Esta semana la Fiscalía General de la República informó la apertura de carpetas de investigación en contra de Samuel García y Adrián de la Garza, candidatos a la gubernatura de Nuevo León. A de la Garza se le investiga por una supuesta violación del uso de programas sociales con fines electorales, después de la denuncia hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que al candidato de Movimiento Ciudadano se le atribuye la recepción de aportaciones que pudieran provenir de origen ilícito para so electoral.
Lo anterior ocurre en plena contienda electoral y en detrimento de los candidatos de oposición de Morena en el estado, bajo la supervisión y designio desde Palacio Nacional. Se trata del uso de las instituciones de justicia del país con fines electorales como un intento claro de intervenir en la elección neolonesa.
Desafortunadamente el uso faccioso de dichas instituciones no se trata de un fenómeno nuevo cuando existe un proceso electoral en puerta, sin embargo, el hecho de que determinados delitos electorales ya sean considerados como graves, que involucran la prisión preventiva, da a la investigación una connotación filosófica a modo a la cuarta transformación y a la lucha contra la corrupción como un método de control político y no como un verdadero beneficio social.
Con lo anterior no pretendo justificar a quienes violan la ley, sino señalar que dicha ley y las instituciones que la ejercen actúan de forma selectiva y con la celeridad que representa un mandato presidencial en su forma más autoritaria, a pesar de que las propias instituciones se ven rebasadas por las circunstancias.
Es importante señalar que esta persecución electoral es parte de un problema de fondo, que va desde la incertidumbre legislativa que existe en los asuntos electorales, en donde el grupo en el poder modifica las reglas del juego en cada administración.
Con ello en mente, vale la pena considerar que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, si bien tiene la obligación de investigar actos que puedan tipificarse como tal, no tiene la capacidad operativa ni el tiempo de armar carpetas de investigación que verdaderamente pongan en jaque a uno u otro candidato.
El anunció de la Fiscalía pues, tiene la intención de atacar políticamente a los candidatos, tal como se le atacó en su momento al hoy presidente López Obrador en su proceso de desafuero. La diferencia es que hoy estando al frente no los califica como ataques rapaces de la mafia del poder, sino que van “catalogados” como actos de reivindicación social.
Se trata también de un asunto mediático auspiciado desde la “conferencia” mañanera, en donde se evitan las acusaciones en contra de los candidatos de Morena, incluida en este caso la aspirante a la gubernatura de Nuevo León, con lo que estas pesquisas van con el sello presidencial y su completa disposición de las instituciones del Estado.
Al final del día, pareciera que lo menos importante en todo esto es la voluntad del electorado. Las propuestas, el diálogo, la convergencia de ideas e incluso el debate quedan relegados ante campañas patéticas y ramplonas de personajes impresentables.
