Entra en vigor reforma contra pensiones ‘doradas’; gobierno proyecta ahorro de 5 mil millones de pesos

Ciudad de México. La reforma constitucional para eliminar las llamadas pensiones “doradas” de exfuncionarios de empresas estatales entró oficialmente en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estableciendo un tope a las jubilaciones del sector público y abriendo la expectativa de un ahorro anual estimado en 5 mil millones de pesos.

La modificación establece que ningún servidor público pensionado podrá recibir una remuneración superior a los 134 mil pesos mensuales, equivalente a la mitad del salario que percibe en 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum. El nuevo marco legal refuerza el principio constitucional de austeridad al señalar que “ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración […] mayor a la establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal”.

Antecedentes y detonante de la reforma

El impulso a esta medida se originó tras la exposición pública de casos de exfuncionarios que percibían pensiones considerablemente elevadas. Durante una conferencia matutina, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, presentó ejemplos de jubilaciones que presuntamente alcanzaban hasta un millón de pesos mensuales.

Sin embargo, días después la propia dependencia corrigió la información, al reconocer imprecisiones en los montos divulgados. En al menos seis registros se realizaron ajustes, destacando el caso de extrabajadores de Petróleos Mexicanos, cuyas pensiones, inicialmente señaladas como superiores al millón de pesos, en realidad ascendían a 201 mil 961 pesos mensuales.

A pesar de la corrección, los datos confirmaron que varias percepciones superaban ampliamente el salario presidencial, e incluso multiplicaban hasta por 20 el ingreso promedio de los trabajadores mexicanos, lo que reforzó el argumento político para limitar estos beneficios.

Alcances y excepciones

La reforma no tendrá aplicación universal. Quedaron fuera del tope los funcionarios retirados de instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los integrantes de las Fuerzas Armadas, un punto que ha generado cuestionamientos sobre la equidad en la implementación de la medida.

Autoridades han señalado que estas excepciones responden a regímenes laborales específicos y a la naturaleza de sus funciones, aunque no se han detallado posibles revisiones futuras.

Impacto económico y destino de los recursos

De acuerdo con estimaciones del gobierno federal, la eliminación de estos privilegios permitirá un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos anuales. Según explicó la presidenta Claudia Sheinbaum en una conferencia del 18 de febrero, dichos recursos serán canalizados a programas sociales.

“Se ahorrarían alrededor de 5 mil millones de pesos y se destinarían a programas del Bienestar”, afirmó la mandataria al presentar los alcances de la reforma.

No obstante, persisten dudas sobre los tiempos en que estos recursos se reflejarán en el presupuesto público, así como su distribución específica. En particular, sectores productivos han manifestado inquietud; en días recientes, productores agrícolas realizaron protestas al señalar una presunta falta de apoyos para el campo.

Contexto y perspectivas

La entrada en vigor de esta reforma se inscribe en la política de austeridad impulsada por la actual administración, orientada a reducir privilegios en el sector público y redistribuir recursos hacia programas sociales.

Si bien el gobierno sostiene que la medida corrige desigualdades históricas en el sistema de pensiones, su implementación y resultados serán clave para evaluar su impacto real en las finanzas públicas y en la percepción de equidad entre los trabajadores del Estado.

En los próximos meses, la atención se centrará en la aplicación efectiva de los nuevos topes, la transparencia en el uso de los ahorros generados y la posible ampliación o revisión de las excepciones contempladas en la reforma. Por Omar Zarate. Compartir en WhatsApp

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