Esta semana el INEGI dio a conocer los resultados de su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana para el segundo trimestre de 2022. En términos generales, 67.4% de la población adulta en 75 ciudades del país considera que es peligroso vivir en su entorno. Esta cifra representa un aumento en relación con lo presentado en marzo (66.2%) y respecto a lo registrado en el mismo periodo del año pasado (66.6%).
Resulta oportuno revisar estos datos los cuales, si bien no se nutren con información estadística recabada por las procuradurías de justicia y fiscalías generales estatales, sí nos permite interpretar el sentir de una sociedad que desafortunadamente ha tenido que normalizar la violencia y el delito incluso dentro del núcleo familiar.
Vale la pena destacar que este índice de percepción de inseguridad ha ido reduciéndose paulatinamente los últimos años, si consideramos que el 74.9% de adultos que definían como riesgoso su entorno en 2018 con el 67.4% de este último trimestre. Esta tendencia se debe en parte a la reducción de delitos “comunes” a los que la gran parte de la población está expuesta y los que más modifican la percepción de la gente, como lo son el robo a transeúnte, robo de vehículo o de casa habitación.
Otro dato interesante que suma al análisis es el de la aprobación a las fuerzas públicas en el país. La marina y el ejército cuentan con más del 80% de aprobación ciudadana, la Guardia Nacional cuenta con alrededor del 70%, mientras que las policías estatales promedian un 50% y las municipales un 42%. En ese sentido, llama la atención que la aprobación de las fuerzas estatales y municipales no sea tan baja, a pesar de que no se ha demostrado un interés a nivel federal por apoyarlas, considerando que se redujeron recursos destinados a fortalecer y profesionalizar a dichos efectivos.
A pesar de que el gobierno federal redujera sus aportaciones, se avizora como algunos gobiernos locales y estatales han insistido en su importancia, independientemente de esas ciudades y poblados los cuales el crimen organizado imprime mayor presión, donde se solicita mayor intervención de las fuerzas castrenses.
No obstante, esta percepción ciudadana contrasta con las cifras históricas de homicidios, feminicidios, personas desaparecidas y no localizadas, además de un rebote en delitos como extorsión y secuestro. De hecho, el primer semestre de 2022 ha sido el más violento de este sexenio al registrar más de 183 mil víctimas del fuero común.
El problema es que no existe una estrategia de seguridad definida más allá de lo discursivo. Si bien es loable buscar la pacificación del país a través de medidas con carácter social, la realidad es que la urgencia la tenemos hoy y la hemos arrastrado desde hace décadas, de ahí que sea esencial que se despliegue un plan dentro del contexto específico de la realidad, no la percepción, que sea comprensible y asequible para todos los actores multisectoriales involucrados, a través de áreas de colaboración y sinergias bien definidas que desemboquen en resultados medibles que incidan en contra del subregistro.
Lo que vemos en la actualidad son acciones, no una estrategia, uno de los principales indicadores a reducir dentro de la 4t al iniciar el gobierno era reducir la violencia letal en el país, si bien en otros aspectos se ha percibido una disminución muchas veces marginal o no real al no contar con subregistros del total de delitos, terminaremos el año más violento en la historia moderna del país.
Azul Etcheverry Aranda