El gobierno de Estados Unidos está evaluando tomar medidas decisivas que podrían resultar en la exclusión de los vehículos eléctricos (EV) chinos de su mercado, argumentando preocupaciones sobre competencia desleal y riesgos relacionados con la seguridad nacional.
Un análisis detallado realizado por David A. Gantz, especialista en comercio internacional e inversiones del Baker Institute for Public Policy, señala que tanto la administración de Joe Biden como el Congreso están considerando una variedad de mecanismos legales para evitar lo que algunos califican como un "evento de nivel de extinción" para la industria automotriz estadounidense.
El principal foco de preocupación se centra en BYD, el gigante chino de los EVs, que tiene planes de construir una planta de ensamblaje en México con una capacidad inicial de producción de 150 mil vehículos al año. Aunque BYD asegura que su producción en México está destinada solo al mercado local y a países con tratados de libre comercio, analistas advierten que su verdadero objetivo podría ser el mercado estadounidense, que vendió más de 15.5 millones de vehículos en 2023.
La preocupación radica en que los vehículos chinos de bajo costo y las autopartes provenientes de México podrían amenazar la viabilidad de las empresas automotrices en Estados Unidos, según advierten expertos.
Además de las preocupaciones económicas, también se plantean riesgos para la seguridad nacional, ya que los EVs chinos altamente conectados podrían recopilar y transmitir datos sensibles sobre infraestructura y actividades en Estados Unidos.
Para abordar estas amenazas, Estados Unidos está considerando diversas medidas legales y comerciales, como iniciar casos antidumping y antisubvenciones, así como investigaciones de "salvaguardias" para restringir importaciones que podrían dañar la industria nacional.
Sin embargo, la vía más rápida podría ser invocar la seguridad nacional, lo que permitiría al presidente Joe Biden prohibir la importación de vehículos chinos "conectados" mediante una orden ejecutiva existente. Esta medida, aunque controvertida, recibiría respaldo mayoritario en el Congreso y sería difícil de impugnar legalmente, según Gantz.
Industria y sindicatos han exigido al gobierno bloquear estas importaciones para evitar una posible catástrofe para el sector automotriz estadounidense. La situación sigue en desarrollo mientras se evalúan las posibles acciones a tomar por parte del gobierno estadounidense.
Por Salvador Sánchez