En días recientes la mayoría de los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, votaron la destitución de su presidente, José Luis Vargas, dejando en su lugar a Reyes Rodríguez. En ese sentido, el magistrado Vargas Valdez anunció que lo acordado en la sesión en la que se realizó la votación tiene un efecto nulo y que presentará una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el argumento de que la ley no considera la revocación de mandato.
Lo ocurrido en el Tribunal es el resultado de una crisis política que se ha acrecentado a lo largo de los años en su interior, en parte por la intromisión gubernamental tolerada e incluso promovida por Vargas Valdez, además de una serie de irregularidades en las acciones que tomó con relación a las funciones y decisiones polémicas que el resto de sus miembros han cuestionado insistentemente.
En ese sentido, vale la pena recordar que un juez de control ordenó recientemente la apertura de una investigación en contra de Vargas Valdez por enriquecimiento ilícito, además de los señalamientos de cercanía política del magistrado con el movimiento de la 4T y el poder ejecutivo nacional.
Ante esta situación, los magistrados conscientes de estas circunstancias se han ido distanciando de su presidente y han ido estableciendo decisiones independientes como el retiro del registro del entonces candidato Félix Salgado a la gubernatura de Guerrero, así como los señalamientos ante su incapacidad de liderazgo, de generar consensos e incluso faltas de respeto a los miembros.
Teniendo esto en consideración y más allá de que esté en pugna la presidencia de este tribunal, la realidad es que esta disputa ocurre en un escenario en el que existen miles de impugnaciones relacionadas a los comicios de junio pasado, entre las que destacan la del PVEM por la multa impuesta por el INE tras su criticada campaña publicitaria, entre otras irregularidades en las elecciones de algunos gobiernos estatales.
Más allá de los vínculos o preferencias políticas que los magistrados pudieran llegar a tener, es imprescindible que se mantenga la autonomía del tribunal y se enmienden los vacíos jurídicos que propiciaron lo acontecido esta semana y se distinga determinantemente cuales son los alcances y limitaciones a los que deben atenerse sus miembros.
No se trata de un tema menor, lo ocurrido en el Tribunal Electoral revela una descomposición política en su interior que debe ser revisada. No es posible que la máxima instancia de impartición de justicia electoral se vea envuelta en una controversia política, dejando de lado el fortalecimiento y protección de los ejercicios democráticos del país.
Se trata de una institución, junto con el INE, que nacieron de un esfuerzo social de solventar la imperiosa necesidad de dar certeza a la voluntad política de la gente, el hecho de que atraviese el Tribunal una crisis como la actual no fundamenta que las fuerzas políticas en el poder pretendan modificarlas e incluso desaparecerlas a voluntad. Sin duda es necesario corregir y solventar con apego constitucional las necesidades de estas instituciones siempre perfectibles para priorizar los designios sociales.
