Esta semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la decisión del INE, respecto al retiro de las candidaturas de Raúl Morón a la gubernatura de Michoacán y de Félix Salgado a la de Guerrero. De igual modo, se aprobó la aplicación de nuevas reglas del INE relacionadas a la asignación de escaños en el Congreso para evitar que se sobrepase el 8% de sobrerrepresentación partidista, contemplada en la Constitución.
Se trata de un hecho trascendental que devuelve credibilidad al INE como el “árbitro” de la contienda electoral. Si bien las reacciones negativas en Morena no se hicieron esperar, la realidad es que estas decisiones son benéficas para todos los actores electorales.
En principio, le pone un freno a candidaturas que no sólo no cumplieron con los requisitos pactados, sino que sus repercusiones morales y potencialmente jurídicas son aspectos que no pueden pasar desapercibidas, como se pretendía, cuando se busca llevar un cargo público independientemente de que se trate de uno de relevancia como una gubernatura estatal.
Es en ese mismo tenor que Morena debe finalmente ser congruente con su mensaje anticorrupción, que no ha conseguido honrar, mediante la legitimidad de un proceso democrático que lo pone arriba en las encuestas en buena parte de las candidaturas en juego.
En fechas recientes, conforme se acercan las elecciones intermedias, vemos como el asedio del grupo en el poder hacia las instituciones descentralizadas ha incrementado, en particular al INE. Es por ello que estas decisiones del Tribunal se interpretan como una respuesta seria a estas constantes desacreditaciones a las que están permanentemente expuestas. Ejemplo claro, la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, que hoy es el espacio proselitista por excelencia de Morena con cargo directo al erario.
Si bien considero un acierto que el presidente acate las decisiones del Tribunal, el mensaje contradictorio con el que pone en duda la protección de la democracia nacional sí es alarmante. Para el jefe del ejecutivo sí le parece una buena idea la concentración del poder y atenta contra todos los contrapesos que pretendan defender las victorias sociales institucionalizadas, aquellas que pretenden evitar la reiteración de una historia de abusos y excesos políticos.
Por otra parte, quedan expuestas nuevamente las deficiencias de Morena, que no cuenta con un equipo lo suficientemente organizado ni eficaz para poder siquiera cumplir con los requisitos administrativos mínimos y que el desorden y la improvisación son sus mayores características.
Están ante la exigencia pública de postular candidatos capaces, preparados y comprometidos con el interés último del servicio público, no obstante parece que esto sigue sin ser prioridad. Morena sigue recurriendo a las asignaciones por dedazo disfrazadas de “encuestas” en lugar de fomentar congresos o foros organizados para nombrar a sus sustitutos. Incluso, se maneja la posibilidad de nombrar a los hijos de los excandidatos para suplirlos. Hablamos de la nula institucionalidad, poca fortaleza y respeto por los órganos y procesos internos.
Lo mismo ocurre desde su dirigencia, que no ha podido asimilar el hecho de que son la máxima fuerzo política en el país y siguen con la mentalidad de una eterna oposición en combate y no como una alternativa abierta al diálogo y a los consensos en beneficio de todos.
Considero que estas resoluciones del Tribunal son buenas en el sentido que, posibilitan un piso parejo para la contienda, ayudan a dar legitimidad a lo expresado en las urnas y con ello se nutre la gobernabilidad de un país que atraviesa momentos coyunturales históricos en muchos sentidos.