A finales de la semana pasada un juez en el estado de Luisiana, Estados Unidos bloqueó el retiro del Título 42, una medida que paralizó las solicitudes de asilo en ese país a razón de la pandemia ocasionada por Covid-19 y que permite la deportación inmediata de migrantes indocumentados promovida por la administración Trump. Si bien la medida fue levantada hace unos días, el juez Robert Summerhays, del distrito oeste en dicho estado falló en favor de los más de 20 estados que solicitaron se mantuviera el bloqueo. Desde su aplicación, se han deportado cerca de 2 millones de personas por esta razón. Mientras tanto, la administración del presidente Joe Biden anunció su desaprobación al fallo del juez federal.
En ese sentido, se trata de una medida política al considerar que, si bien sigue habiendo presencia del virus en ambos lados de la frontera, la realidad es que son diversos los factores que llevan al resultado de esta decisión. Cabe señalar que la decisión se basó más en tecnicismos y factores administrativos y no como consecuencia de una verdadera discusión de fondo.
Algo que cabe señalar también es que, este Título 42 no ha influido sustancialmente en el control de personas migrantes en su intento de solicitar asilo o cruzar a los Estados Unidos. Desde hace un par de décadas se comenzaron a registrar los récords más altos de cruces fronterizos, independientemente de la crisis humanitaria que conlleva el hacinamiento humano prolongado debido al cierre total o parcial de la frontera.
Dicho fenómeno es grave si consideramos la situación precaria que atraviesan no sólo los migrantes mexicanos sino centroamericanos y caribeños que han ido incrementándose en los últimos años. La falta de una certeza jurídica por parte del Estado respecto a su situación migratoria, la falta de recursos entre otras complicaciones, hacen de esta población particularmente vulnerable a los riesgos del crimen organizado.
Lo anterior, sin considerar a niños, niñas y adolescentes no acompañados cuya frecuencia es cada vez mayor. Tan sólo para mayo de 2021 más de 22,500 menores no acompañados que acababan de cruzar la frontera fueron detenidos. Al ocurrir esto, quedan bajo custodia de las autoridades migratorias quienes están obligadas a cumplir con estándares apegados a la protección de los Derechos Humanos, sin embargo, estas cifras récord propician una sobrepoblación y una eventual violación de dichos derechos.
Otro de los temas a considerar es que Estados Unidos está viendo afectados sus protocolos migratorios en sus procesos de remoción, al incrementar el flujo de ciudadanos en detención de países como Honduras Nicaragua, Cuba o Venezuela, con quienes ese país no atraviesa buenas relaciones diplomáticas, por lo que se ha decidido también liberarlos en nuestro lado de la frontera, afectando su deportación segura y tensando la relación diplomática con estos países.
Es por este tipo de razones por las cuales no se deben menospreciar los esfuerzos continentales entre los gobiernos de las diversas naciones en eventos internacionales, como la Cumbre de las Américas, en la que hoy se ve incierta la participación de algunos de los países involucrados en este acontecimiento.
Finalmente, conforme avancen los meses veremos como nuevamente el tema migratorio se convertirá en moneda de cambio en la discusión interna del país, previo a las próximas elecciones de noviembre en el Congreso, ante una administración demócrata debilitada en asuntos de política exterior.