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Claudia Sheinbaum propone Ley General contra la Extorsión: busca unificar penas y permitir denuncias anónimas en todo el país

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    La Noticia al Punto
  • hace 1 día
  • 3 Min. de lectura

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el objetivo de unificar la forma en que se persigue este delito en todo el país y fortalecer las herramientas legales de las autoridades para combatirlo.


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La Cámara de Diputados recibió la propuesta con proyecto de decreto la noche del lunes 20 de octubre, y fue publicada en la Gaceta Parlamentaria. El documento también plantea armonizar diversas normas, como el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.


Unificación y denuncia anónima

La iniciativa busca que el delito de extorsión sea perseguido de oficio en todos los estados del país, sin necesidad de una denuncia previa, y permitirá que las víctimas puedan denunciar de manera anónima a través del número 089. Con solo describir la forma en que ocurre el delito, el Ministerio Público deberá iniciar una carpeta de investigación.


En un comunicado, la Cámara de Diputados señaló que el propósito de la reforma es “otorgar herramientas jurídicas suficientes” a las autoridades municipales, estatales y federales para prevenir la extorsión y brindar protección y asistencia a víctimas, testigos y ofendidos.


Penas más severas y sin beneficios preliberacionales

La propuesta establece penas de 6 a 15 años de prisión y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la UMA para quien, sin derecho, obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o causando daño patrimonial, moral, físico o psicológico.


Asimismo, prevé agravantes como el cobro de piso, cuando las víctimas sean menores de edad, migrantes o servidores públicos. En materia penal, el proyecto contempla un régimen estricto que impida beneficios preliberacionales o la conmutación de penas para los sentenciados por este delito, salvo en casos de colaboración eficaz con la justicia.


Hacia una ley general unificada

Esta propuesta complementa la reforma constitucional enviada por Sheinbaum el pasado 10 de julio, que busca modificar el artículo 73 de la Constitución mexicana para facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de extorsión.


Actualmente, el delito se castiga de manera diferente en cada estado, lo que —según el Ejecutivo— ha dificultado su persecución y fomentado la impunidad. La nueva ley establecería penas y protocolos homologados, abarcando modalidades como la extorsión telefónica, digital, presencial o mediante amenazas.


Un delito en crecimiento

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al cierre de 2024 se registraron 10 mil 804 víctimas de extorsión en el país.

Días antes, el 6 de julio, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, señalando que los estados con mayor incidencia son Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, que concentran el 66 % de los casos a nivel nacional.


Con esta nueva ley, el gobierno federal busca cerrar el paso a la impunidad y fortalecer la coordinación nacional para enfrentar uno de los delitos que más ha crecido en los últimos años en México.

Por Diana Ochoa


 
 
 

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