Por Lic. Azul Etcheverry A.
Con las decisiones del presidente de impedir la función de empresas de energía renovable en nuestro país, respecto a la obtención y distribución de energía eléctrica, no solo se está poniendo en riesgo la competitividad sino en que está coartando la posibilidad de una izquierda moderna a la altura de las circunstancias.
Es otro ejemplo más de la incapacidad que tiene la administración federal de tener propuestas de vanguardia a través de consensos multisectoriales, además de una completa inexistencia y desinterés por seguir una agenda en temas medioambientales.
Vemos formas muy limitadas de hacer política, como lo ocurrido con la decisión del Cenace, respaldado por Manuel Bartlett, que impedía que nuevas empresas de energía renovable se conectaran a la red nacional, citando la emergencia nacional por la pandemia del coronavirus como justificación y bajo el argumentando de la naturaleza intermitente de la energía eólica y solar no es consistente para garantizar un suministro constante del servicio.
Por supuesto, esta decisión provocó una oleada de quejas dirigidas a la Secretaría de Energía por parte de la Unión Europea y Canadá, cuyos gobiernos están molestos porque sus compañías habían sido excluidas ilegalmente sólo porque a unos cuantos no les parece la idea.
En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó la decisión de suspender de manera temporal este decreto que limitaba la entrada de energías limpias al mercado eléctrico nacional por la violación directa a los acuerdos nacionales e internacionales adquiridos para la llegada de dichas empresas.
Lo interesante es que esto, llega como parte de la controversia institucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), uno de los órganos que la cuarta transformación busca desintegrar y ahora la suspensión se mantendrá hasta que esta instancia se pronuncie sobre dicha controversia, a lo que el presidente dijo que él podría esperar el resultado y respetarlo.
Desafortunadamente, este es un ejemplo más de la confrontación permanente de la administración actual con la iniciativa privada, a pesar de violar contratos y acuerdos internacionales. Sin embargo, si este tema llega a instancias internacionales y éstas consideran que las acciones que se están tomando equivalen a una expropiación estaríamos ante la posibilidad de recibir sanciones que dejan aún en peores condiciones la ya de por sí maltrecha imagen de México en el exterior.
Todo esto forma parte, de la incapacidad de gobierno de no admitir ideas donde no hay análisis ni debate al respecto, toda la toma de decisiones en unidireccional. Este tipo de ideas retrógradas nos siguen negando la posibilidad de generar infraestructura, desarrollo y un verdadero bienestar a lo mexicanos, no podemos seguir atados a formas centralizadas de hacer política ni mucho coartar el crecimiento real del país.