grupos ciudadanos se sentían excluidos de las decisiones fundamentales.

La elección presidencial de 1988 profundizó todavía más esa percepción. La famosa caída del sistema durante el conteo de votos se convirtió para millones de mexicanos en símbolo de una credibilidad que comenzaba a derrumbarse. Independientemente de las interpretaciones posteriores, una parte importante del país dejó de creer que las instituciones políticas funcionaban con la transparencia que el propio régimen proclamaba.

Fue entonces cuando el segundo gran engaño comenzó a quedar al descubierto.

No porque el sistema hubiera carecido de logros. Los tuvo y fueron importantes. México construyó instituciones, amplió infraestructura, fortaleció la educación pública y evitó durante décadas las rupturas violentas que golpearon a otras naciones latinoamericanas.

El engaño fue otro.

Consistió en hacer creer que un solo partido podía representar permanentemente la voluntad de todos los mexicanos.

La Revolución prometió crear un instrumento político para servir a la nación. Con el paso del tiempo, muchos mexicanos comenzaron a sentir que la nación había terminado sirviendo al instrumento político.

Y mientras aquella confianza empezaba a resquebrajarse, surgiría una nueva promesa destinada a conquistar el imaginario nacional: la renovación moral de la sociedad. Ahí comenzaría el tercero de los siete grandes engaños de la política mexicana.

EL EL PRIMER MUNDO QUE NOS PROMETIERON

CUANDO MÉXICO DECIDIÓ APOSTARLO TODO A LA MODERNIZACIÓN

Cuando Carlos Salinas de Gortari llegó a la Presidencia de la República en diciembre de 1988, México era un país profundamente dividido. La elección que lo llevó al poder había quedado marcada por una de las mayores controversias políticas del siglo veinte mexicano. La famosa caída del sistema durante el conteo electoral dejó una herida que acompañaría a su gobierno desde el primer día. Sin embargo, más allá de las disputas políticas, el nuevo presidente comprendió que enfrentaba un desafío enorme: reconstruir la confianza en la capacidad del país para crecer después de una década marcada por crisis económicas, inflación y deterioro financiero.

Salinas presentó un proyecto ambicioso de transformación nacional. México debía modernizarse, dejar atrás estructuras económicas que muchos consideraban agotadas, abrirse al mundo, atraer inversiones, incrementar exportaciones y competir en una economía internacional cada vez más globalizada. La palabra modernización comenzó a repetirse en discursos, programas gubernamentales y medios de comunicación como si se tratara de una fórmula capaz de resolver buena parte de los problemas acumulados durante décadas.

Las privatizaciones avanzaron rápidamente. Empresas estatales pasaron a manos privadas. El gobierno redujo su participación directa en numerosos sectores productivos. Se impulsaron reformas económicas que buscaban hacer más eficiente al aparato nacional. Los indicadores macroeconómicos comenzaron a mostrar señales alentadoras y muchos observadores nacionales e internacionales empezaron a hablar de México como una economía emergente con enorme potencial.

Aquella narrativa resultaba particularmente atractiva para una sociedad cansada de crisis recurrentes. Después de años de ajustes, devaluaciones y pérdida de poder adquisitivo, millones de mexicanos querían creer que finalmente se aproximaba una etapa de prosperidad sostenida. El discurso oficial hablaba de competitividad, crecimiento, inversión y oportunidades. El país parecía estar dejando atrás sus viejos problemas para incorporarse a una nueva era de desarrollo.

La modernización no solamente prometía crecimiento económico. Prometía también reconocimiento internacional. Por primera vez en mucho tiempo, México comenzaba a imaginarse a sí mismo como una nación capaz de competir de igual a igual con las economías más avanzadas del mundo. Millones de mexicanos comenzaron a creer que el futuro ya había llegado y que esta vez sí venía dispuesto a quedarse.

EL TRATADO QUE ABRIRÍA LAS PUERTAS DEL PRIMER MUNDO

La pieza central de aquella visión fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La negociación con Estados Unidos y Canadá fue presentada como una decisión histórica capaz de modificar para siempre el destino económico nacional. El mensaje era sencillo y poderoso: al integrarse comercialmente con dos de las economías más desarrolladas del planeta, México aceleraría su crecimiento y alcanzaría niveles de bienestar que hasta entonces parecían lejanos.

La firma del tratado generó entusiasmo en amplios sectores empresariales, financieros y gubernamentales. Se hablaba de inversiones masivas, nuevas industrias, empleos mejor remunerados y oportunidades inéditas para las exportaciones mexicanas. Algunos analistas llegaron incluso a afirmar que México estaba entrando definitivamente al primer mundo, como si la sola apertura comercial pudiera borrar de golpe la desigualdad histórica, la pobreza persistente y las enormes diferencias regionales que seguían dividiendo al país.

Aquella expresión adquirió una enorme fuerza simbólica. No se trataba solamente de cifras económicas. Era una promesa emocional. Después de décadas escuchando que el país estaba en vías de desarrollo, muchos ciudadanos comenzaron a pensar que por fin se acercaba el momento de alcanzar estándares de vida comparables con los de las naciones más avanzadas. México parecía tener frente a sí una puerta nueva, brillante, casi irresistible.

Las exportaciones efectivamente crecieron. Nuevos sectores industriales se fortalecieron. Regiones completas comenzaron a integrarse a cadenas productivas internacionales. La economía mexicana experimentó transformaciones profundas que modificaron la estructura productiva nacional. Sería injusto negar esos avances, porque el país sí cambió y muchos sectores encontraron oportunidades que antes no existían.

Sin embargo, mientras el discurso celebraba la llegada al primer mundo, millones de mexicanos seguían enfrentando realidades muy distintas. La pobreza persistía en amplias regiones. Las desigualdades territoriales continuaban siendo enormes. Los beneficios de la apertura económica no llegaban con la misma intensidad a todos los sectores sociales ni a todas las zonas del país. La promesa de prosperidad universal comenzaba a mostrar fisuras que todavía resultaban difíciles de reconocer públicamente.

CUANDO EL SUEÑO COMENZÓ A DESPERTAR

El primero de enero de 1994 ocurrieron dos acontecimientos que simbolizaron las contradicciones de aquella etapa. Mientras entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantaba en armas en Chiapas. Aquella coincidencia parecía resumir dos Méxicos completamente distintos. Uno miraba hacia los mercados internacionales y la integración económica global. El otro recordaba que millones de personas seguían viviendo en condiciones de marginación, pobreza y exclusión.

Meses después, el asesinato de Luis Donaldo Colosio sacudió profundamente al país. La sensación de estabilidad comenzó a deteriorarse. La incertidumbre política regresó. Y hacia finales de ese mismo año, la crisis financiera conocida como el Error de Diciembre provocó una nueva devaluación, una severa recesión y enormes dificultades para millones de familias. El contraste fue devastador: apenas unos meses antes, numerosos discursos hablaban de ingreso al primer mundo; ahora el país enfrentaba desempleo, endeudamiento, pérdida de patrimonio y angustia económica.

Con el paso de los años, el Tratado de Libre Comercio demostraría tener efectos complejos. Generó oportunidades importantes para numerosos sectores productivos. Impulsó exportaciones y atrajo inversiones. Pero también dejó claro que ningún acuerdo comercial puede resolver por sí mismo problemas históricos de desigualdad, pobreza, corrupción o debilidad institucional. La apertura económica podía transformar industrias, pero no podía sustituir la construcción de un país más justo.

Ahí apareció el cuarto gran engaño de la política mexicana. No porque la apertura económica fuera necesariamente un error. No porque la integración comercial careciera de beneficios. No porque la modernización fuera un objetivo equivocado. El engaño consistió en hacer creer que la firma de un tratado y la apertura de mercados bastaban para convertir automáticamente a México en una nación desarrollada.

México descubrió que el primer mundo no era un lugar al que se llegaba firmando documentos, sino una construcción compleja que exige instituciones sólidas, educación de calidad, crecimiento incluyente y oportunidades reales para millones de personas. Y mientras aquella ilusión comenzaba a perder fuerza, una nueva promesa se preparaba para conquistar el corazón de los mexicanos: la promesa de que sacar al PRI de Los Pinos transformaría por completo al país. Ahí comenzaría el quinto de los siete grandes engaños de la política mexicana.

 EL PRIMER MUNDO QUE NOS PROMETIERON

CUANDO MÉXICO DECIDIÓ APOSTARLO TODO A LA MODERNIZACIÓN

Cuando Carlos Salinas de Gortari llegó a la Presidencia de la República en diciembre de 1988, México era un país profundamente dividido. La elección que lo llevó al poder había quedado marcada por una de las mayores controversias políticas del siglo veinte mexicano. La famosa caída del sistema durante el conteo electoral dejó una herida que acompañaría a su gobierno desde el primer día. Sin embargo, más allá de las disputas políticas, el nuevo presidente comprendió que enfrentaba un desafío enorme: reconstruir la confianza en la capacidad del país para crecer después de una década marcada por crisis económicas, inflación y deterioro financiero.

Salinas presentó un proyecto ambicioso de transformación nacional. México debía modernizarse, dejar atrás estructuras económicas que muchos consideraban agotadas, abrirse al mundo, atraer inversiones, incrementar exportaciones y competir en una economía internacional cada vez más globalizada. La palabra modernización comenzó a repetirse en discursos, programas gubernamentales y medios de comunicación como si se tratara de una fórmula capaz de resolver buena parte de los problemas acumulados durante décadas.

Las privatizaciones avanzaron rápidamente. Empresas estatales pasaron a manos privadas. El gobierno redujo su participación directa en numerosos sectores productivos. Se impulsaron reformas económicas que buscaban hacer más eficiente al aparato nacional. Los indicadores macroeconómicos comenzaron a mostrar señales alentadoras y muchos observadores nacionales e internacionales empezaron a hablar de México como una economía emergente con enorme potencial.

Aquella narrativa resultaba particularmente atractiva para una sociedad cansada de crisis recurrentes. Después de años de ajustes, devaluaciones y pérdida de poder adquisitivo, millones de mexicanos querían creer que finalmente se aproximaba una etapa de prosperidad sostenida. El discurso oficial hablaba de competitividad, crecimiento, inversión y oportunidades. El país parecía estar dejando atrás sus viejos problemas para incorporarse a una nueva era de desarrollo.

La modernización no solamente prometía crecimiento económico. Prometía también reconocimiento internacional. Por primera vez en mucho tiempo, México comenzaba a imaginarse a sí mismo como una nación capaz de competir de igual a igual con las economías más avanzadas del mundo. Millones de mexicanos comenzaron a creer que el futuro ya había llegado y que esta vez sí venía dispuesto a quedarse.

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EL TRATADO QUE ABRIRÍA LAS PUERTAS DEL PRIMER MUNDO

La pieza central de aquella visión fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La negociación con Estados Unidos y Canadá fue presentada como una decisión histórica capaz de modificar para siempre el destino económico nacional. El mensaje era sencillo y poderoso: al integrarse comercialmente con dos de las economías más desarrolladas del planeta, México aceleraría su crecimiento y alcanzaría niveles de bienestar que hasta entonces parecían lejanos.

La firma del tratado generó entusiasmo en amplios sectores empresariales, financieros y gubernamentales. Se hablaba de inversiones masivas, nuevas industrias, empleos mejor remunerados y oportunidades inéditas para las exportaciones mexicanas. Algunos analistas llegaron incluso a afirmar que México estaba entrando definitivamente al primer mundo, como si la sola apertura comercial pudiera borrar de golpe la desigualdad histórica, la pobreza persistente y las enormes diferencias regionales que seguían dividiendo al país.

Aquella expresión adquirió una enorme fuerza simbólica. No se trataba solamente de cifras económicas. Era una promesa emocional. Después de décadas escuchando que el país estaba en vías de desarrollo, muchos ciudadanos comenzaron a pensar que por fin se acercaba el momento de alcanzar estándares de vida comparables con los de las naciones más avanzadas. México parecía tener frente a sí una puerta nueva, brillante, casi irresistible.

Las exportaciones efectivamente crecieron. Nuevos sectores industriales se fortalecieron. Regiones completas comenzaron a integrarse a cadenas productivas internacionales. La economía mexicana experimentó transformaciones profundas que modificaron la estructura productiva nacional. Sería injusto negar esos avances, porque el país sí cambió y muchos sectores encontraron oportunidades que antes no existían.

Sin embargo, mientras el discurso celebraba la llegada al primer mundo, millones de mexicanos seguían enfrentando realidades muy distintas. La pobreza persistía en amplias regiones. Las desigualdades territoriales continuaban siendo enormes. Los beneficios de la apertura económica no llegaban con la misma intensidad a todos los sectores sociales ni a todas las zonas del país. La promesa de prosperidad universal comenzaba a mostrar fisuras que todavía resultaban difíciles de reconocer públicamente.

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CUANDO EL SUEÑO COMENZÓ A DESPERTAR

El primero de enero de 1994 ocurrieron dos acontecimientos que simbolizaron las contradicciones de aquella etapa. Mientras entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantaba en armas en Chiapas. Aquella coincidencia parecía resumir dos Méxicos completamente distintos. Uno miraba hacia los mercados internacionales y la integración económica global. El otro recordaba que millones de personas seguían viviendo en condiciones de marginación, pobreza y exclusión.

Meses después, el asesinato de Luis Donaldo Colosio sacudió profundamente al país. La sensación de estabilidad comenzó a deteriorarse. La incertidumbre política regresó. Y hacia finales de ese mismo año, la crisis financiera conocida como el Error de Diciembre provocó una nueva devaluación, una severa recesión y enormes dificultades para millones de familias. El contraste fue devastador: apenas unos meses antes, numerosos discursos hablaban de ingreso al primer mundo; ahora el país enfrentaba desempleo, endeudamiento, pérdida de patrimonio y angustia económica.

Con el paso de los años, el Tratado de Libre Comercio demostraría tener efectos complejos. Generó oportunidades importantes para numerosos sectores productivos. Impulsó exportaciones y atrajo inversiones. Pero también dejó claro que ningún acuerdo comercial puede resolver por sí mismo problemas históricos de desigualdad, pobreza, corrupción o debilidad institucional. La apertura económica podía transformar industrias, pero no podía sustituir la construcción de un país más justo.

Ahí apareció el cuarto gran engaño de la política mexicana. No porque la apertura económica fuera necesariamente un error. No porque la integración comercial careciera de beneficios. No porque la modernización fuera un objetivo equivocado. El engaño consistió en hacer creer que la firma de un tratado y la apertura de mercados bastaban para convertir automáticamente a México en una nación desarrollada.

México descubrió que el primer mundo no era un lugar al que se llegaba firmando documentos, sino una construcción compleja que exige instituciones sólidas, educación de calidad, crecimiento incluyente y oportunidades reales para millones de personas. Y mientras aquella ilusión comenzaba a perder fuerza, una nueva promesa se preparaba para conquistar el corazón de los mexicanos: la promesa de que sacar al PRI de Los Pinos transformaría por completo al país. Ahí comenzaría el quinto de los siete grandes engaños de la política mexicana.

EL CAMBIO QUE IBA A TRANSFORMAR A MÉXICO

CUANDO MILLONES DE MEXICANOS CREYERON QUE TODO IBA A SER DIFERENTE

La noche del 2 de julio del año 2000 quedó grabada en la memoria colectiva del país. Por primera vez en más de siete décadas, el Partido Revolucionario Institucional perdía la Presidencia de la República. La noticia recorrió calles, hogares, plazas públicas y medios de comunicación con una intensidad pocas veces vista en la historia política nacional. Para millones de mexicanos no se trataba simplemente de una elección. Parecía el final de una época completa.

Durante años, la oposición había sostenido que muchos de los problemas nacionales estaban relacionados con la concentración de poder construida alrededor del PRI. Corrupción, autoritarismo, falta de competencia política y excesos gubernamentales aparecían constantemente asociados al partido que había gobernado prácticamente todo el siglo veinte. Por eso, cuando Vicente Fox logró la victoria presidencial, una parte importante de la sociedad interpretó aquel resultado como el inicio de una transformación profunda.

Fox representaba algo que iba mucho más allá de una candidatura. Representaba la alternancia. Representaba la posibilidad de demostrar que la democracia mexicana había alcanzado la madurez suficiente para cambiar de gobierno mediante el voto ciudadano. Representaba la idea de que las viejas prácticas políticas podían quedar atrás. Sobre todo, representaba esperanza.

La campaña había alimentado expectativas enormes. El lenguaje directo del candidato, su estilo diferente al de los políticos tradicionales y la promesa de sacar al PRI de Los Pinos construyeron una narrativa poderosa. Muchos mexicanos comenzaron a imaginar que el simple hecho de cambiar de partido en el gobierno produciría cambios profundos en la vida nacional.

Era una ilusión comprensible. Después de décadas de dominio de una sola fuerza política, la alternancia parecía anunciar una nueva era. La democracia había logrado una de sus pruebas más difíciles. El poder cambiaba de manos sin violencia, sin crisis institucional y mediante el voto ciudadano.

Por primera vez en generaciones completas, millones de mexicanos sintieron que la historia podía cambiar de dirección.

LA DEMOCRACIA QUE PROMETÍA RESOLVERLO TODO

Los primeros meses del nuevo gobierno estuvieron acompañados por un enorme capital político. La ciudadanía observaba con atención cada movimiento de la nueva administración. Había entusiasmo. Había expectativas. Había incluso una sensación de orgullo democrático que trascendía simpatías partidistas.

Durante años, buena parte de la oposición había explicado los problemas nacionales mediante una fórmula aparentemente sencilla: mientras existiera un partido hegemónico, México no podría desarrollar plenamente sus instituciones democráticas. La conclusión parecía lógica. Si el obstáculo desaparecía, los cambios llegarían casi de manera natural.

Sin embargo, la realidad comenzó a mostrar rápidamente que los problemas del país eran mucho más complejos. La corrupción no desapareció. Las estructuras burocráticas continuaron funcionando con inercias acumuladas durante décadas. Los conflictos políticos siguieron existiendo. Las diferencias entre partidos no se evaporaron con la alternancia. La democracia había logrado cambiar al gobierno, pero no podía transformar automáticamente toda la cultura política nacional.

Además, el nuevo escenario produjo fenómenos inesperados. El presidente ya no contaba con el control legislativo que habían tenido muchos de sus antecesores. La negociación se volvió indispensable. Los acuerdos eran más difíciles. Las reformas avanzaban con lentitud. Lo que para algunos era una muestra de pluralidad democrática, para otros se convirtió en fuente de frustración.

La sociedad comenzó a descubrir algo que pocas veces había sido explicado durante los años de oposición: derrotar a un partido no equivale necesariamente a resolver los problemas estructurales de una nación.

La alternancia era una condición importante para la democracia. Pero no era una solución mágica.

México descubría que cambiar de gobierno resulta mucho más sencillo que cambiar las realidades acumuladas durante generaciones.

CUANDO LA ESPERANZA COMENZÓ A ENCONTRAR LÍMITES

Conforme avanzó el sexenio, las expectativas iniciales comenzaron a moderarse. Algunos avances institucionales fueron importantes. La competencia electoral se fortaleció. La libertad de expresión continuó ampliándose. Los procesos democráticos adquirieron mayor normalidad. Sin embargo, muchos ciudadanos empezaron a preguntarse dónde estaban las grandes transformaciones que habían imaginado durante la campaña.

La pobreza seguía presente. La desigualdad continuaba afectando a millones de personas. La corrupción aparecía periódicamente en la conversación pública. Los problemas de seguridad comenzaban a mostrar señales preocupantes. La sensación de que el cambio sería inmediato empezó a diluirse.

El desencanto no surgió porque la democracia hubiera fracasado. Surgió porque las expectativas habían sido extraordinariamente altas. Durante años se había construido la idea de que la alternancia resolvería buena parte de los males nacionales. Cuando la realidad demostró que los desafíos seguían siendo enormes, muchos ciudadanos experimentaron una decepción profunda.

Con el tiempo, aquella frustración tendría consecuencias importantes para la vida política mexicana. Una parte del electorado comenzó a perder confianza no solamente en los partidos tradicionales, sino también en la capacidad de la propia transición democrática para producir resultados tangibles. El entusiasmo del año 2000 fue dejando paso a preguntas más complejas sobre el funcionamiento real del sistema político.

Ahí apareció el quinto gran engaño de la política mexicana.

No porque la democracia fuera un error. No porque la alternancia careciera de valor. No porque sacar al PRI de la Presidencia careciera de significado histórico.

El engaño consistió en hacer creer que la democracia, por sí sola, resolvería automáticamente los problemas nacionales.

México descubrió que las elecciones pueden cambiar gobiernos, pero no sustituyen el trabajo permanente de construir instituciones eficaces, combatir la corrupción, fortalecer el Estado de derecho y generar oportunidades para millones de personas.

Y mientras el desencanto comenzaba a extenderse, una nueva promesa empezaba a ocupar el centro del debate nacional. Era la promesa de que una guerra frontal contra el crimen organizado devolvería la paz a los mexicanos. Ahí comenzaría el sexto de los siete grandes engaños de la política mexicana.

LA GUERRA QUE IBA A DEVOLVERNOS LA TRANQUILIDAD

CUANDO EL PAÍS DECIDIÓ DECLARARLE LA GUERRA AL MIEDO

Felipe Calderón Hinojosa llegó a la Presidencia de la República en diciembre de 2006 en medio de uno de los procesos electorales más disputados de la historia contemporánea de México. La diferencia mínima entre los dos principales candidatos provocó semanas de confrontación política, movilizaciones, impugnaciones y cuestionamientos sobre la legitimidad del resultado. El nuevo gobierno nació en un ambiente de polarización que condicionaría buena parte de sus decisiones posteriores.

En ese contexto apareció una de las apuestas más arriesgadas realizadas por un gobierno mexicano en las últimas décadas. Apenas iniciada la administración, el combate frontal contra los grupos del crimen organizado fue presentado como una prioridad nacional. El mensaje parecía claro: el Estado debía recuperar territorios donde la delincuencia había fortalecido su presencia, reconstruir la autoridad pública y garantizar seguridad para millones de ciudadanos.

La propuesta encontró respaldo inicial en amplios sectores sociales. Los problemas relacionados con el narcotráfico ya venían creciendo desde años atrás. Diversas organizaciones criminales acumulaban poder económico, capacidad operativa e influencia territorial. La sensación de que el problema estaba expandiéndose generaba preocupación entre ciudadanos, empresarios y gobiernos locales.

Para muchos mexicanos, la estrategia parecía necesaria. Nadie quería un país donde los grupos criminales continuaran fortaleciendo sus estructuras sin enfrentar resistencia institucional. La idea de recuperar el control del territorio nacional resultaba atractiva y comprensible. El gobierno presentó la estrategia como una batalla indispensable para preservar el Estado de derecho.

Lo que comenzó como una política de seguridad terminó convirtiéndose en la narrativa central de todo un sexenio.

Millones de mexicanos creyeron que una acción firme y decidida permitiría recuperar la tranquilidad que el país comenzaba a perder.

LA VIOLENCIA QUE CRECIÓ MÁS RÁPIDO QUE LAS SOLUCIONES

Conforme avanzaron los años, la realidad comenzó a mostrar un escenario mucho más complejo de lo previsto. Las operaciones de seguridad se multiplicaron. Miles de elementos federales fueron desplegados en distintas regiones del país. Los enfrentamientos aumentaron. Las detenciones ocuparon titulares. Los decomisos se volvieron frecuentes. Sin embargo, paralelamente, los niveles de violencia comenzaron a crecer.

Una de las principales dificultades fue que la fragmentación de las organizaciones criminales produjo nuevas disputas territoriales. Grupos que antes operaban bajo estructuras relativamente definidas comenzaron a dividirse, competir y enfrentarse entre sí. En numerosas regiones aparecieron nuevas expresiones de violencia asociadas a la lucha por rutas, mercados ilegales y control territorial.

Mientras las autoridades destacaban capturas importantes, la ciudadanía observaba cómo aumentaban homicidios, secuestros, extorsiones y enfrentamientos armados. Muchas comunidades comenzaron a vivir experiencias que antes parecían lejanas: bloqueos carreteros, balaceras, desapariciones y una creciente sensación de vulnerabilidad.

La cobertura mediática intensificó todavía más la percepción de crisis. Imágenes de operativos, decomisos, enfrentamientos y escenas de violencia comenzaron a formar parte cotidiana de la conversación pública. El tema de la seguridad dejó de ser una preocupación localizada para convertirse en uno de los asuntos centrales de la vida nacional.

Al mismo tiempo surgieron debates profundos sobre la estrategia adoptada. Algunos sostenían que el gobierno simplemente estaba enfrentando un problema heredado que había sido ignorado durante años. Otros argumentaban que la forma en que se desarrolló el combate contribuyó a intensificar el conflicto. Las discusiones continúan hasta nuestros días.

Lo cierto es que millones de mexicanos comenzaron a experimentar una realidad muy distinta a la que habían imaginado cuando escucharon la promesa de recuperar la paz.

CUANDO EL PAÍS DESCUBRIÓ QUE NO EXISTEN SOLUCIONES SIMPLES

Al concluir el sexenio, México era un país diferente. La seguridad se había convertido en la principal preocupación nacional. Miles de familias enfrentaban pérdidas irreparables. Numerosas regiones vivían bajo condiciones de tensión permanente. La violencia ocupaba diariamente espacios en periódicos, noticieros y conversaciones cotidianas.

Sería simplista atribuir toda la responsabilidad a un solo gobierno. El fenómeno criminal tenía raíces profundas relacionadas con corrupción, impunidad, debilidad institucional, mercados internacionales de drogas, pobreza y múltiples factores acumulados durante décadas. Sin embargo, para millones de ciudadanos, el sexenio de Felipe Calderón quedó inevitablemente asociado al momento en que la violencia adquirió una dimensión mucho más visible y generalizada.

La gran promesa consistía en recuperar la tranquilidad mediante una ofensiva frontal contra el crimen organizado. La expectativa era que una respuesta firme permitiría restablecer el orden y devolver seguridad a las familias mexicanas. Lo que ocurrió fue mucho más complejo. El problema no desapareció. Por el contrario, evolucionó, se transformó y continuó condicionando la vida nacional durante los gobiernos posteriores.

Ahí apareció el sexto gran engaño de la política mexicana.

No porque combatir al crimen organizado fuera innecesario. No porque el Estado debiera renunciar a enfrentar a grupos criminales. No porque la seguridad pública carezca de importancia.

El engaño consistió en hacer creer que un problema tan profundo podía resolverse rápidamente mediante una estrategia esencialmente centrada en el uso de la fuerza.

México descubrió que la seguridad no depende solamente de operativos, despliegues y detenciones. Depende también de instituciones sólidas, ministerios públicos eficaces, policías confiables, sistemas de justicia funcionales, oportunidades económicas y una capacidad permanente del Estado para imponer la ley sin abandonar los derechos ciudadanos.

Y mientras la frustración frente a la inseguridad continuaba creciendo, una nueva promesa comenzaba a conquistar a millones de mexicanos. Era la promesa de una transformación que acabaría con la corrupción, los privilegios y las viejas prácticas políticas. Ahí comenzaría el séptimo de los siete grandes engaños de la política mexicana.

NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR

CUANDO MILLONES DE MEXICANOS DECIDIERON VOLVER A CREER

La elección presidencial de 2018 fue mucho más que una competencia entre partidos políticos. Para millones de ciudadanos representó una especie de ajuste de cuentas con décadas enteras de frustraciones acumuladas. Después de años marcados por escándalos de corrupción, violencia creciente, desigualdad persistente y una profunda desconfianza hacia las élites políticas tradicionales, una parte importante de la sociedad mexicana decidió apostar por una alternativa que prometía romper con todo aquello que consideraba responsable del deterioro nacional.

Andrés Manuel López Obrador llevaba muchos años recorriendo el país. Había construido una narrativa basada en la cercanía con la gente común, la crítica permanente a los privilegios de la clase gobernante y la convicción de que México podía transformarse si se combatía la corrupción desde la raíz. Su mensaje resultaba sencillo de entender y poderoso en términos políticos. Según esa visión, buena parte de los problemas nacionales tenían un origen común: una estructura de poder que durante décadas había permitido abusos, privilegios e impunidad.

La propuesta conectó con millones de ciudadanos que sentían que las promesas anteriores habían terminado en decepción. La alternancia del año 2000 no había producido la transformación esperada. La guerra contra el crimen organizado no había devuelto la tranquilidad prometida. Las reformas económicas tampoco habían generado prosperidad para todos. En ese contexto, la llamada Cuarta Transformación apareció como una nueva esperanza.

La fuerza simbólica del movimiento era enorme. No se presentaba simplemente como un cambio de gobierno. Se presentaba como una transformación histórica comparable con la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana. La expectativa era gigantesca. El país parecía dispuesto a iniciar una nueva etapa.

Dentro de esa narrativa surgió una frase que se convertiría en uno de los lemas políticos más conocidos de las últimas décadas: no mentir, no robar y no traicionar. Aquellas palabras resumían la promesa central del proyecto. La transformación nacional comenzaría recuperando principios éticos que supuestamente habían sido abandonados por generaciones anteriores de gobernantes.

Millones de mexicanos decidieron creer que esta vez la historia sería diferente.

LA TRANSFORMACIÓN QUE DESPERTÓ ESPERANZAS Y DIVISIONES

Los primeros años del nuevo gobierno estuvieron acompañados por un respaldo político extraordinario. El presidente contaba con altos niveles de popularidad y una capacidad de comunicación directa que le permitía influir diariamente en la conversación pública nacional. Muchas de las viejas estructuras políticas parecían haber sido desplazadas por una nueva fuerza que gozaba de legitimidad electoral incuestionable.

Diversos programas sociales fueron ampliados o creados. Sectores históricamente olvidados recibieron apoyos directos. La narrativa de austeridad republicana encontró eco entre ciudadanos cansados de observar excesos gubernamentales. La crítica permanente a los privilegios de las élites políticas continuó siendo una de las principales fuentes de respaldo popular para el nuevo proyecto.

Sin embargo, conforme avanzaron los años también comenzaron a surgir cuestionamientos. Los debates públicos se volvieron cada vez más intensos. La polarización política aumentó. Los simpatizantes del gobierno destacaban avances que consideraban históricos. Sus críticos señalaban decisiones que juzgaban equivocadas o insuficientes. El país parecía dividirse con frecuencia entre visiones profundamente distintas sobre una misma realidad.

La corrupción no desapareció del debate público. Los problemas de seguridad continuaron ocupando espacios centrales en la conversación nacional. Las diferencias económicas siguieron presentes. Algunas instituciones enfrentaron tensiones inéditas. Al mismo tiempo, millones de personas continuaban respaldando el proyecto porque consideraban que representaba una ruptura necesaria con el pasado.

La complejidad del momento político mexicano hizo evidente algo que pocas veces aparece en las campañas electorales: gobernar un país resulta mucho más difícil que diagnosticar sus problemas.

La transformación avanzaba para unos. La transformación resultaba insuficiente para otros. Y la discusión parecía estar lejos de concluir.

CUANDO LA REALIDAD VOLVIÓ A SER MÁS COMPLEJA QUE LA PROMESA

Con el paso del tiempo, México volvió a encontrarse frente a una lección que ya había aparecido en distintos momentos de su historia. Las grandes promesas políticas suelen enfrentarse con realidades extraordinariamente complejas. La corrupción no desaparece automáticamente. La inseguridad no se resuelve mediante una sola estrategia. La desigualdad no se corrige en unos cuantos años. Las inercias institucionales acumuladas durante décadas rara vez cambian con la velocidad que los ciudadanos desean.

La Cuarta Transformación modificó profundamente el mapa político nacional. Reconfiguró alianzas, alteró equilibrios de poder y cambió la conversación pública. Nadie puede negar la magnitud de su impacto histórico. Sin embargo, el juicio definitivo sobre sus resultados probablemente seguirá siendo objeto de debate durante muchos años.

Para millones de mexicanos, el proyecto representó una esperanza legítima de cambio. Para otros, significó una nueva decepción dentro de una larga cadena de expectativas incumplidas. Ambas visiones conviven actualmente en la vida pública nacional y ayudan a explicar buena parte de la intensidad política que caracteriza al país.

Ahí aparece el séptimo gran engaño de la política mexicana.

No porque combatir la corrupción sea una causa equivocada.

No porque la búsqueda de justicia social carezca de valor.

No porque las transformaciones profundas sean imposibles.

El engaño consiste en hacer creer que existe una fuerza política capaz de resolver por sí sola problemas acumulados durante generaciones enteras.

México ha pasado más de un siglo persiguiendo grandes promesas. La Revolución prometió justicia definitiva. El partido de la Revolución prometió representar a todos. La renovación moral prometió limpiar la vida pública. La modernización prometió llevarnos al primer mundo. La alternancia prometió transformar la democracia. La guerra contra el crimen prometió devolver la paz. La Cuarta Transformación prometió erradicar corrupción y privilegios.

Cada una de esas promesas contenía una parte de verdad.

Y también una parte de ilusión.

Porque la historia nacional parece demostrar una y otra vez que ningún líder, ningún partido y ningún gobierno poseen por sí solos la capacidad de resolver todos los problemas de México.

Ahí termina el séptimo de los siete grandes engaños de la política mexicana.

Y ahí comienza una pregunta mucho más importante para el futuro del país:

¿cuándo aprenderemos que las soluciones duraderas no dependen de salvadores políticos, sino de ciudadanos capaces de construir instituciones más fuertes que cualquier gobierno?

(By operación W).