Escándalo judicial: FGR denuncia a jueza por presunta protección al exgobernador Silvano Aureoles
- La Noticia al Punto
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La Fiscalía General de la República (FGR) ha encendido las alarmas en el sistema judicial al anunciar que presentará una denuncia penal contra Jovita Vargas Alarcón, Jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. La razón: no haber informado oportunamente sobre la inasistencia del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, a una comparecencia judicial clave el pasado 9 de mayo.
Según un comunicado oficial emitido por la propia FGR, la jueza tenía la responsabilidad directa de verificar la presencia del imputado en la audiencia programada y de notificar su ausencia en tiempo real. Sin embargo, la magistrada informó del hecho cuatro días después, justificando su decisión con el argumento de que había “dejado por comparecido” a Silvano “A”, tras recibir un escrito supuestamente enviado por el exmandatario.
La Fiscalía calificó esta actuación como una “escandalosa protección” hacia Aureoles, y destacó que se trataba de una comparecencia personal obligatoria, determinada previamente en el proceso penal que enfrenta el exgobernador.
“El imputado no se presentó en el Juzgado, pese a que la jueza había ordenado su comparecencia personal para el 9 de mayo”, señaló la institución en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial, donde se evidenció su inconformidad con la actuación de Vargas Alarcón.
Hasta el momento, ni la jueza ni el equipo legal de Silvano Aureoles han emitido declaraciones públicas al respecto. No obstante, la FGR ha reiterado que procederá legalmente contra la funcionaria judicial, pues considera que su omisión afectó de manera directa la integridad del proceso penal.
El caso añade un nuevo capítulo a las tensiones entre el poder judicial y las autoridades federales, y pone en entredicho la imparcialidad en los procesos donde figuras políticas de alto perfil están involucradas.
La atención ahora se centra en los próximos pasos legales de la Fiscalía y en si este caso podría derivar en sanciones más amplias dentro del sistema judicial.
Por Salvador Sánchez.
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