La seguridad en Guanajuato se ha convertido en un tema recurrente, casi ineludible, en la narrativa política y social del estado. Las estadísticas de violencia no solo son cifras; son vidas, historias truncadas y un recordatorio constante de la incapacidad de las autoridades para contener el desbordamiento de la criminalidad. En este contexto, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ha presentado CONFIA (Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen), una estrategia que promete ser el bálsamo para las heridas de un estado fracturado. Sin embargo, el reciente asesinato del empresario vitivinícola Ricardo Vega Cámara ha dejado claro que, mientras las palabras buscan construir confianza, las balas siguen dictando la realidad. De la estrategia al escepticismo CONFIA, con sus diez pilares fundamentales, se presenta como una respuesta integral al caos que ha dominado a Guanajuato durante los últimos años. Entre sus iniciativas, destacan la regionalización de esfuerzos, la creación de un Escuadrón Anti-Extorsión y una Subsecretaría de Inteligencia Operacional. En papel, estas propuestas parecen marcar un rumbo claro hacia la recuperación de la seguridad. Pero el papel aguanta todo, y en Guanajuato, la desconfianza ciudadana hacia las instituciones ha sido alimentada por años de promesas incumplidas y estrategias fallidas. El asesinato de Ricardo Vega Cámara, ocurrido a plena luz del día en la carretera Celaya-Querétaro, es un golpe simbólico que atraviesa cualquier discurso. Vega Cámara no era solo un empresario; era un pionero que colocó a Guanajuato en el mapa del vino mexicano con su viñedo Cuna de Tierra. Su legado trasciende lo económico; representaba un ejemplo de cómo el estado podía ofrecer algo más que violencia y titulares trágicos. Su muerte no solo es una pérdida para el sector vitivinícola, sino un recordatorio doloroso de que ni siquiera quienes representan el progreso están a salvo. Un luto que revela un vacío La indignación por el asesinato de Vega Cámara se ha hecho sentir en diversos sectores. Desde el Consejo Mexicano Vitivinícola hasta el alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, las voces de condena han resonado con fuerza. “En Guanajuato REINA la inseguridad”, escribió Trejo en redes sociales, una frase que encapsula la frustración colectiva. Las carreteras, que deberían ser símbolo de conectividad y desarrollo, se han convertido en zonas de alto riesgo. La pregunta es inevitable: ¿cómo atraer inversiones, turistas y desarrollo a un estado donde incluso los líderes empresariales son asesinados en pleno día? El legado de Vega Cámara es un llamado a repensar las prioridades, pero también un recordatorio de que los discursos sobre progreso son huecos si no están respaldados por acciones contundentes para garantizar la seguridad. La sombra de las instituciones En este escenario, el gobierno estatal enfrenta un desafío monumental: restaurar la confianza en las instituciones. Sin embargo, los tropiezos no ayudan. La reciente designación de Juan Mauro González Martínez como Secretario de Seguridad y Paz ha generado dudas más que certezas. Con una trayectoria que incluye su paso por la extinta Policía Federal y la División Antidrogas, González llega con un currículum que algunos consideran sólido, pero otros ven con recelo debido a su relación con figuras polémicas como Genaro García Luna. El caso de Christian Eduardo Morales Palomino, un exdirector policial captado en video amenazando a civiles, es otro recordatorio de los problemas sistémicos dentro de las corporaciones de seguridad. La falta de controles internos y el abuso de poder no solo minan la credibilidad de las instituciones, sino que perpetúan un ciclo de impunidad que resulta imposible de romper. Siglas y balas: la lucha desigual CONFIA, como estrategia, tiene méritos en su diseño. La creación de un Centro Estatal de Inteligencia y la implementación de nuevas unidades operativas son pasos que apuntan hacia un enfoque más técnico y menos reactivo. Pero el verdadero desafío no está en el diseño, sino en la ejecución. El asesinato de Vega Cámara no es un hecho aislado. En las últimas semanas, Guanajuato ha sido escenario de hallazgos de restos humanos en Salvatierra y del asesinato de seis policías en Uriangato y Jerécuaro. La violencia es constante, adaptativa, y parece siempre ir un paso adelante de las estrategias gubernamentales. Para que CONFIA tenga éxito, será necesario algo más que acrónimos sofisticados y discursos inspiradores. Será fundamental un cambio profundo en la forma en que las autoridades enfrentan la inseguridad, desde el fortalecimiento de las instituciones hasta la implementación de políticas públicas que prioricen a los ciudadanos por encima de los intereses políticos. La seguridad, más allá del papel La muerte de Ricardo Vega Cámara simboliza mucho más que la tragedia personal de una familia o la pérdida de un líder empresarial. Es un recordatorio de que Guanajuato sigue atrapado en un ciclo de violencia que no distingue entre apellidos ni sectores. La confianza que el gobierno busca construir con estrategias como CONFIA no se decreta; se gana con resultados. En Guanajuato, las siglas y los discursos no han sido suficientes para detener las balas. La paz, ese ideal tan esquivo, no se alcanzará mientras las instituciones no sean capaces de proteger a quienes representan el futuro del estado. La pregunta que queda en el aire es si las autoridades estarán a la altura del desafío o si, como tantas veces antes, las promesas quedarán sepultadas bajo los ecos de la violencia. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo, y con cada minuto que pasa, la esperanza de un Guanajuato en paz parece más un sueño lejano que una realidad tangible. ¿Desventaja o estrategia? El dilema armado de Guanajuato La reciente declaración de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, deja al descubierto una de las tensiones más graves en la lucha contra el crimen organizado: las fuerzas de seguridad estatal enfrentan una batalla desigual. Sin armas de alto calibre, ¿cómo competir con delincuentes que tienen acceso a arsenal militar? La pregunta no es trivial, pero su respuesta no es tan simple como cargar más balas al cargador. La gobernadora tiene razón en señalar que sus policías están en desventaja. Lo ocurrido en Uriangato, donde cuatro elementos perdieron la vida en una emboscada, es un recordatorio brutal de esta disparidad. Sin embargo, la petición de reformar la ley para armar a las corporaciones estatales con equipo de mayor poder plantea un dilema mayor: ¿es la solución equipar mejor a las fuerzas del orden o replantear desde la raíz la estrategia de seguridad? No se trata de ignorar la realidad. Nadie duda de la valentía de los policías que enfrentan al crimen con recursos limitados, pero tampoco podemos olvidar que las armas son solo una herramienta. En un país donde la corrupción, la impunidad y la falta de coordinación entre niveles de gobierno son el pan de cada día, dotar a los policías de rifles automáticos no garantiza un cambio de fondo. Por otro lado, está la urgencia. Los ciudadanos no pueden esperar a que se resuelvan problemas estructurales mientras la violencia sigue cobrando vidas. Aquí radica el verdadero reto: encontrar un equilibrio entre una respuesta inmediata que garantice seguridad y una estrategia a largo plazo que ataque las causas del problema. García Muñoz Ledo ha puesto sobre la mesa una discusión que otros estados también enfrentan, y que será analizada en el Consejo Nacional de Seguridad. Pero esta reflexión no debe quedarse en los calibres de las armas, sino en los alcances de la estrategia. ¿Queremos policías mejor armados o un sistema de seguridad más eficaz? Porque una cosa no siempre garantiza la otra. En Guanajuato, el duelo por los caídos en Uriangato no debe convertirse en un simple argumento para sumar armas a la ecuación. Más bien, debería ser un llamado para repensar cómo se libra esta guerra. Porque si la solución fuera tan sencilla como equiparar el poder de fuego, ya habríamos ganado. Y claramente, ese no es el caso.