Revelan red de empresas que habría desviado más de 2 mil millones de pesos de organismos electorales

Una presunta red de empresas habría desviado más de 2 mil millones de pesos provenientes de organismos electorales en México durante el periodo de 2014 a 2023, mediante un esquema de operaciones financieras irregulares, facturación y utilización de prestanombres para ocultar a los verdaderos beneficiarios del dinero.

Así lo dio a conocer la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, durante una entrevista con Héctor Jiménez Landín en Heraldo Televisión, donde habló sobre los avances de las investigaciones y las acciones emprendidas para identificar a los responsables.

La funcionaria explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya puso en marcha medidas legales contra los presuntos involucrados, entre ellas el congelamiento de cuentas bancarias de 15 personas morales y 25 personas físicas relacionadas con el caso.

Buenrostro señaló que el seguimiento de los recursos representa un desafío para las autoridades, debido a que las operaciones fueron estructuradas para dificultar la identificación de quienes realmente recibían el dinero. Sin embargo, las investigaciones han permitido detectar movimientos financieros y patrones que podrían estar relacionados con actividades ilícitas.

Entre los hallazgos destacan perfiles de personas que, por sus características y actividades económicas, no tendrían relación con las empresas involucradas. Se trata incluso de adultos mayores y estudiantes que presuntamente habrían sido utilizados como prestanombres para encubrir a los verdaderos operadores de la red.

La secretaria también describió el mecanismo que presuntamente utilizaban estas compañías para evadir la vigilancia de las autoridades: cuando una empresa comenzaba a ser investigada, suspendía repentinamente sus actividades y dejaba de emitir facturas, mientras otra compañía que llevaba años sin operar retomaba sus actividades para continuar con el esquema.

De esta manera, cuando las autoridades se acercaban a la nueva empresa, el procedimiento se repetía, trasladando las operaciones a otra razón social y dificultando el rastreo de los movimientos financieros.

Las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer el destino de los recursos, identificar a los beneficiarios finales y determinar las responsabilidades correspondientes en uno de los presuntos esquemas de desvío de recursos más relevantes relacionados con organismos electorales en los últimos años.