FGR sacude a la clase política: cita a Rocha Moya y a implicados señalados por EU por presuntos nexos con el crimen
- La Noticia al Punto
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La Fiscalía General de la República (FGR) informó este sábado que ya fueron citadas a comparecer las personas señaladas por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellas el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, la dependencia federal detalló que las 10 personas mencionadas en la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York deberán rendir entrevista ante el Ministerio Público de la Federación, como parte de las investigaciones abiertas por los señalamientos realizados por el gobierno estadounidense.
La FGR explicó que las comparecencias buscan avanzar “con seriedad y exhaustividad” en las diligencias relacionadas con el caso, que ha generado tensión política y diplomática entre México y Estados Unidos.
El caso tomó mayor relevancia luego de que trascendiera que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, también fue citada por la FGR en calidad de testigo, derivado del operativo contra un narcolaboratorio donde presuntamente participaron agentes estadounidenses.
Este sábado, agentes de la Fiscalía acudieron al Patio Central de Gobierno del Estado para entregar personalmente el citatorio a la mandataria estatal, quien deberá presentarse el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas ante autoridades federales.
“Está dirigido a una servidora, aquí estoy dando la cara, recibiéndolo, una feliz casualidad”, expresó Campos al momento de recibir el documento oficial.
La gobernadora acusó además a Morena de utilizar las instituciones federales con fines de persecución política y cuestionó por qué no se ha actuado de la misma manera contra otros mandatarios señalados públicamente.
La citación contra Rocha Moya ocurre después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara presuntamente por delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
La polémica creció tras la entrega voluntaria a autoridades estadounidenses de Gerardo Mérida Sánchez, responsable de seguridad en Sinaloa, hecho que desató versiones sobre posibles acuerdos de cooperación con la justicia norteamericana.
Pese a ello, el Gobierno de México sostuvo que no existe, por ahora, una intención de extraditar a las personas señaladas, al argumentar que Estados Unidos no ha presentado pruebas suficientes que justifiquen una detención urgente.
Por Omar Carmona