En días recientes ha retomado fuerza el tema de la consulta de revocación de mandato, dado que, al aproximarse la fecha, diversas voces desde la sociedad civil organizada, medios, instituciones del Estado y descentralizadas, funcionarios públicos y ciudadanía en general se han sumado a una conversación que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, reiterativamente pone sobre la mesa como parte de sus puntos de discusión centrales de una retórica que ya todos conocemos.
Desde el punto de vista político, la revocación de mandato puede ser interpretada desde su conceptualización como parte de las discusiones del Foro de Sao Paulo, donde se reúnen los idearios políticos de las izquierdas latinoamericanas, muchas veces ajenos a las democracias liberales, basadas en resultados medibles, en eficacia, no en la popularidad de sus políticos.
Es inverosímil explicar cómo es que un presidente democráticamente electo, en el uso legítimo de sus facultades y obligaciones adquiridos al asumir el cargo, fomenta un ejercicio incierto que transita de la “revocación” a la “ratificación” y viceversa, de acuerdo con interpretaciones a modo a lo largo del tiempo. Incluso las propias leyes se han ido moldeando constitucionalmente en ese sentido gracias, de nuevo, al poder político que emana desde el presidente hacia el poder ejecutivo y judicial, el cual, recordemos “le hizo la tarea” proponiendo un fraseo lo suficientemente ambiguo para su interpretación, pero jurídicamente vinculante.
No se está cuestionando la legitimidad, o los factores que llevaron al presidente al poder, la impresión es que a pesar de que se pueda estar en desacuerdo con su forma de hacer gobierno y la entrega de malos resultados, ni sus propios detractores más activos buscan que el presidente de un paso al costado. Las implicaciones de que esto ocurra pudieran derivar en severas repercusiones políticas, económicas y sociales, las cuales, insisto, nadie desea.
Ahora bien, desde la perspectiva democrática, esta encuesta tampoco adquiere mucho sentido. Si bien es un ejercicio de democracia participativa, los cuales han adquirido una valía importante en otras democracias, en este caso, no se trató de un clamor social por derrocar al gobierno en turno, sino de un ardid propiciado desde el mismo gobierno federal.
Es más, si se tratara de un ejercicio que prioriza la voluntad de la gente, como lo hacen querer ver, requeriría la participación del 40% del electorado (37 millones de votos) para que proceda y en el lejano supuesto de que eso ocurriera (y que el presidente acepte el resultado) sería la Cámara de Diputados la que asigne a un presidente hasta la realización, ahora sí, de nuevas elecciones federales.
De ocurrir lo anterior, el resultado de esta consulta debiese aplicar a partir del próximo sexenio que inicia en 2024 y no de forma retroactiva, eso afectaría los derechos políticos adquiridos por la gente que expresó su decisión en las urnas.
Si se debe asistir o no a participar el próximo 10 de abril, queda bajo la responsabilidad y el derecho político individual. Considero que la abstención en este caso apela al interés genuino del valor del electorado, con ello se podría tratar de paliar la polarización social, así como una forma de evitar el dispendio. Más importante aún, nos permitiría evitar distracciones de temas verdaderamente importantes que merecen nuestra exigencia, como el incremento de la pobreza, las repercusiones de la crisis sanitaria, los niveles alarmantes de violencia o de deserción escolar.
