Emula nuevo presidente de Sapal a Alejandra y se niega a disculparse con deudos de trabajadores

José Antonio Morfín desestima resolutivo de Derechos Humanos que evidenció negligencia en accidente del 13N; en su primer día en el cargo, manifiesta rechazo a dar disculpa pública a los deudos sin determinación de la Fiscalía estatal

A pocos minutos de haber sido elegido de manera unánime como nuevo presidente del consejo directivo del Sapal, el contador Antonio Morfín Villalpando dejó en claro que el organismo no ofrecerá una disculpa a las familias víctimas del 13N. Tampoco se reconocerá la responsabilidad de la paramunicipal en las cinco muertes que pusieron en tela de juicio el abrupto cambio de mando en el Módulo de Desbaste, operado por Ecosys III hasta un bimestre antes del accidente.

“Tú pides una disculpa cuando está claro que hiciste algo mal, si no pues por qué vas a pedir una disculpa”, sostuvo Morfín Villalpando ante el cuestionamiento de los medios de comunicación. Esto, pese a que en noviembre pasado y cerca del aniversario del accidente, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), emitió un resolutivo en el que se acredita una serie de violaciones a los derechos humanos y laborales de Víctor Briseño, José Afanador, Omar Ignacio Martínez, Alberto Silva y Juan Antonio Méndez.

El también empresario desdeñó el resolutivo y las recomendaciones que derivaron de la queja que las familias, hartas de la impunidad, presentaron ante Derechos Humanos, bajo el argumento de que “el dictamen no aportó pruebas” de sus dichos.

Antonio Morfín Villalpando Foto: Melissa Esquivias

“La recomendación de Derechos Humanos es una recomendación que él (sic) da, o lo que sea, pero mi opinión es que mientras no se deslinde qué responsabilidades hubo pues esperemos. Te dicen ‘sin el equipo necesario’, ¿hay alguna prueba? Se han aportado pruebas en la fiscalía, pero acá no aportaron ninguna prueba de su dictamen que emitieron”, sostuvo.

La resistencia del flamante consejo directivo de Sapal se suma a la antes mostrada por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, quien este lunes negó rotundamente que desde su figura se ofrecerá una disculpa a las familias, aunque ésta formaba parte de los acuerdos que fueron tomados en Justicia Administrativa.

Luego de tomar protesta como presidente -a lado del ex diputado federal Alejandro Arena Barroso como secretario, y Juan Ignacio Martín Solís como tesorero-, Antonio Morfín Villalpando rechazó ante los medios de comunicación la posibilidad de destituir al director del Sapal, Enrique de Haro Maldonado, para dar cumplimiento a otro de los acuerdos tomados con las familias del 13N. El contador argumentó que la responsabilidad en el accidente químico podría recaer en “un nivel mucho menor, si es que la hubo”.

Alejandro Arena Barroso, Antonio Morfín Villalpando y Juan Ignacio Solís Foto: Melissa Esquivias

Acerca de las condiciones del Módulo de Desbaste donde ocurrió el accidente, donde las familias de las víctimas han mostrado evidencia reciente del deterioro de las instalaciones, Antonio Morfín garantizó que “no hay riesgo” de laborar ahí, pues existe equipo necesario para la operación de la maquinaria. Sin embargo, aceptó la necesidad de reemplazarlos con “más modernos'', por lo que desde el consejo anterior se abrió el proceso de licitación.

Defiende composición del consejo

Tras la toma de protesta del consejo, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dio el espaldarazo al nuevo presidente del Sapal y evadió los cuestionamientos de este medio respecto a la modificación exprés de los reglamentos que favorecieron la reincorporación de Antonio Morfín por un tercer trienio. En respuesta, la primera edil sostuvo que “todos los reglamentos necesitan modificaciones”.

Gutiérrez Campos defendió la integración del nuevo consejo, que será liderado por tres contadores públicos y aseguró que se ha optado por la “pluralidad” con personas provenientes de asociaciones civiles sin fines de lucro, mismas que fueron invitadas por la propia alcaldesa, aunque no consideradas en la terna final. Así fue el caso de “Acción Colectiva y Socioambiental” y “Fundación de Rescate Arbóreo AC” (FURA).

Juan Ignacio Solís, Antonio Morfín Villalpando y Alejandra Gutiérrez tras la toma de protesta Foto: Especial

Respecto a la inclusión ciudadana y democratización de los consejos municipales, la alcaldesa replicó que en su administración se han abierto canales de comunicación y opinión “para que la gente participe”.

“Todo el mundo quiere una mesa en esos consejos y todos los ciudadanos quieren un lugar, entre más lugares haya en esos consejos va a ser más difícil avanzar (...) Sería un cuello de botella para poder estar actuando y el que lo va a resentir va a ser el ciudadano”, advirtió.

También el consejero presidente defendió su designación, al asegurar que fueron empresarios y funcionarios públicos quienes se acercaron y lo invitaron a participar en ambos consejos por su experiencia. De los cuestionamientos en torno a su tercer periodo en el Sapal, dijo “no me afectan”.

“He adquirido una experiencia que no se tiene que quedar en mí si puedo darla a mi ciudad (...) Ando en los (consejos) que puedo, en los que tengo capacidad y en los que doy resultados, no ando en todos”.

Sapal acumula denuncias

Mientras se llevaba a cabo la toma de protesta del nuevo consejo del Sapal, un grupo de ex trabajadores de la paramunicipal hicieron pública una denuncia contra el Sindicato de Trabajadores de Servicios de Aguas e Industrias Conexas de León, Guanajuato. Todo, con el supuesto aval del organismo operador de agua, que a sus espaldas, maquinó auditorías a través de despachos privados para sustentar el desvío de 24 millones de pesos de las arcas del sindicato.

En una rueda de prensa, el asesor legal de los cinco ex empleados solicitó la intervención de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos en el litigio que tuvo origen en 2018 -con la llegada al sindicato de Higinio Olvera-, y que actualmente transita en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Foto: Vania Jaramillo

José Humberto García, quien fue secretario general del sindicato entre 2014 y 2018, explicó que el supuesto desvío les fue fabricado por “revanchismo” tras la elección de 2018 que llevó a Higinio Olvera al poder. La participación de los directivos de la paramunicipal, según los testimonios de los denunciantes, ocurrió en agosto de 2020 cuando las plazas de los afectados fueron “desaparecidas” de manera injustificada, violando así los estatutos del sindicato y sus derechos laborales y sindicales.

“Los actuales líderes sindicales realizaron supuestas auditorías y revisiones buscando atribuirles actos de abuso de confianza y manejo indebido de recursos, lo que derivó en su expulsión”, expuso el abogado Israel Jiménez Medina.

Debido a que el supuesto desvío de recursos no ha sido comprobado por ninguna vía, los ex trabajadores afectados demandan al sindicato del Sapal dejar sin efecto las sanciones que provocaron su baja, el reconocimiento de sus derechos laborales, así como el pago aproximado a 500 mil pesos que por más de 30 años de antigüedad y despido injustificado corresponde a cada uno.

Fuente informativa: POPLab

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