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Vinculan a proceso a exgobernador de Guerrero por caso Ayotzinapa; seguirá en prisión en El Altiplano

  • Foto del escritor: La Noticia al Punto
    La Noticia al Punto
  • hace 3 horas
  • 3 min de lectura

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal determinó vincular a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel "N", por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, dentro de las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.


La resolución fue dada a conocer por la Fiscalía General de la República (FGR), que informó que el juzgador encontró elementos suficientes para que el exmandatario continúe enfrentando el proceso penal, al considerar que existen indicios de que habría ocultado información y pruebas relacionadas con los hechos ocurridos en septiembre de 2014.


La audiencia, realizada en los juzgados federales del penal de máxima seguridad de El Altiplano, se prolongó por cerca de 15 horas. Al concluir, el juez ordenó que Ángel "N" permanezca bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que seguirá recluido en el centro penitenciario al que ingresó el pasado 6 de agosto, luego de ser detenido en Tepotzotlán, Estado de México.


Durante la diligencia, el Ministerio Público Federal presentó diversos datos de prueba, entre ellos los testimonios de dos testigos protegidos, con los que, según el juez, se acreditó de manera probable que el exgobernador recibió y dio instrucciones para destruir dos videos captados por el sistema de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala. En dichas grabaciones, de acuerdo con la investigación, se observaba el recorrido de los normalistas durante las noches del 26 y 27 de septiembre de 2014.


Con base en esos elementos, la autoridad judicial resolvió iniciar formalmente el proceso penal por desaparición forzada y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las testigos identificadas con las claves BMREO y LGM, quienes laboraban en el Tribunal Superior de Justicia, declararon que el entonces gobernador habría ordenado eliminar el material videográfico con el propósito de ocultar presuntos vínculos entre mandos policiales y grupos del crimen organizado.


Por su parte, la defensa del exmandatario adelantó que impugnará la resolución judicial. Sus abogados reconocieron que la decisión generó molestia y frustración, además de señalar que su cliente no comprende el origen de las acusaciones y que, hasta el momento, no han podido comunicarse con él.

Durante la audiencia, el equipo jurídico presentó 31 elementos de prueba con los que buscó demostrar que Ángel "N" no intervino en la supuesta destrucción de los videos relacionados con el caso Ayotzinapa.


Entre sus argumentos, sostuvieron que el 29 de septiembre de 2014 el entonces gobernador no se encontraba en Chilpancingo, sino en la Ciudad de México, donde habría sostenido una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Asimismo, afirmaron que las dos testigos no estuvieron presentes en las reuniones de seguridad del 30 de septiembre, donde presuntamente se emitió la orden de destruir las grabaciones.

Como parte de los testimonios ofrecidos por la defensa comparecieron el exsecretario de Gobierno de Guerrero, Jesús Martínez Garnelo, y quien fuera coordinador general de Transporte Aéreo, Felipe Martín Ornelas Rebollo.


Al término de la audiencia, el abogado Guillermo Barrada Cendón criticó la resolución judicial y aseguró que las pruebas presentadas por la defensa eran suficientes para obtener la libertad de su cliente.

También cuestionó que la Fiscalía utilizara la geolocalización de un teléfono celular que, afirmó, no pertenecía al exgobernador para ubicarlo en Chilpancingo, en lugar de la Ciudad de México.


El litigante confirmó que interpondrán un recurso de apelación antes del vencimiento del plazo legal y reiteró que buscarán acreditar la inocencia de Ángel "N" en las siguientes etapas del proceso.

Finalmente, Barrada Cendón expresó solidaridad con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, al considerar que se trata de un caso que merece una investigación exhaustiva para esclarecer plenamente lo ocurrido y alcanzar la verdad.


 
 
 

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